El estado de la Ruta Nacional 33 y de la Ruta Provincial 65 llegó a la Justicia a partir de dos presentaciones realizadas por Ignacio Alberto Zavaleta, vecino del partido de Guaminí, quien solicitó que se investiguen posibles omisiones vinculadas con la conservación de ambos corredores y la seguridad vial.
Los planteos fueron formulados como peticiones ciudadanas y no como litigios particulares y tienen como objetivo que las autoridades judiciales analicen eventuales responsabilidades administrativas y, en caso de corresponder, impulsen medidas preventivas antes de que se produzcan nuevos siniestros.
Pedido de investigación por el estado de la Ruta 33
La primera presentación fue realizada ante la Fiscalía Federal N.º 1 de Bahía Blanca, a cargo de Santiago Ulpiano Martínez, y se concentra en la Ruta Nacional 33, en el tramo comprendido entre Guaminí y Bahía Blanca.
Zavaleta solicitó que se investigue la paralización de obras y de infraestructura vinculada con la seguridad vial, además de requerir la intervención de oficio sobre distintos sectores considerados críticos.
Entre los puntos señalados aparecen la falta de una rotonda en la intersección de las rutas 33 y 60, obras relacionadas con accesos, la paralización de la autopista entre Tornquist y Bahía Blanca, el estado del distribuidor El Cholo y los accesos terrestres a las terminales portuarias.
La presentación advierte que estas condiciones podrían comprometer la seguridad de usuarios y transportistas y reclama la reanudación de las obras y la adopción de medidas preventivas.
También se describen desvíos precarios, sectores de ripio, calzadas deterioradas, problemas de señalización y desniveles en el tramo correspondiente a la autopista paralizada.
Respecto del distribuidor El Cholo, el planteo apunta a dificultades relacionadas con los desvíos, la falta de iluminación y el deterioro generado por el tránsito pesado que circula hacia los puertos de Ingeniero White y Galván.
Medidas cautelares y obras reclamadas
Como parte de la presentación, Zavaleta solicitó una medida cautelar para que Vialidad Nacional sea intimada a intervenir en distintos puntos de la Ruta 33.
Entre las medidas requeridas figuran:
- Infraestructura e iluminación en el cruce de las rutas 33 y 60.
- Dársenas para los accesos a Cochicó y Espartillar.
- Trabajos en sectores próximos a Pigüé.
- Mantenimiento urgente de los desvíos en el tramo Tornquist-Bahía Blanca.
- Iluminación y bacheo en el distribuidor El Cholo.
- Un plan técnico y financiero para retomar y finalizar las obras paralizadas.
Además, solicitó informes a Bomberos Voluntarios, Policía Vial y al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, junto con la realización de una pericia de ingeniería vial.
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La Ruta Provincial 65 también fue denunciada
La segunda presentación fue dirigida a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio en turno del Departamento Judicial de Trenque Lauquen y está relacionada con el estado de la Ruta Provincial 65 entre Guaminí y Bolívar.
En este caso, Zavaleta solicitó que se investigue una posible omisión en los deberes de conservación por parte de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.
El planteo describe la existencia de baches profundos y deformaciones en el asfalto, que obligarían a los conductores a realizar maniobras evasivas.
También señala la presencia de banquinas descalzadas e inestables, deficiencias en la demarcación horizontal y falta de cartelería vertical de advertencia, principalmente en los sectores considerados de mayor riesgo.
Ante esta situación, se pidió que el Ministerio Público Fiscal actúe de oficio, constate el estado de la calzada y solicite a Vialidad bonaerense información sobre los planes de mantenimiento, bacheo de emergencia y señalización previstos para el corredor.
También se solicitó la intervención de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para realizar un relevamiento de la ruta.
De esta manera, las dos presentaciones buscan que se analice judicialmente el estado de dos corredores estratégicos para la región y que, ante las situaciones denunciadas, se adopten medidas destinadas a mejorar las condiciones de conservación y seguridad vial y prevenir nuevos accidentes.
