El Gobierno estudia la posibilidad de ampliar el alcance de las sanciones que contempla la anunciada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y evalúa incluir a otras actividades vinculadas con las Islas Malvinas, entre ellas la pesca.
El tema fue abordado en la última reunión de mesa política y supone la modificación de la Ley 26.659, conocida como «Ley Pino Solanas», que establece sanciones para actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización.
Tras la cadena nacional del presidente Javier Milei, el peronismo reclamó la inclusión del sector pesquero en el endurecimiento de las sanciones; incluso el titular de la bancada, Germán Martínez, lo propuso durante la sesión de esta tarde.
El Poder Ejecutivo prevé enviar la iniciativa al Congreso el próximo lunes y analiza si realizará una presentación tradicional o si enviará a un funcionario para explicar los detalles del articulado.
Entre los posibles están los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, que participaron en la redacción del texto.
La administración libertaria apuesta a que la normativa se trate en Diputados entre fines de septiembre y principios de octubre y confía en que tendrá un rápido avance parlamentario.
La discusión se da en paralelo a la ofensiva del Gobierno contra empresas vinculadas con supuestos negocios petroleros ilegales en las Islas Malvinas, en particular el proyecto Sea Lion.
En la misma línea, Milei anunció además la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, cuyo financiamiento estará contemplado en el Presupuesto 2027 y no afectaría al equilibrio fiscal.
“Con esta ley, quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”, sostuvo el mandatario durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.
Asimismo, destacó la reasignación de recursos, tras aclarar que “no pone en juego el superávit”, para la creación de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego e inversiones en telecomunicaciones.
“Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente la cuenca Malvinas sin nuestra autorización”, precisó además. (NA)
