Los jubilados y pensionados, y la cada vez más menguada clase media emergen como los grandes perdedores al cumplirse los primeros dos meses del gobierno de Javier Milei.
El ajuste aplicado por el libertario para alcanzar equilibrio fiscal en enero incluyó una devaluación que terminó provocando una disparada de precios que arrasó con el poder adquisitivo de grandes porciones de la población.
La suba de los medicamentos, que llegó al 200% en algunos fármacos, y el alza de la medicina prepaga, que ya acumula más del 60 por ciento, pegaron en la línea de flotación de jubilados y familias.
Las subas de tarifas de electricidad, transporte y otros servicios como la que viene en cuotas de los colegios privados, sumados a la escalada en expensas y alimentos, bebidas y artículos de limpieza están haciendo estragos sobre el poder adquisitivo.
En una entrevista que brindó desde Roma, Milei destacó que su plan de ajuste permitió estabilizar la economía, impidió la hiperinflación y posibilitará a la Argentina volver a ser considerada por inversores y el sector financiero.
Pero el impacto del ajuste provocará una recesión fuerte en el primer trimestre del año, con sectores como la construcción y la industria cayendo por encima del 12 por ciento ya en diciembre, y con un escenario aún más delicado para enero, donde las obras públicas se paralizaron y los despachos de cemento caen en picada.
Frente a este ajuste, Milei duplicó los el monto de los planes Potenciar Trabajo y la tarjeta Alimentar, pero dejó fuera de combate a los sectores medios, que están pagando el pato del ajuste, a pesar de ser los que más aportan a una economía que busca renacer de sus cenizas.
En los últimos días, el gobierno dejó trascender que está enterado del problema y sugirió que analiza medidas para paliar en parte la destrucción del poder adquisitivo de los sectores medios.
Trascendió que una alternativa sería destinar un monto a las familias muy afectadas por la suba de la cuota de colegios privados, pero esa medida sólo sería un paliativo para un sector de las clases medias.
No obstante, refleja que el gobierno está enterado de la problemática que está atravesando una porción mayoritaria de la población.
Qué pasará con los ingresos de los jubilados.
La fórmula de movilidad vigente desde 2021 y aprobada durante el gobierno anterior, determina para las jubilaciones del sistema general de la Anses un reajuste para marzo que no llegaría al 30%, según especialistas previsionales.
En consecuencia, de no haber una significativa recomposición adicional, los haberes profundizarán fuertemente la pérdida de poder adquisitivo que vienen sufriendo desde hace años.
Ese nivel de reajuste de los ingresos haría, concretamente, que se pierda alrededor de 20% de la capacidad de compra en apenas un trimestre, luego de un año en el que hubo un deterioro de entre 14,2% y 37,4%, dependiendo del monto percibido.
El dato del índice de movilidad se confirma tras conocerse cómo les fue en diciembre a los salarios según el índice elaborado por el Indec, que forma parte del cálculo.
Conocidas todas las variables que integran el cálculo establecido por la ley 27.705, desde el Gobierno no hubo aún ningún anuncio, ni referido al porcentaje de suba que efectivamente tendrán los ingresos, ni respecto de qué ocurrirá con los bonos que los jubilados y pensionados de menores ingresos cobran de manera continua desde septiembre de 2022.
Desde la asunción del Gobierno no hubo ninguna variación en los montos cobrados por los jubilados de la ANSES, cuyo titular, Osvaldo Giordano, acaba de ser despedido por Milei en medio de su puja con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.
Pese a la inflación de 25,5% en diciembre y de alrededor de 20% en enero, en el actual febrero se cobra lo mismo que en esos meses, al tiempo que continúa la indefinición sobre lo que ocurrirá en lo que queda del año.
Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que en enero se alcanzó en las cuentas públicas el equilibrio financiero, algo en lo que tuvo un un rol no menor la licuación de las jubilaciones y pensiones, advierten expertos.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en términos reales (corregidas las cifras por inflación), en enero el gasto en jubilaciones y pensiones fue un 32,5% más reducido que el destinado a esos pagos en el mismo mes de 2023.
La variación trimestral de los salarios es uno de los componentes de la fórmula de actualizaciones. El otro es la evolución interanual en un trimestre de la recaudación de impuestos que van a la Anses, medida por beneficio.
El INDEC informó que la variación del índice de salarios correspondiente al último mes de 2023 fue de 8,9%. Así, en el cuarto trimestre, que es el período de referencia para calcular la suba de haberes de marzo, la variación de ese índice fue de 28,67%, muy por debajo de la suba de los precios al consumidor que, también según el instituto oficial de estadística, trepó en el período en cuestión a 53,3%.
El economista especializado en seguridad social Sergio Rottenschweiler estimó que la suba por movilidad sería de 26,9%. En tanto, según el economista Rafael Rofman, investigador de Protección Social en el Cippec, el reajuste estaría en torno al 29,5%. La estimación de los economistas del Ieral de Fundación Mediterránea es que la suba sería de 27,9%.
Con esos niveles estimados del reajuste, el haber mínimo, que es de $105.713, se ubicaría en un rango de entre $134.000 y $137.500. Y el haber máximo, que desde diciembre y hasta este mes es de $711.346, sería de entre $900.000 y $925.000 (valores en bruto).
El ingreso básico quedaría muy por debajo de lo percibido actualmente por quienes tienen esa prestación, a la que se le agrega el bono de $55.000 mensuales.
Quienes están en ese grupo completan un ingreso mensual de $160.713 (en bruto) y de $157.542 en términos netos. Con una suba de entre 26,9% y 29,5%, el ingreso tras el descuento al PAMI en el caso de quienes tienen el haber mínimo sería, aproximadamente, de entre $130.000 y $133.500 si solo se mantuviera el haber propiamente dicho.
Por eso, el Gobierno debe definir qué va a ocurrir con el bono; si, por ejemplo, lo incorpora a los haberes y si compensa también a quienes tienen ingresos que, por ser algo superiores a la mínima, no tuvieron hasta ahora compensación por la fuerte pérdida del poder de compra. Son el grupo más perjudicado por la política previsional de dar bonos a la mínima, implementada por el gobierno de Alberto Fernández.
Si se confirma que los jubilados tendrán solo una recomposición de ese nivel, entonces en el primer trimestre tendrán una pérdida de poder adquisitivo que rondará el 20%.
De acuerdo con la edición más reciente del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los economistas estiman, en promedio, que la inflación llegaría a alrededor de 60% entre enero y marzo.
La pérdida de poder adquisitivo, de todas formas, se da cada mes. La ley prevé actualizaciones trimestrales, mientras que los precios corren día a día. Solo en enero, un mes para el cual se estima que la inflación rondó el 20%, la pérdida del valor real de lo cobrado por los jubilados y pensionados habría sido cercana al 17%. Desde septiembre de 2017 y hasta el cierre de 2023 los ingresos acumularon caídas de entre 26,2% y 55,4%.
Para hacer el cálculo se considera uno de dos índices de salarios: el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), o el que publica el instituto oficial de estadística, que incluye ingresos del segmento informal (de ambos, se considera el que arroje la mayor variación en el período de referencia).
Para el último trimestre de 2023, el que se considera para la movilidad de marzo, el informe del Indec muestra una variación de 28,67%. El Ripte, en tanto, arrojó una evolución muy similar, de 28,59%, según la publicación que incluyó el dato de diciembre.
Los bonos y el achatamiento de la pirámide previsional.
La política de bonos instrumentada por el gobierno de Alberto Fernández generó fuertes distorsiones y acható la pirámide de ingresos jubilatorios, en desmedro de quienes más aportaron al sistema.
Actualmente, con haberes brutos que superan en más de un 55% al mínimo y que no por eso dejan de ser bajos (aproximadamente, $165.000), se cobra en mano prácticamente igual que teniendo el básico. Y eso ocurre en un contexto de ingresos reales a la baja, lo que equivale a decir que se decide discrecionalmente quiénes pierden más que otros.
(NA)
