El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma electoral

Desde la Oficina del Presidente enviaron un comunicado en el que expresaron que el proyecto busca “corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar”.

“Es por esto que la reforma plantea la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), un experimento fallido que intentó impulsar la falsa dicotomía de ‘internas abiertas’, que solo en 2023 le costaron a los argentinos $45.000 millones y no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante. De acá en adelante, las primarias vuelven a ser un asunto interno de los partidos, no del Estado. Los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los políticos”, agregaron.

En tanto, sostuvieron que el proyecto eleva los “pisos de afiliación para registrar un partido y los pisos de votos para mantener la personería, con el fin de terminar con el régimen de los ‘sellos de goma’, que hacen de cada elección un negocio”.

“Además, esta reforma buscará transparentar el financiamiento de los partidos políticos. Hoy se calcula que solo el 10% del dinero que financia campañas electorales está registrado; el otro 90% es “plata negra” que muchas veces viene de actividades ilícitas. Las democracias modernas ya resolvieron esto: permiten que personas y empresas aporten de manera regulada, transparente y trazable. Este proyecto hace lo mismo y suma la opción de que los partidos que quieran renunciar completamente al aporte estatal y financiarse íntegramente con aportes voluntarios puedan hacerlo“, añade el escrito.

Y completaron: “Por último, y no menos importante, este proyecto incorpora la Ficha Limpia. Las personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos no podrán presentarse a elecciones ni ocupar cargos en la Administración Pública. No es una idea radical: es la decencia mínima que se le pide a una democracia. Y es coherente: si alguien no puede ser candidato, tampoco puede ser funcionario”.

“El sistema electoral argentino tiene un problema de fondo: es caro, opaco, empuja al financiamiento con plata negra y subsidia insensatamente a la dirigencia política. Es un sistema hecho a medida para que la política se proteja a sí misma. El Presidente Javier Milei fue electo con el mandato claro de terminar con los privilegios de la casta política, y esta reforma es un paso crucial en este camino. Llegó la hora de devolverle el poder a los argentinos: que la política vuelva a estar al servicio de la gente”, cerraron.

Cuáles son los principales cambios que propone el proyecto

Uno de los ejes centrales es la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el ámbito nacional. La propuesta sostiene que las internas partidarias deben ser financiadas y organizadas por las propias fuerzas políticas, sin intervención estatal ni erogación de recursos públicos. Con esa medida, el Gobierno busca reducir gastos y otorgar mayor autonomía a los partidos en la selección de sus candidatos para cargos electivos.

La eliminación de las PASO implica que, en adelante, cada partido o alianza será responsable de definir sus postulantes a través de mecanismos internos, sin participación obligatoria de la ciudadanía en esa etapa. Según el proyecto, la modificación pretende evitar que los contribuyentes financien procesos internos de agrupaciones políticas, reforzando el principio de autosustentabilidad en la vida partidaria.

Entre las principales modificaciones para los partidos políticos, la reforma establece que, para que una fuerza pueda obtener la personería jurídico-política, será necesario contar con al menos 50 electores fundadores por distrito, un acta de fundación, declaración de principios, carta orgánica, designación de autoridades, domicilio partidario y sitio web oficial. Los solicitantes deberán declarar además que no integran ni fundaron otro partido en formación.

Luego del reconocimiento provisorio, la agrupación tendrá un plazo de 180 días para acreditar un número de afiliados no menor al 0,5 % del padrón del distrito, con un tope de 2.000.000 de inscriptos. Además, deberán convocar a elecciones internas para autoridades definitivas en un máximo de 90 días desde la obtención de la personería.

Para acceder al reconocimiento nacional, será requisito contar con personería vigente en al menos diez distritos y acreditar afiliados equivalentes al 0,1 % del padrón nacional. El control y la renovación de esa condición quedarán a cargo del Ministerio Público Fiscal, que podrá solicitar la caducidad en caso de incumplimientos. La ley fija causales específicas de pérdida de personería, como la falta de internas durante cuatro años, la no participación en dos elecciones nacionales consecutivas, no alcanzar el 3 % del padrón en elecciones sucesivas, o el incumplimiento de paridad de género en los órganos directivos.