La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) encendió una señal de alerta al denunciar la existencia de un sistema estructural de explotación de recursos en las Islas Malvinas que ya representa más de un tercio de la pesca argentina.
El informe advierte que este modelo no solo implica la extracción masiva de recursos del Mar Argentino sin control, sino que además está generando un deterioro progresivo del ecosistema marítimo y una caída en la actividad pesquera nacional, con miles de empleos en riesgo.
La investigación, encabezada por el presidente de la entidad, Raúl Cereseto, incluyó un relevamiento en territorio isleño y el análisis de datos públicos y privados, registros oficiales e información satelital, lo que permitió confirmar el funcionamiento de un sistema basado en la entrega de licencias pesqueras a flotas extranjeras por períodos de hasta 25 años.
Según los datos relevados, en 2024 se capturaron 261.903 toneladas en aguas bajo control británico, destacándose el calamar Illex argentinus, con 146.689 toneladas, uno de los registros más altos de la última década.
El esquema genera ingresos cercanos a los 1.000 millones de dólares anuales, de los cuales el Reino Unido percibe aproximadamente 39 millones de libras en permisos pesqueros, consolidando a la pesca como la principal actividad económica del enclave, con el 65% de sus ingresos totales.
Uno de los puntos más críticos señalados en el informe es la falta de desarrollo productivo local: apenas el 20% de las capturas se descarga en Malvinas, mientras que el resto se exporta directamente o se transfiere en alta mar, sin generación de empleo significativo en las islas.
Además, se advierte que operan entre 100 y 130 buques por temporada, muchos de ellos con múltiples licencias, y que parte de esta flota se desplaza hacia la denominada milla 201, donde se registran prácticas de pesca intensiva e incursiones ilegales en la Zona Económica Exclusiva argentina.
El informe también pone el foco en la participación de flotas europeas, señalando un “doble discurso internacional”, ya que países que reconocen la soberanía argentina participan del esquema mediante sus empresas pesqueras.
En el plano ambiental, la entidad advierte sobre riesgos concretos de sobreexplotación, citando como ejemplo la cancelación de la segunda temporada de calamar Loligo en 2024 por falta de biomasa, lo que podría anticipar un colapso ecológico en el Atlántico Sudoccidental.
Entre las especies afectadas se encuentran la merluza común, el calamar Illex, la polaca, la merluza de cola y el bacalao de profundidad, todas de carácter migratorio y vinculadas al ecosistema del Mar Argentino.
“No hay discusión técnica: estamos frente a un proceso de apropiación de recursos que nacen o se desarrollan en aguas argentinas”, sostuvo Cereseto.
Frente a este escenario, la FULASP anunció que impulsará acciones ante organismos nacionales e internacionales, incluyendo presentaciones ante la Subsecretaría de Ambiente, el MERCOSUR, la Cancillería argentina y la Unión Europea, con el objetivo de frenar el esquema actual.
“No es solo un problema pesquero: es una cuestión de soberanía, desarrollo económico y sustentabilidad ambiental”, concluyó el titular de la entidad.
