Este miércoles, el Ministerio de Justicia de la Nación anunció su decisión de intervenir el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), fundado por la precandidata a presidenta del PRO en Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, por irregularidades en el ingreso y egreso del dinero en las cuentas bancarias.
“La intervención busca normalizar la situación institucional del IEES, luego de que las actuaciones sumariales realizadas por la Inspección General de Justicia verificaran irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada la fundación”, explica el comunicado emitido por el ministerio.
Asimismo, el Ministerio de Justicia que conduce Martín Soria, remarcó que entre las irregularidades financieras, se encontró un “sistema de ingresos y egresos destinados a financiar, en todo o en parte, acciones de proselitismo político”, es decir, actos de campaña de la misma Bullrich, “en franca contradicción con los fines de creación de la fundación”:
Es preciso recordar que, la fundación presidida por Bullrich había registrado un crecimiento exponencial de sus ingresos y egresos, pasando de registrar fondos completamente insuficientes para solventar los gastos corrientes a recaudar más de 90 millones de pesos en un mismo mes.
De esta manera, el Ministerio de Justicia identificó que el aumento de los ingresos de la fundación, coincidía con las actividades políticas personales desplegadas por su presidenta Patricia Bullrich, como pago de facturas telefónicas vinculadas a líneas registradas bajo el partido Unión por la Libertad.
Además, el pasado abril, la Inspección General de Justicia (IGJ), difundió un dictamen que aseguraba que Bullrich hace uso de la fundación que preside para el “sostenimiento de su campaña electoral” violando de manera abierta y sin culpas la ley de financiamiento de los partidos políticos.
En la misma línea, el IGJ, a cargo de Ricardo Nissen, puso sobre la mesa una serie de supuestas irregularidades encontradas en la fundación de Bullrich, destinadas a financiar “acciones de proselitismo político que francamente se contradicen con el objeto social para el que el IEES fue autorizado”.
De esta manera, con el apoyo del dictamen del IGJ, la fundación de Patricia Bullrich quedó intervenida por el Ministerio de Justicia, que tiene 180 días para revisar el funcionamiento de la institución y resolver una nueva medida a tomar frente al abanico de irregularidades que el ente sostiene.(Diputados Provinciales)
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