El diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel presentó un proyecto de ley que busca excluir la llamada «excusa absolutoria familiar» del Código Penal para que familiares, convivientes, amigos íntimos o personas cercanas sean penalmente responsables cuando realicen maniobras activas y deliberadas de encubrimiento destinadas a garantizar la impunidad del autor de un femicidio.
La legislación vigente exime de responsabilidad criminal a quienes hubieren obrado en favor del cónyuge o de un pariente cuyo vínculo no excediere el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad en el caso de un amigo íntimo o de una persona a la que se debiese especial gratitud.
Esto responde a una tradición jurídica que contempla el conflicto subjetivo o moral que pueden tener determinados vínculos familiares o afectivos cuando la Justicia pone la lupa en crímenes o delitos cometidos por parientes o amigos íntimos, por lo que los exime de pena.
Sin embargo, señala Michel, «la protección de los vínculos familiares no puede llegar al punto de neutralizar la obligación estatal de investigar, juzgar, y sancionar hechos que lesionan de manera irreversible la vida, la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres”.
«Allí donde el encubrimiento deja de ser una reacción familiar comprensible y pasa a convertirse en una contribución deliberada a la impunidad de un femicidio, el Estado debe contar con herramientas penales adecuadas para investigar y sancionar», sostuvo en los fundamentos del proyecto.
No obstante, el diputado aclara que el proyecto de su autoría, que modifica el artículo 277, inciso 4° del Código Penal, «no penaliza la mera pasividad, el silencio ni la abstención de declarar» contra familiares o amigos íntimos, ni exige la obligación de denunciarlos en la Justicia.
Por el contrario, solamente se «penaliza el encubrimiento activo de femicidios y de delitos contra la vida cometidos en un contexto de violencia de género”.
Dentro de las maniobras de encubrimiento activas que el diputado enumera como pasibles de sanción penal por obstaculizar la investigación de la Justicia en casos de femicidios menciona ocultar pruebas, destruir evidencia, alterar la escena del crimen, destruir rastros, o brindar información falsa.
«La propuesta surge a partir de una contradicción existente en la legislación actual. Si bien la Ley 26.971 incorporó la figura de femicidio y reconoció la extrema gravedad de la violencia de género, el Código Penal mantiene una exención de responsabilidad para determinadas personas cercanas al autor del delito, aún cuando participen activamente en maniobras destinadas a encubrirlo», se explica en el texto de la norma.
El proyecto procura adecuar la legislación argentina a los compromisos asumidos en la Convención de Belem do Para y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que obligan al Estado a investigar, juzgar y sancionar eficazmente la violencia contra las mujeres.
Estas obligaciones no se satisfacen únicamente mediante la sanción del autor principal: también exigen «remover obstáculos normativos que puedan frustrar la investigación, favorecer la impunidad o impedir una respuesta judicial adecuada frente a hechos de violencia extrema contra las mujeres». (NA)
