El Gobierno consiguió en el Senado dictamen favorable al proyecto de ley de Zona Fría, que limita el subsidio solo a las provincias de la Patagonia, Malargüe y la Puna, con lo cual se reducirá este beneficio a mas de un millón de personas, incluyendo a Adolfo Alsina y todo el sudoeste bonaerense.
La iniciativa se debatirá la próxima semana junto con la reforma del Banco Central y Mercado Voluntario de Carbono, según señalaron fuentes parlamentarias.
La iniciativa afectará a mas de un millón de usuarios ya que se elimina el subsidio establecido en 2021 para ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis.
Se presumía que el proyecto, aprobado con 132 votos en Diputados, recibiría modificaciones, pero conservó su redacción y podría convertirse en ley en una eventual sesión de la próxima semana. El encuentro se dio en simultáneo a una reunión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con gobernadores del norte del país.
Pese a que el Gobierno perdió votos claves de provincias que dejarían de percibir el beneficio, como sus aliados en Mendoza y La Pampa, logró destrabar la negociación con el apoyo de los norteños. La chaqueña Silvina Schneider (UCR) esclareció en el plenario que existió un «acuerdo realizado por el Ejecutivo nacional hacia los gobernadores norteños» e incluso consultó si los subsidios para la electricidad en distritos cálidos provendrían de los fondos -estimados en u$s400 millones anuales- que se ahorraría la gestión con esta reducción del régimen. Sin embargo, la secretaria de Energía nacional, María Carmen Tettamanti, señaló que todo el presupuesto se mantendrá en el sistema para pagar sus deudas: «Estamos debiendo tres meses de subsidios a las distribuidoras de energías».
«Esa guita se va a ir toda a las compañías, es mentira que van a ir a subsidios», se lo escuchó decir a un opositor en los pasillos del Senado, que no contó con la presencia de legisladores de Unión por la Patria. Muchos de ellos son representantes de provincias potenciales beneficiarias de Zona Cálida, aunque crece el escepticismo sobre si el régimen alcanzará a distritos norteños que no tienen fluidez con La Libertad Avanza, como es el caso de Formosa. «Sería mucho más transparente que quede incluida en la norma cualquier tipo de compromiso que el Ejecutivo haya tomado», reclamó la cordobesa Alejandra Vigo.
Reforma al régimen de Zona Fría
La reforma al régimen de Zona Fría implica una modificación sobre la redacción aprobada en 2021 (con 190 votos a favor en Diputados y 51 apoyos en el Senado), que en ese momento incorporó a un esquema de subsidios a más de 3 millones de hogares de diez provincias. Eso implicó una serie de subsidios de entre el 30% y el 50% en regiones de las provincias de San Luis, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca y Buenos Aires. El proyecto remueve a esos distritos del esquema de beneficios energéticos.
La iniciativa libertaria actual reduciría esa cantidad de usuarios y conservaría un criterio de subsidios a aquellos de bajos recursos a partir del vigente régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que alcanzará a los usuarios de las actuales regiones beneficiadas, más personas con discapacidad y ex combatientes. «Tiene que haber subsidios focalizados en aquellas familias que tienen ingresos más bajos. No puede haber subsidios generalizados, es injusto y lleva a la ineficiencia de la energía», planteó Tettamanti en el plenario del Senado, quien criticó el vigente régimen: «Es una ley que buscó tener votos para las elecciones, pero que no tenía racionalidad de un esquema de subsidios que tiene que ser justo».
Asimismo, según el artículo 4, el Estado hará erogaciones en concepto de «cancelación de las obligaciones que las distribuidoras del servicio público de electricidad tuvieran con CAMMESA por la compra de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)». A cambio, las compañías deben renunciar a «la totalidad de los eventuales reclamos judiciales o administrativos» que mantienen con el Estado nacional por la declaración de emergencia. Una vez que se terminen de pagar las deudas, según precisó la secretaria de Energía, las alícuotas que se le cobran a los usuarios podrían bajar del 7,5% al 5,85%.
El subsidio persistirá en el consumo de gas de usuarios de bajos recursos, aunque no será así en cargos fijos ni en transporte y distribución, otras categorías que componen cerca del 60% de la factura. En su artículo 8°, la propuesta define que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) perderá potestad de «limitar el traslado» de los costos a los consumidores en casos de precios acordados que exceden de los negociados por otros distribuidores en situaciones que el organismo considere equivalentes. Por otra parte, se derogan los artículos que componen el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos.
(Ambito /DDR)
