La iniciativa, elaborada por el equipo del ministro Federico Sturzenegger, aún no fue enviada al Congreso y propone modificar la Ley 25.507, que creó el IPCVA en 2001. El proyecto se enmarca en la estrategia del Gobierno nacional de revisar organismos financiados mediante contribuciones obligatorias del sector privado.
El borrador establece que, a partir del 1° de octubre de 2027, dejarán de ser obligatorios los aportes destinados al instituto. Además, instruye al Senasa y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a cesar la aplicación, percepción y recaudación de esas contribuciones, eliminando también los convenios y mecanismos administrativos vinculados al actual esquema.
Fuerte respaldo de las entidades
La propuesta generó una rápida reacción de las organizaciones que integran el Consejo de Representantes del IPCVA, las cuales difundieron un documento conjunto en el que expresaron su «firme respaldo» al organismo y defendieron su continuidad.
El pronunciamiento fue firmado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA), Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF), Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA), Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (FIFRA) y la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA).
Las entidades destacaron que, desde su creación, el IPCVA ha sido una herramienta eficaz para realizar estudios técnicos, generar información estratégica y promover la carne vacuna argentina tanto en el mercado interno como en el exterior.
Asimismo, remarcaron que el instituto se financia exclusivamente con aportes privados de los distintos eslabones de la cadena cárnica y no recibe recursos del Tesoro Nacional.
Advierten que el sistema voluntario pondría fin al instituto
Según la legislación vigente, los productores aportan el equivalente al 0,07% del valor índice de la res vacuna en plaza de faena, mientras que la industria frigorífica contribuye con el 0,03% del mismo valor.
En el documento, las organizaciones sostuvieron que mantener el esquema obligatorio resulta fundamental para garantizar el funcionamiento del IPCVA, tal como ocurre en otros países productores de carne como Australia, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay, donde incluso varios institutos reciben además financiamiento estatal.
Las entidades advirtieron que convertir el aporte en voluntario «significaría, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA», ya que pondría en riesgo su capacidad operativa y su continuidad.
Preocupación por la promoción de la carne argentina
Finalmente, las organizaciones señalaron que el trabajo del instituto ha sido determinante para abrir nuevos mercados internacionales, consolidar acuerdos comerciales, fortalecer las relaciones sanitarias con países compradores y posicionar la marca «Carne Argentina» como un producto premium a nivel mundial.
En ese sentido, afirmaron que modificar el actual sistema de financiamiento implicaría retroceder sobre logros alcanzados tras años de inversión privada y trabajo conjunto de toda la cadena cárnica.
Las entidades concluyeron ratificando su respaldo al IPCVA y lo definieron como «un pilar clave para el presente y el futuro de la producción y comercialización de la carne vacuna argentina».
