El Gobierno de Javier Milei, por intermedio del ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, cambiará radicalmente la forma de proveer alimentos en establecimientos públicos y a familias beneficiarias de planes sociales alimentarios.
Ya no habrá más proveedores del Estado que vendan e impongan sobreprecios como ocurrió durante la gestión de Alberto Fernández y su ministro Daniel Arroyo, ni empresas que surjan de la nada y se conviertan en las favoritas a la hora de las licitaciones, como pasó hasta último minuto durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, a cargo del desaparecido Ministerio de Desarrollo Social desde octubre de 2022 hasta el pasado 10 de diciembre.
Con esta medida, el presidente Milei busca combatir los clásicos vicios del sector y terminar con los escándalos de comida en mal estado y con los sobreprecios. La solución que implementará Petovello es sencilla: el dinero irá directo al número de caja de ahorro de cada beneficiario y así se terminan los intermediarios y los altos costos que suelen implicar a la casta de proveedores amigos del Estado.
Los escándalos más resonantes
Durante la Administración de Alberto Fernández y sus dos Ministros de Desarrollo Social fueron varios los escándalos que tomaron estado público. Comida en mal estado y sobreprecios injustificados fueron los principales hechos de corrupción que trajeron horas de zozobra en la Carteras social.
Los primeros casos, que se empezaron a conocer en el otoño de 2020, fueron un golpe muy duro para el Gobierno. El Ministerio de Desarrollo Social y particularmente Daniel Arroyo, eran de los más valorados de la gestión de Fernández hasta ese momento. De hecho era la Cartera con mejor imagen de todo el Gobierno según las encuestas de ese entonces. Pero desde el escándalo de los sobreprecios, nada fue igual.
Pero estar en el ojo de la opinión pública y la pérdida de aprobación social no produjeron grandes cambios. El Ministerio compró con sobreprecios durante todo el año 2020.
El caso de los sobreprecios: 6 empresas cuestionadas y 15 funcionarios echados
Las firmas cuestionadas fueron Forain SA, Teylem SA, Copacabana S.A, Sol Ganadera SRL, M.H. Accurso SRL y Alimentos Generales SA.
Las dos primeras integran el Grupo L, del empresario Víctor Lusardi, un viejo y próspero proveedor del Estado nacional y bonaerense sobre todo, que se dedica a la venta mayorista de productos alimenticios.
Entre las dos empresas vendieron aceite, arroz, lentejas y fideos. Recordemos, no produce ninguno de ellos, todos los gobiernos le compraron como a un gestor. Fue proveedor de alimentos en cárceles y escuelas y con decenas de contratos con diferentes estados provinciales y municipales. El kirchnerismo lo denunciaba por sus negocios con el gobierno de María Eugenia Vidal.
Copacabana S.A es otro mayorista de alimentos. El Gobierno le compró aceite, aunque no lo produce, fideos, que no fabrica, y lentejas, que tampoco fabrica, lo mismo con el arroz y el azúcar.
Es de la familia Assisa. Osvaldo Assisa fue presidente y ahora es secretario de la Unión de Empresas de Proveedores del Estado.
La empresa está vinculada societariamente con Alimentos Generales, otra de las proveedoras de Desarrollo Social en la infausta compra de comida, con arroz y azúcar, que tampoco produce. A su vez, igual que Sol Ganadera SRL, funciona en Corrientes 1327, cuarto piso. Una curiosidad: Federico Toscano es apoderado de una y director de la otra.
M.H. Accurso está ubicada en Coronel Bogado, cerca de Rosario. Se definen como una «empresa familiar» y se dedica al «cultivo de legumbres secas» y elaboración de hortalizas, frutas y legumbres deshidratadas: eso explicaría su oferta al Estado por las lentejas.
Lusardi dijo por ese entonces, mediante un comunicado que «fue invitado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a participar de una serie de licitaciones para la compra de alimentos. Luego de analizar la situación, se realizaron ofertas en las licitaciones de aceite, harina, arroz, fideos y lentejas», y la cartera que dirige Daniel Arroyo les adjudicó el 20% de las cantidades solicitadas de cada producto.
Las “explicaciones”
Las explicaciones fueron varias, aunque algo difusas: «El costo del producto en un contexto de escasez que dificulta la obtención de grandes cantidades (las ofertas fueron en todos los casos por cientos de miles de kilos o de litros); el costo de financiar al Estado, que habitualmente paga en plazos no inferiores a los seis meses; y el costo de implementación de una logística de emergencia para retirar, transportar y entregar las grandes cantidades de alimentos solicitadas en plazos perentorios» habrían sido la excusa para los sobreprecios, que según el comunicado «están en algunos casos por encima del promedio de los precios testigo de la SIGEN, en otros en niveles parecidos y en dos casos por debajo de ese valor. Estamos absolutamente tranquilos respecto de las decisiones tomadas en este proceso licitatorio».
Estas empresas en particular fueron acusadas por la competencia, tradicionales proveedores estatales, de ser simples gestores “que solo hacen reventa, tienen un teléfono, un escritorio y nada más”. En otras palabras, el sobreprecio obedecería en parte a una comisión, es decir, un intermediario más.
Cuando ya no pudo tapar el sol con la mano, Daniel Arroyo le pidió la renuncia a Gonzalo Calvo, a cargo de la Secretaría de Asistencia Crítica del Ministerio y a todo su equipo por haber acordado la compra de aceite y azúcar con precios superiores a los del mercado. En total fueron 15 los funcionarios despedidos por el escándalo de los sobreprecios.
En esos días, abril de 2020, se abrió un sumario interno y el Ministro se comprometió a comprar con precios controlados desde entonces, pero esto no ocurrió. El mismo accionar sin control se repitió durante casi toda la gestión de Arroyo.
De hecho, cuando Arroyo y su equipo quisieron imponer algún tope de precios, las licitaciones fracasaron. Los empresarios no estaban dispuestos a romper la tradición de sobreprecios. Esto ocurrió, por citar solo un ejemplo, cuando se licitaron 1.700.00 paquetes de lentejas de 400 gramos. Se invitó a 647 empresas a ofertar, pero todas se retiraron antes de tiempo. Situaciones similares se vivieron con las licitaciones de polenta y fideos.
Si bien es justo decir que Arroyo fue sobreseído de la causa por sobreprecios en alimentos por el juez Sebastián Casanello en febrero de 2023, la sombra del escándalo nunca lo abandonó y lo obligó a abandonar el Ministerio, dejándole su lugar a Victoria Tolosa Paz, que tuvo una gestión signada por frazadas muy caras y comida en mal estado.
Alimentos en mal Estado y polémica adjudicación a horas de irse
«Los alimentos que les dan a los comedores están viejos. Son fideos y polenta con gorgojos que directamente no se pueden comer. Esta porquería, que se la coma Tolosa Paz, es una vergüenza que entreguen esto a los comedores», declaró Eduardo Belliboni en mayo de este año durante una protesta.
Las organizaciones sociales nucleadas en la Unidad Piquetera protestaron frente al Ministerio de Desarrollo Social por el ajuste a comedores y denunciaron la entrega de comida vencida.
Siguiendo con los polémicos proveedores del Estado, Tolosa Paz adjudicó una cuestionable licitación a uno de sus proveedores más leales a una semana de terminar su gestión. La beneficiada fue una compañía intermediaria de venta al por mayor de productos alimenticios, otra vez los intermediarios haciendo negocios con el Estado.
La compra fue solicitada para integrar la canasta navideña y así “atender a la población en situación de vulnerabilidad”. La empresa adjudicataria, Proveeduría Integral, es una firma con antecedentes recientes de beneficiarse de licitaciones del estado. Una firma con pocos años de existencia pero que llegó muy rápido a ser una de las proveedoras predilectas de Desarrollo Social. De hecho participa y gana licitaciones con el Estado desde el año de su creación.
Durante el mes de noviembre de este año el gobierno quiso comprar 12 millones de paquetes de avena, pero «solo» consiguió 2,4 millones.
En su compra masiva de comida para repartir, la cartera de Desarrollo Social invirtió esta vez $1.623.072.000 en avena, que le pagó a la empresa Proveeduría Integral MC S.R.L., una compañía intermediaria de venta al por mayor de productos alimenticios, creada en 2019 y con sede en la localidad bonaerense de Burzaco.
Pero ya en enero de este año, mediante la licitación 95-0055-LPU22 de la cartera comandada por Tolosa Paz, la misma firma fue la adjudicataria de la compra de 540 mil botellas de litro y medio de aceite Marolio por un monto total cercano a los 614 millones de pesos.
Muy activa durante la pandemia en 2021, Proveeduría Integral ganó una licitación por 1 millón de envases de sémola de trigo y otra por 1.500.000 envases de alimento a base de azúcar y cacao, ambas requeridas por la subsecretaría de Asistencia Crítica del ministerio de Desarrollo Social.
Además, también durante el contexto crítico de la pandemia del COVID-19, Proveeduría Integral fue la adjudicataria de la compra por 1.200.000 envases, marca Doña Luisa, por un total de 63.960.000 pesos.
Su debut fue en diciembre de 2019 cuando participó en una licitación por una compra al por mayor de fideos de sémola.
Frazadas millonarias y para “Primavera”
Otro caso testigo de los sobreprecios y de la casta de proveedores en el Ministerio de Desarrollo fue el escándalo de las frazadas de este mismo año. El ex ministerio de Desarrollo Social gastó $1069 millones en la compra de 80 mil frazadas que llegaron en primavera y las pagó hasta 177% más caras que en el mercado.
En una decisión que firmó junto al por entonces Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, la titular de Desarrollo Social hizo una millonaria compra que debía ser para socorrer el frío del invierno; el sobreprecio y el destiempo de la compra provocaron fuertes cruces con la oposición. Incluso la Diputada de la UCR, Soledad Carrizo elevó un pedido de informe y pidió mayor transparencia sobre la transacción.
Las dos firmas proveedoras involucradas en la sospechosa transacción ya han ganado otras licitaciones en el pasado y una de ellas, además, recibió un millonario subsidio oficial para la compra de maquinarias.
La empresa Grupo Sala y la Cooperativa Manos Berissenses no son nuevas en esto de vender productos textiles al Estado. En plena pandemia, ambas participaron de la licitación 2020-849-APN-MDS. Las dos se adjudicaron un lote. El Grupo Sala cotizó entonces $604 cada frazada, similar a las que se pidieron este año. Es decir, aumentó su precio 948%. La organización social ganó un renglón para proveer 5000 juegos de sábanas.
Las dos firmas interesadas tienen estrecha relación con el kirchnerismo. Manos Berissenses fue la ganadora hace poco tiempo, exactamente en julio, de una adjudicación directa para proveer al Ministerio de Desarrollo Social de juguetes para el “Día de las niñeces”.
Entonces sin competir, se llevó una orden de compra de $350,24 millones y otra por $122,58 millones que se firmaron el 8 y 9 de agosto. La apoderada de la Cooperativa es Mariana García y los responsables que surgen de los papeles presentados, Claudia Serpe y Virgilio Vázquez Lezcano.
Grupo Sala, que el año pasado abrió una nueva planta en Berisso, recibió a la cúpula del Ministerio de Desarrollo Social y de la Producción de la provincia en la inauguración, además de funcionarios de la municipalidad. Las socias de la empresa son Claudia y María Laura Santucci, esta última aportante de la campaña 2015 del entonces Frente para la Victoria.
Pan Dulce en mal estado
Los desaguisados no son patrimonio exclusivo de la cartera de Desarrollo Social nacional. En Lomas de Zamora hubo un caso emblemático para las fiestas de 2022.
Los pan dulces que venían en la Caja Navideña del programa provincial MESA llegaron con gorgojos. Por esos días, forzada por la situación, la empresa Rey de Oro emitió un comunicado donde informó a los clientes que es “muy importante” conservar los productos en ambientes frescos, oscuros y no a rayos de luces solares. “Temperaturas altas de conservación aceleran la disminución de vida de nuestros productos”, se excusó.
En otras palabras, la culpa de los pan dulces en mal estado era de los beneficiarios del plan social y no de la empresa o de los funcionarios que la contrataron.
Con esta trascendental modificación en la forma de asignar los recursos, el Poder Ejecutivo Nacional busca terminar con estos episodios y corregir una modalidad que da pie a una nociva connivencia entre los funcionarios de turno y los empresarios de siempre.
(NA)
