La cuestión de los caminos rurales en nuestra región ha sufrido un fuerte vuelco en los últimos tiempos, con fuertes subas para los aportes que deben realizar los productores para su mantenimiento y también la —inesperada— aparición de un actor que hasta el momento no formaba parte de la discusión: la Justicia.
En los últimos tiempos, son varias las entidades vinculadas al campo que en el Sudoeste Bonaerense y en el resto de la provincia están acudiendo a los juzgados a plantear la falta o ausencia de una contraprestación acorde al pago de la tasa vial rural, quejas o planteos que anteriormente se realizaban mayormente en el ámbito de las entidades ruralistas.
Históricamente, sociedades rurales y asociaciones de productores ponían el grito en el cielo porque entendían que sus municipios no mantenían en buen estado los caminos rurales por los cuales acceder a los campos o sacar la producción, más allá del pago de las obligaciones correspondientes. Las quejas normalmente caían en saco roto y volvían a repetirse al poco tiempo.
Sin embargo, al plasmar sus cuestionamientos en el ámbito judicial, los chacareros han encontrado respuestas que podrían considerarse positivas, contrastando con las que en otras ocasiones les llegaban desde los ejecutivos o concejos deliberantes. Sin ir más lejos, semanas atrás fue la Justicia de Trenque Lauquen la que declaró nulo el cobro de la tasa para productores de Daireaux por falta de una contraprestación efectiva.
Es decir, si los caminos rurales se encuentran en mal estado, los productores no tienen por qué pagar. Esa fue la idea que quedó latente a partir de esa decisión judicial: existe una ilegitimidad en el cobro de la tasa vial ante la falta de prestación efectiva del servicio.
En el Sudoeste Bonaerense, las quejas se dan en todos los distritos, de una u otra manera, y todos tienen dos o tres puntos comunes: el valor de la tasa vial, el estado real de los caminos y la falta de respuesta por parte de los municipios ante reclamos puntuales. Esto se ve incluso en distritos en los cuales la producción agropecuaria no es una referencia de la actividad económica que en ellos se lleva a cabo.
Las quejas y reclamos se multiplican en toda la zona. Sin ir más lejos, en enero Adolfo Alsina duplicó los montos que se abonan por tasa vial, lo que provocó la indignación del sector rural; en las cercanías de Bahía Blanca, sobre la ruta nacional 35, en el distrito de Tornquist, el estado de los caminos provoca serias quejas de los chacareros, mientras que en Coronel Rosales los productores directamente amenazan con concurrir a la Justicia.
En este último caso, en una carta enviada al municipio, los productores lamentan la falta de trabajo en los caminos rurales y reclaman información oficial al respecto, aclarando que podrían concurrir al Tribunal de Cuentas bonaerense o bien realizar acciones judiciales pertinentes ante el fuero Contencioso Administrativo bahiense «frente al eventual incumplimiento de deberes legales en la administración de recursos de afectación específica».
No todo se circunscribe a la tasa vial: en el sur de Villarino se han elevado pedidos de informes para conocer el destino de lo recaudado por tasas como marcas y señales o de marcación y remarcación de hacienda. A través de una carta enviada al municipio, desde la Asociación de Productores de Villarino Sur (Aprovis) se demandó conocer qué hace la comuna con el dinero reunido en esos conceptos y qué contraprestaciones ofrece.
En la misiva, se indica que la «solicitud no solo responde a una necesidad de acceso a la información pública, sino también a la necesidad de comprender la naturaleza jurídica de los conceptos abonados por los productores, en particular en lo relativo a la existencia de una efectiva contraprestación estatal».
«Las tasas municipales encuentran su fundamento en la prestación concreta, efectiva e individualizable de un servicio, motivo por el cual la inexistencia de dicha contraprestación podría suscitar cuestionamientos respecto de su encuadre jurídico», se explica.
Desde CARBAP y Coninagro
La situación llegó incluso a las entidades gremiales, con reclamos por parte de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), y también fuertes definiciones por parte del titular de Coninagro, Lucas Magnano.
Días atrás, la primera de estas instituciones se había mostrado satisfecha ante distintos fallos judiciales relacionados con el cobro de tasas municipales vinculadas a los caminos rurales, en distritos como Daireaux, Azul y Carlos Casares, por ejemplo.
«Estos pronunciamientos consolidan principios básicos que CARBAP viene sosteniendo desde hace años: una tasa solo puede ser exigida cuando existe una contraprestación concreta, medible y verificable —se indicó a través de un comunicado—. Cuando ello no ocurre, el tributo se transforma en un impuesto encubierto, violando garantías constitucionales esenciales».
El texto también reconoce una problemática que se repite en toda la provincia, al considerar que los productores abonan tasas viales sin un mantenimiento adecuado de los caminos rurales.
«La presión fiscal no puede sostenerse al margen de la legalidad ni desligada de la prestación efectiva de servicios —se indicó—. El campo no rehúye sus obligaciones, sino que exige reglas claras, transparencia en el uso de los recursos y una correspondencia real entre lo que se paga y lo que se recibe».
Además, CARBAP solicitó que las comunas garanticen que cada tasa tenga sustento en servicios reales.
«La judicialización de estos conflictos, lejos de ser el camino ideal, es la consecuencia de la falta de respuestas concretas», se explicó.
Por su parte, el máximo referente de Coninagro a nivel nacional, Lucas Magnano, advirtió —en una recorrida por nuestra región— sobre la falta de obras para la mejora de los caminos rurales y las altas tasas viales que cobran las comunas.
«Esto perjudica al productor y el reclamo no es un capricho de los productores; es una realidad. Muy pocas veces se tiene consideración de parte de quienes tienen que realizar las obras y no las hacen; los caminos siempre quedan lejos de los primeros puestos de prioridad. Los caminos tienen que estar a la altura de las tasas que se cobran».
En ese sentido, manifestó que durante la recorrida realizada por distintas cooperativas del Sudoeste Bonaerense, los chacareros habían planteado situaciones similares: caminos en mal estado, la imposibilidad de trasladar lo cosechado y tasas viales que se aumentan constantemente.
(La Nueva)
