En un edificio de Puerto Madero se reunió días atrás un grupo de alta gerencia de dos empresas, funcionarios públicos y sindicalistas para una celebración secreta. El grupo, conocido como «el Club del Puerto» mantiene reuniones periódicas desde el año 1992. En la reunión se celebró la continuidad del «status quo» en el Puerto de Buenos Aires.
El motivo de la celebración fue la continuidad de las concesiones que tienen en el Puerto de Buenos Aires por seis años más. Concesiones que originalmente terminaban en el año 2018 y lograron estirar en bases a «prórrogas» y otros mecanismos irregulares que violan los Contratos de Concesión, la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley de Defensa de la Competencia.
En efecto, poco antes de dejar el cargo, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto que otorgó una nueva prórroga por seis años a los actuales concesionarios, es decir más allá del actual mandato presidencial. Lo hizo a través del decreto 290/2023 que prorrogó los contratos sin licitación hasta el 2027 y 3 años más.
Un escándalo que reproduce la lógica del caso de los seguros: dejar atado poco antes de abandonar el poder un negocio por la vía expeditiva del decreto. En este caso las beneficiadas son TRP ( terminal Rio de la Plata) del grupo DPWorld (Dubai Ports) y APM Terminals de la multinacional Maersk.
La decisión de Alberto consolida un «modelo» que mantiene hace casi cuatro décadas al puerto de Buenos Aires sometido a un duopolio, sin competencia alguna, en lo que constituye casi una apropiación de hecho de la principal terminal de comercio exterior del país. La contrapartida de ese esquema corporativo es el atraso de la terminal.
La ley vigente exige que se convoque a una licitación pública internacional para otorgar las nuevas concesiones a quienes estén dispuestos a invertir en el obsoleto, pero siempre redituable, puerto de Buenos Aires.
La alianza del «Club del Puerto» ha logrado así consolidar un negocio que queda como presente griego al gobierno de Milei y el de Jorge Macri, que inició una negociación con el ministro Luis Caputo para que le transfieran a la Ciudad la terminal.
«Este grupo viene controlando de hecho tarifas, derechos, cánones, casi sin hacer inversiones y generando sobrecostos muy importantes a los productos importados», explicó a LPO una fuente del sector.
Alberto además ató a la prórroga otros negocios importantes, como la entrega de 37 hectáreas del puerto a APM T4, la liberación de las tarifas y el incremento de la tasa de las cargas. Esto además de agravar los problemas de competitividad del Puerto de Buenos Aires frente al de Montevideo, es otro elemento que desalienta inversiones.
«La infraestructura del puerto es la de los años 90, que ya quedó obsoleta, pero además hay cláusulas en los Convenios Colectivos y gigantescas contraprestaciones por servicios y capacitaciones que nadie ve», agregó a LPO una fuente del sector.
De hecho, ya se han realizado presentaciones en la justicia y hay investigaciones en curso. La situación es tan irregular que una de las dos multinacionales que tienen la concesión enfrenta una investigación interna por supuesto incumplimiento de las políticas de compliance de la compañía.
(La Política Online)
