Camuzzi Gas Pampeana, la empresa prestadora del servicio de gas natural en Adolfo Alsina y gran parte de la región, reclamó al Gobierno nacional un 421% de aumento en la tarifa de distribución.
Esta cifra, así como otras de distintas empresas vinculadas al sector, también con importantes incrementos, fue presentada ante Enargas y será parte de la audiencia pública que tendrá lugar el 8 de enero próximo para determinar cómo será el descongelamiento en las boletas, cuyo último aumento tuvo lugar a principio de año.
De cualquier manera, se entiende que este aumento –en caso de que sea convalidado por el ente- no significa que ese mismo porcentaje se traslade al valor final de la factura. En la actualidad, es el propio insumo (el gas) supone un 40 % del precio final a pagar; el transporte, el 11 %; la distribución –el punto del reclamo-, el 24 %, mientras que el 25 % restante incluye impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Además, en el caso del Sudoeste Bonaerense, desde mediados de 2021 nuestra región está incluida en el régimen de Zona Fría, que incluye descuentos de entre el 30 % y el 50 % para unos 250 mil usuarios residenciales en el valor de consumo de gas.
El proceso de audiencia pública incluye un paso previo que tiene que ver con documentos que las distribuidoras de gas envían a la autoridad del área (Enargas) con sus estimaciones propias de subas necesarias de las tarifas según los criterios de costos acumulados pisados por los últimos meses sin actualización. En esos documentos las firmas plantearon cuál es el escenario para cada una.
Desde la firma Naturgy, que también funcional en la provincia de Buenos Aires, se planteó la necesidad de implementar un mecanismo automático de actualización “que permita mantener la tarifa que se otorgue en términos reales para que acompañe el crecimiento de los costos mensualmente en esta coyuntura de alta inflación, a efectos que la distribuidora pueda realizar las inversiones requeridas y los mantenimientos preventivos y correctivos correspondientes, para mantener la calidad de servicio y cumplir con sus obligaciones”.
Por ejemplo, para Metrogas, que distribuye el fluido en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el aumento debería ser superior al 375 por ciento; Redengas (Entre Ríos), pidió desde marzo un incremento promedio de 481 %; Camuzzi Gas del Sur, lo hizo en 543 %; Gasnor aseguró que sus tarifas de distribución están atrasadas entre 438% y 704% para los usuarios residenciales, y Transportadora Gas del Sur (TGS), por su parte, calculó que hace falta una recomposición mayor, de 567 %, y TGN lo hizo en 573 %.
De cualquier modo, el planteo de las empresas no es vinculante para la decisión final de la suba de tarifas.
“Las opiniones que sean recogidas en la audiencia no obligan al Enargas a adoptar una decisión sobre ellas en el mismo acto de la Audiencia. Tal como expuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si bien constituyen un ámbito de participación ciudadana en la toma de decisiones no constituyen la propia decisión, que se mantiene inalterada en manos de la autoridad pública”, explica un documento de esa entidad.
“Sin perjuicio de ello, reviste relevancia dado que importa una real participación ya que las manifestaciones realizadas en ese ámbito deben ser consideradas y el Enargas tiene como obligación fundamentar adecuadamente en la decisión final cuáles argumentos han sido receptados y cuáles han sido desestimados y las razones de ello”, menciona.
La situación de atraso tarifario fue expuesta en números en un informe reciente del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA), “en diciembre los usuarios residenciales de energía eléctrica y gas natural pagan en promedio el 33% del costo de abastecimiento mientras en restante 67% lo abona el Estado nacional”.
“Debido a que el 80% del costo eléctrico y el 100% del costo de gas están dolarizados, estas proporciones pueden cambiar sensiblemente a partir del salto del tipo de cambio de $400 a $800 pesos por dólar. En ausencia de nuevos incrementos en el precio estacional, es posible que la cobertura de costos se reduzca significativamente”, planteó ese informe.
Si el proceso de recomposición de tarifas saliera tal como planea el Ministerio de Economía, a lo largo del 2024 la cuenta presupuestaria de subsidios debería reducirse en 0,7% del PBI. Es decir, explicaría cerca de un sexto del plan de ajuste total. (Diario de Rivera, con información de Infobae y DiarioAr)
