A más de un año del cierre, el Aquarium de Mar del Plata sigue con 66 animales dentro del predio y sin un destino definido. En ese escenario, la quiebra de Plunimar S.A., la sociedad que operaba el parque, sumó en los últimos días un giro: ante las dificultades para concretar ventas en el exterior, la empresa comenzó a evaluar la donación de parte de la fauna, una alternativa que aparece por primera vez en el expediente como salida posible.
El dato surge del cruce de documentos incorporados a la causa en las últimas semanas. Por un lado, una nota presentada por la propia empresa el 23 de marzo, donde reconoce que “se están llevando a cabo gestiones tendientes a la relocalización en carácter de donación” hacia instituciones como la Fundación Bubalcó, el Bioparque Batán y la Fundación Temaikén. Por otro, un informe técnico del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense fechado el 30 de marzo, que retoma esa información y la incorpora como parte de las alternativas en análisis dentro del proceso judicial.
Al mismo tiempo, el documento de Plunimar deja en claro que la lógica original no fue abandonada del todo. Allí se afirma que “la venta internacional de algunos de los pingüinos no ha sido descartada totalmente”, aunque admite que está condicionada por “los requisitos sanitarios necesarios para la exportación, condicionada por el brote de gripe aviar en Argentina que limita el ingreso de los ejemplares en algunos países”, que en la práctica viene bloqueando operaciones en distintos mercados.
Una salida de emergencia tras el cierre
El origen del conflicto explica ese giro. Plunimar, la firma vinculada al grupo internacional Dolphin que operaba el Aquarium, pidió su propia quiebra como medida urgente, luego de quedar sin ingresos tras el cierre del parque en marzo de 2025 y sin poder cumplir con una obligación clave: entregar el predio vacío y sin animales.
El plazo para la restitución vencía el 31 de marzo de 2026, pero la empresa llegó a esa instancia sin haber logrado reubicar a la fauna. En ese contexto, con los animales aún en el lugar y sin recursos para sostener la operación, optó por presentarse en quiebra.
Ese movimiento también dejó al descubierto la estrategia previa. Durante meses, la empresa intentó convertir a los animales en activos vendibles para generar liquidez. De hecho, antes de la quiebra llegó a concretar la venta de diez delfines a Egipto por u$s800.000, en una operación que recién se conoció en detalle dentro del expediente.
Sin embargo, el resto de las negociaciones no prosperó. Según consta en la causa, hubo ofertas por u$s750.000 desde México, u$s950.000 desde China y una propuesta de u$s250.000 desde el zoológico de San Pablo, además de contactos con mercados como Filipinas, Rusia y Europa del Este. Ninguna de esas operaciones se concretó, en un contexto atravesado por trabas regulatorias, demoras y falta de financiamiento.
Animales en buen estado, pero sin destino
Mientras tanto, los animales siguen en el predio. Según los informes incorporados a la causa, se trata de 62 pingüinos de distintas especies (magallánicos, rey y saltarrocas) y cuatro lobos marinos de dos pelos, identificados como Ciro, Joaco, Nazareno y Mía.
Sobre su estado, el informe oficial de la Provincia aporta un dato que baja el nivel de urgencia sanitaria pero no resuelve el problema de fondo. Allí se indica que los ejemplares “se encuentran en adecuadas condiciones médico-veterinarias y bajo parámetros compatibles con estándares de bienestar animal”. En la misma línea, tras una inspección realizada el 13 de marzo, se constató que los lobos marinos estaban “atentos, activos, con buen estado corporal” y que “no se verificaron situaciones que ameriten la adopción de medidas urgentes”.
Sin embargo, el mismo documento también fija un límite claro: el Estado no se hace cargo de la situación. “La custodia, guarda material, alimentación, mantenimiento y atención de los ejemplares continúan siendo responsabilidad del titular del establecimiento y/o de quien ejerza su administración en el marco del proceso de quiebra”, señala.
Ese punto es clave porque mantiene intacta la presión económica dentro del expediente. Desde que el parque cerró, la empresa se quedó sin ingresos pero siguió afrontando los costos diarios de mantenimiento de la fauna, con una estructura mínima de trabajadores. La quiebra no resolvió ese problema: solo cambió quién toma las decisiones.
Un predio en disputa y presión para desalojar
A eso se suma otro conflicto: el predio debía ser devuelto completamente desocupado, pero el plazo ya venció y la restitución no se concretó, lo que agrega presión sobre los tiempos del proceso. Las tierras, unas nueve hectáreas frente al mar, pertenecen a la familia Peralta Ramos, histórica propietaria del lugar, y hoy están en el centro de negociaciones para su desarrollo.
Tras el cierre del Aquarium, el terreno quedó en la mira de grandes jugadores inmobiliarios. Según trascendió una empresa desarrolladora analiza un proyecto con torres de alta gama y un centro comercial, e incluso habría acercado una oferta cercana a los u$s20 millones. En paralelo, un reconocido empresario del sector supermercadista también avanzó con gestiones para evaluar un emprendimiento propio.
Ese interés refuerza la presión sobre la desocupación: mientras se define el futuro del predio, la quiebra sigue sin resolver un punto básico como lo es reubicar a los animales, que hoy condiciona cualquier avance sobre esas tierras.
Por lo pronto, la venta internacional sigue condicionada, la donación empieza a tomar forma pero depende de múltiples autorizaciones, y cualquier traslado deberá ser validado tanto por la Justicia como por las autoridades técnicas.
Así, la quiebra del Aquarium dejó de ser un expediente estrictamente financiero para convertirse en un caso atípico, donde los activos no pueden liquidarse como cualquier otro bien: siguen vivos, en buen estado, pero atrapados en un proceso que no logra todavía definir qué hacer con ellos.
(Ambito)
