El primer paro docente realizado tras la entrada en vigencia de la reforma laboral que declaró a la educación básica como servicio esencial mostró un comportamiento dispar según las provincias. Mientras el Gobierno registró un alto nivel de acatamiento en distritos gobernados por la oposición, especialmente en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego, en otras jurisdicciones la actividad fue prácticamente normal.
La jornada quedó atravesada, además, por un conflicto entre la Nación y la administración bonaerense por los controles que intentó realizar la Secretaría de Trabajo para verificar el cumplimiento de los servicios mínimos previstos por la ley, que fijó un piso del 75% en la asistencia de los maestros a las aulas.
El Ejecutivo desplegó durante toda la jornada un relevamiento sobre una muestra de escuelas distribuidas por regiones y provincias. El operativo incluyó la verificación de establecimientos abiertos y cerrados, el nivel de asistencia docente cuando fue posible obtener esa información y una serie de observaciones sobre lo ocurrido en cada institución. “Hacen un paro contra el Gobierno, cuando los que pagan los salarios son las provincias. Apuntan a Nación, cuando los que deciden cuánto se paga corresponde a cada gobernador”, explicó la misma fuente
Los primeros resultados muestran diferencias marcadas entre jurisdicciones. En la Casa Rosada sostienen que el mayor nivel de adhesión se registró en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires el impacto de la medida fue muy reducido y la mayoría de las escuelas relevadas permanecieron abiertas. También en Chaco el acatamiento fue sensiblemente menor.
Durante el relevamiento, los equipos nacionales encontraron situaciones muy diferentes según cada establecimiento. En algunas escuelas pudieron acceder normalmente y recibir información sobre la cantidad de docentes presentes y ausentes. En otras, en cambio, encontraron establecimientos cerrados, se les impidió el ingreso o las autoridades escolares se negaron a suministrar datos sobre el funcionamiento de la institución. Todas esas situaciones quedaron registradas en actas elaboradas durante la recorrida.
La principal controversia se produjo en la provincia de Buenos Aires. Mientras se desarrollaba el paro, la Dirección General de Cultura y Educación distribuyó una comunicación interna dirigida a inspectores regionales, distritales y equipos directivos para fijar un criterio de actuación frente a eventuales requerimientos de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Allí informó que el Ministerio de Trabajo bonaerense había realizado una presentación formal para que el organismo nacional se abstuviera de solicitar información sobre el cumplimiento de los pisos mínimos de prestación previstos en la Ley 27.802 o de realizar inspecciones en establecimientos educativos provinciales.
En ese mismo documento, las autoridades bonaerenses sostuvieron que la Secretaría de Trabajo nacional carece de competencia para fiscalizar el empleo público provincial y ordenaron a inspectores y equipos directivos no suministrar información a funcionarios nacionales, limitándose a señalar la supuesta falta de jurisdicción del organismo para realizar esos controles.
En la Casa Rosada interpretan que ese planteo explica, al menos en parte, las dificultades que encontraron los equipos de relevamiento para acceder a información en algunos establecimientos. El Gobierno terminará de procesar los datos recolectados durante toda la jornada y en los próximos días difundirá un informe con el detalle del nivel de acatamiento por provincias y las observaciones realizadas en cada distrito.
Además, anticipan que responderán políticamente a la presentación impulsada por la administración bonaerense, al considerar que la discusión sobre los controles forma parte de una disputa más amplia por la implementación de la nueva legislación sobre servicios esenciales.
Malestar con las provincias peronistas
Desde el Poder Ejecutivo denunciaron que registraron un alto nivel de adhesión al paro en las provincias que lideradas por gobernadores peronistas e incluso, una importante fuente del Gabinete responsabilizó a Axel Kicillof de circular un comunicado interno incitando a que los docentes se plieguen a la protesta.
“Estamos dando una batalla cultural enorme porque el culpable de que los docentes de la provincia ganen lo que ganen es Kicillof. Es él el que tiene que pagar y manda a los docentes a hacer paro contar Nación”, arremetieron desde la administración libertaria.
A raíz de la medida de protesta anunciada, las autoridades de Capital Humano convocaron a un encuentro del Consejo Federal de Educación, que se reunió el pasado domingo, para accionar ante la posibilidad de que se violara la Ley de Modernización Laboral que establece que debe garantizarse el 75% de la actividad en caso de paro debido a que la educación fue declarada por el Gobierno como un servicio esencial.
La disposición se encuentra contemplada en el artículo 24 de la ley 27.802, en la que se especificó que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación” de algunos servicios calificados como imprescindibles, se debe garantizar una cobertura del porcentaje señalado.
Tras los reclamos, desde el oficialismo aclararon que el Estado no tiene competencia para fijar salarios docentes y propusieron que las provincias y los gremios se sienten a “dialogar” para alcanzar un acuerdo con el sector.
“Hemos trabajado con la ministra todo el fin de semana, preparando algo que es novedoso, lo que se pide es la moderación suficiente para hacerla y respetar la norma. Si no se cumple, se inicia un proceso sancionatorio para aplicar las sanciones que correspondan. Lleva el tiempo de las constataciones, los traslados, las contestaciones”, planteó Cordero, en declaraciones a Radio La Red.
Por su parte, a través de su cuenta de X, Pettovello planteó que la medida busca “resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro”, luego de anunciar que el ministerio se encargaría de cumplir con la garantía de las clases.
Pese a que el articulado contemplado en la Ley de Modernización laboral fue judicializado por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, la administración libertaria apeló el fallo del juzgado laboral N° 74, que en una primera instancia suspendió la declaración de esencialidad para la educación y logró la vigencia de la reforma hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
En los hechos, el requisito implica la presencia de docentes, directivos, auxiliares y trabajadores necesarios en las escuelas para asegurar el normal dictado de clases.
Si bien es Trabajo el área encargada del muestreo, la Secretaría de Educación se encargará de analizar posteriormente la información relevada durante la jornada. Desde el ministerio aclaran que, ante la detección de incumplimientos, la sanción será destinada al gremio y no a los docentes. “Habrá que ver cuán grave es lo que hicieron, pero podría alcanzar la quita de la personería. A Sandra (Pettovello) no le va a temblar el pulso porque la educación es un tema muy importante”, sostuvo una importante fuente de Gobierno.
Ante la detección de irregularidades, las autoridades nacionales avanzarán con la correspondiente denuncia que dará lugar al procedimiento previsto por la normativa que -aclaran- llevará tiempo en función de las variables a tener en cuenta.
Días atrás, el sindicato convocó a un paro de 24 horas en todas las escuelas del país a raíz del rechazo del Poder Ejecutivo de convocar a la Paritaria Nacional Docente. Uno de sus principales reclamos gira en torno al sueldo mínimo de los docentes, que se encuentra estancado en 500 mil pesos. Ante este panorama, el gremio reclama un aumento salarial y la vuelta del FONID, el fondo del que el Estado disponía para pagarles todos los meses un incentivo a los maestros y profesores, que fue eliminado en el 2024.
Esta mañana, CTERA y ATE realizaron una concentración frente al Ministerio de Economía para hacer visibles sus reclamos. “La paritaria estatal se convirtió en una estafa mediante la cual se apoderaron en tan solo dos años y medio de más de la mitad de nuestro salario”, planteó Rodolfo Aguiar, titular de ATE.
(Infobae)
