El Gobierno apeló la intimación judicial que le dio cinco días para cumplir de manera total con la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario y pidió que se deje sin efecto la posibilidad de aplicarle multas. La presentación fue realizada el viernes ante el juez Martín Cormick y sostiene que el Ejecutivo ya cumplió con las obligaciones alcanzadas por la medida.
La vía procesal elegida tiene dos pasos. El Estado presentó primero un recurso de revocatoria ante el propio Cormick y dejó planteada una apelación en subsidio para el caso de que el magistrado mantenga la intimación. Es decir, el expediente todavía no fue elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
“Realizamos una presentación ante la Justicia ratificando que el Poder Ejecutivo Nacional ha cumplido con la medida cautelar, acompañando la documentación que acredita dicho cumplimiento”, expresan en Nación. Agregan que, sobre esa base, el Estado solicitó que se deje sin efecto cualquier aplicación de multas.
La presentación responde a la resolución que Cormick dictó el 22 de septiembre. El juez sostuvo que “no existe cumplimiento total” de la cautelar que está firme e intimó al Ejecutivo a completarlo dentro de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada jornada de demora.
La defensa oficial cuestiona principalmente que el magistrado no haya precisado qué parte de la cautelar considera todavía incumplida. El escrito sostiene que el Ejecutivo ya había detallado el 21 de septiembre las medidas adoptadas y que la nueva resolución no identifica qué obligación adicional debería ejecutar.
La cautelar ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El primero obliga a actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios, contempla negociaciones paritarias periódicas y establece un mecanismo de actualización. El segundo dispone una recomposición de los programas de becas estudiantiles.
En materia salarial, Nación afirma ante la Justicia que los incrementos otorgados desde diciembre de 2023 alcanzaron un acumulado del 226,8% para el período que toma como referencia. Con ese cálculo, el Ejecutivo sostiene que superó el 226,46% de variación del IPC que considera aplicable entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.
El Gobierno agregó a su planteo las negociaciones realizadas este año. Señaló que en junio se otorgó una recomposición salarial y que en septiembre volvió a convocar a paritarias, donde propuso un aumento adicional del 3%. Los gremios universitarios rechazan el cálculo oficial y sostienen que todavía existe una recomposición pendiente.
La discusión también alcanza a las becas. Capital Humano presentó documentación sobre la actualización del programa Manuel Belgrano, cuyo monto mensual fue llevado este año a $187.495. Al mismo tiempo, el Estado mantiene una interpretación restrictiva sobre qué otros programas están comprendidos por la cautelar.
El escrito cuestiona además directamente las astreintes. La defensa del Estado argumenta que no corresponde imponer ese tipo de sanciones económicas contra el Estado Nacional y pide que Cormick revoque tanto la intimación como el apercibimiento de multas al considerar acreditado el cumplimiento.
El Gobierno también definió el punto que hasta la semana pasada mantenía bajo análisis: si Cormick rechaza la revocatoria y concede la apelación subsidiaria, pidió que sea con efecto suspensivo. La intención es que la intimación no siga ejecutándose mientras la Cámara analiza el planteo.
Eso no implica que la cautelar original haya vuelto a quedar en discusión. La medida que obliga a aplicar los artículos 5 y 6 fue dictada en diciembre de 2025, confirmada posteriormente por la Cámara y quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara en junio el recurso extraordinario presentado por el Estado.
Lo que se discute ahora es otra cuestión: si el Gobierno ya cumplió efectivamente esa cautelar y si Cormick puede mantener la intimación y aplicar multas. La Casa Rosada sostiene que presentó las transferencias, resoluciones salariales, actas paritarias y documentación sobre becas que respaldan su posición.
En paralelo, el Ejecutivo busca mantener abierta una negociación con los rectores y los gremios durante la discusión del Presupuesto 2027. “No vamos a ceder. Queremos negociar y desestimar el fondo judicial, pero no vamos a entregar cualquier cosa”, expresan en Nación. La intención oficial es alcanzar un acuerdo sobre fondos y salarios que permita también modificar el escenario del litigio.
El próximo movimiento depende ahora del juez. Si acepta la revocatoria, puede dejar sin efecto la intimación. Si la rechaza, deberá resolver la apelación subsidiaria y definir si la concede con el efecto suspensivo solicitado por el Gobierno. Recién en ese segundo escenario el planteo quedará en condiciones de ser revisado por la Cámara. (con información de TN)
