El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que intervenga de manera directa en el conflicto judicial por la reforma laboral y deje sin efecto la suspensión de parte de la ley. La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro, que busca evitar que el expediente continúe su curso habitual por instancias inferiores.
El planteo apunta específicamente contra el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que el pasado 30 de marzo dispuso una medida cautelar suspendiendo la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. En ese contexto, el Gobierno solicitó que la Corte declare admisible el recurso y que se suspendan los efectos de esa resolución hasta que el máximo tribunal emita un pronunciamiento definitivo.
La acción judicial original había sido impulsada por la CGT, que cuestionó la constitucionalidad de varios puntos de la norma. Según argumentó la central obrera, los cambios introducidos afectan derechos laborales y garantías fundamentales, como la protección del trabajo, la libertad sindical y el acceso a la Justicia. El juez Raúl Horacio Ojeda hizo lugar al planteo y ordenó la suspensión con alcance general de los artículos impugnados.
En contraposición, la Procuración sostiene que la CGT no acreditó un caso concreto ni un perjuicio específico, y que su planteo se basa en argumentos “abstractos y generales”. Además, cuestiona su legitimación para representar al conjunto de los trabajadores del país y señala que el juez actuó fuera de su competencia.
El Gobierno también remarca que se trata de una causa de competencia federal, ya que el Estado Nacional es parte y los efectos del fallo se extienden a todo el territorio. En esa línea, recordó que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 ya reclamó el expediente tras aceptar un planteo de inhibitoria, lo que profundiza el conflicto de competencia entre tribunales.
Finalmente, el recurso advierte sobre una situación de “gravedad institucional”, al considerar que la suspensión de una ley nacional por parte de un tribunal inferior vulnera la división de poderes. Según el escrito, la medida genera un “perjuicio irreparable” al introducir incertidumbre sobre la vigencia de la normativa y abre la puerta a que otros jueces puedan adoptar decisiones similares, afectando la seguridad jurídica.
Con información de Infobae
