En medio de la polémica por los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios, el Banco Nación eliminó la norma que habilitaba el acceso de cargos políticos a estos préstamos. La medida llega tras el fuerte impacto que generó la difusión de casos de dirigentes que accedieron a financiamiento para adquirir no solo una, sino hasta una tercera propiedad.
El punto en cuestión estaba incluido en la reglamentación 802, modificada en septiembre de 2024 por las autoridades de la entidad. Allí se incorporaba un párrafo que, casi sin llamar la atención, extendía el alcance de los créditos a “cargos políticos designados por resolución o electivos”, es decir, funcionarios, diputados y senadores.
Esa puerta, que en su momento pareció una simple aclaración técnica, terminó generando ruido. Sobre todo después de que trascendiera que varios integrantes del Gobierno —principalmente del área económica— habían accedido a préstamos hipotecarios por montos elevados, en muchos casos destinados a segundas o terceras viviendas, incluso en barrios cerrados.
Con el tema ya instalado en la agenda pública y amplificado en redes sociales, el Banco Nación avanzó con una nueva circular —la N° 0092/2026— que eliminó ese apartado. La decisión fue formalizada el 9 de enero por el actual presidente de la entidad, Darío Wasserman, quien introdujo cambios en la normativa y dejó sin efecto la inclusión de los cargos políticos dentro de los beneficiarios.
Según trascendió en ámbitos oficiales, la incorporación de ese beneficio había sido impulsada en su momento por los propios interesados, con la intención de evitar cuestionamientos posteriores. Sin embargo, el efecto fue el contrario: el tema derivó en un escándalo que golpeó la imagen del Gobierno y reavivó el debate sobre el acceso desigual al crédito, en un contexto donde la mayoría de los ciudadanos encuentra serias dificultades para obtener un préstamo hipotecario.
La controversia incluso obligó al presidente Javier Milei a pronunciarse públicamente. En una entrevista, defendió la legalidad de las operaciones: “Nosotros hemos definido nuestros valores morales y estos (los créditos) no tienen nada de ilegal porque los funcionarios no mataron, no violaron la libertad de expresión y no afectaron el derecho a la propiedad”, respondió bastante fastidiado en una entrevista en la TV pública.
Con información de Clarín
