El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, enviará en estos días al Congreso un ambicioso proyecto de ley para transformar las reglas del mercado inmobiliario argentino. El objetivo central de esta iniciativa es reducir los costos de intermediación, facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la competencia entre los actores del sector.
El cambio más disruptivo propuesto es la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula profesional y del título universitario para el corretaje inmobiliario. De aprobarse, para ejercer la actividad solo se requeriría ser mayor de edad y contar con un título secundario.
Esta modificación implica que la actividad dejará de ser una “profesión liberal” para convertirse en un “servicio de intermediación comercial”. En este marco, los colegios profesionales perderían sus facultades sancionadoras y su poder de policía, pasando a ser asociaciones de adhesión voluntaria.
Libertad de honorarios y alcance nacional
Otro pilar de la reforma es la libertad absoluta para pactar honorarios y comisiones, prohibiendo la fijación de aranceles mínimos o máximos por parte de los colegios. Además, el proyecto introduce cambios operativos clave. A partir del alcance nacional, se eliminan las barreras geográficas, permitiendo operar en todo el país sin necesidad de múltiples matrículas locales.
Asimismo, la iniciativa contempla nuevos actores: se habilita formalmente a personas jurídicas y plataformas digitales (proptechs), integrando el uso de inteligencia artificial y contratos electrónicos.
Los intermediarios tendrían funciones ampliadas y autonomía para realizar tasaciones, solicitar informes registrales directamente a organismos públicos y representar a las partes en la ejecución de negocios.
Polarización y contexto de emergencia
La propuesta ha dividido al sector: mientras los sectores vinculados a la innovación celebran el fin de las “barreras corporativas”, los colegios de martilleros advierten sobre un riesgo de “desprofesionalización” que podría afectar la seguridad jurídica y el patrimonio de las familias.
Esta reforma se integra en un paquete de desregulación más amplio que declara la emergencia pública en materia administrativa y de competencia por seis meses. Dicho estado facultaría al Poder Ejecutivo para modificar leyes por decreto con el fin de eliminar beneficios profesionales o restricciones que distorsionen los precios de mercado.
