La causa conocida como “Matanutrias” sumó un nuevo movimiento judicial: Juan Bautista Bravo, uno de los jóvenes imputados por la muerte de un coipo en Bahía Blanca, se negó a declarar ante la fiscal Marina Lara, al igual que había hecho Imanol Santerre el lunes pasado.
Bravo fue llevado a prestar declaración indagatoria, pero decidió guardar silencio por consejo de su abogado defensor. La decisión, al igual que en el caso de Santerre, forma parte de las garantías previstas en el proceso penal y no implica admisión de responsabilidad.
De esta manera, los dos jóvenes de Huanguelén señalados en el expediente evitaron responder preguntas ante la fiscalía. Ahora, la investigación continuará con el análisis de la prueba reunida y con las posibles presentaciones de las defensas, que buscarían discutir la imputación y la calificación legal del hecho.
En ese marco, uno de los puntos que podrían plantear los abogados es el grado de participación de cada acusado. En el entorno de uno de ellos sostienen que no estaría probado que su cliente haya matado al animal, sino que solamente se habría sacado una foto con el coipo ya muerto.
Mientras tanto, los investigadores esperan avanzar con una medida considerada clave: la apertura de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos. Según pudo saber el medio bahiense La Brújula 24, ambos imputados aportaron las claves de acceso, por lo que los dispositivos serán peritados para reconstruir comunicaciones, imágenes, videos y eventuales mensajes vinculados al caso.
Los celulares podrían aportar datos sobre lo ocurrido antes, durante y después del ataque, además de establecer cómo se registró la secuencia y de qué manera se difundió el material que luego se viralizó en redes sociales.
Pero el expediente también dejó al descubierto otro frente judicial. Tras la difusión del caso, los jóvenes comenzaron a recibir amenazas, algunas de ellas de extrema gravedad. Una alta fuente de la investigación indicó a este medio que uno de los imputados habría recibido más de 3.000 amenazas de muerte.
Ese dato abre una paradoja dentro de la causa: mientras la fiscalía investiga el ataque contra el animal, la reacción posterior en redes podría derivar en otro capítulo penal, vinculado a las intimidaciones y mensajes amenazantes contra los acusados.
El caso tuvo repercusión local y nacional luego de la viralización del video en el que se observa el ataque al coipo en Paraguay al 500. A partir de la denuncia presentada por la Fundación Grupo Alianza Animal, la investigación avanzó con allanamientos en Bahía Blanca y Huanguelén, donde se secuestraron teléfonos y otros elementos de interés para la causa.
La comuna también se presentó como particular damnificada, mientras que la Universidad Tecnológica Nacional -UTN- inició un proceso académico interno contra Bravo, alumno de la Tecnicatura Universitaria en Programación.
Con las dos indagatorias ya realizadas y ambos imputados en silencio, la expectativa ahora está puesta en los peritajes digitales. Esos informes podrían ser determinantes para ordenar la secuencia completa, establecer responsabilidades y definir los próximos pasos del expediente. (LB24)
