El gobierno de Axel Kicillof y los gremios estatales reanudan mañana las negociaciones salariales en una doble jornada en la que primeros se encontrarán funcionarios y representantes de los docentes y el resto de los trabajadores de la educación por la mañana y con los agentes de la administración central nucleados en la ley 10.430 por la tarde.
En la reunión de mañana se retomará la conversación por los salarios que fue interrumpida en junio, cuando el Ejecutivo provincial priorizó el pago del aguinaldo por sobre el incremento del sueldo de los agentes públicos, una medida que justificó en la estrechez de las financias del Estado bonaerense, afectado por la recesión y la caída de los fondos que remite Nación.
Hasta el momento, los sueldos de los empleados públicos aumentaron en la provincia un 25% en enero (que incluyó parte del acuerdo de 2023), un 20% en febrero, un 13,5% en marzo, un 9,5% abril y un 7,5% en mayo. Es último mes, cambió la base de cálculo: hasta allí los aumentos fueron sobre el sueldo de diciembre, mientras que de ahora en más lo que se acuerde se estimará sobre los sueldos de abril.
La semana pasada, el ministro de Economía, Pablo López recibió a los gremios para actualizarlos sobre la situación económico-financiero de la provincia. El funcionario pintó un panorama complejo, que quedó sintetizado en un solo dato: en el primer semestre, la pérdida de recursos por recaudación fue de 1,5 billones de pesos, dijo.
No obstante dijo que “seguiremos haciendo los mayores esfuerzos para sostener todas las fuentes de trabajo, cumplir con nuestras obligaciones, y mantener una política salarial que priorice el pago de salarios y aguinaldos a las y los trabajadores, jubilados y pensionados bonaerenses”.
Los gremios llegan con un planteo acerca de recuperar el ingreso perdido en esa pausa pero también con otras reivindicaciones, como la incorporación de bonos al salario básico. Además, es posible que comience un debate sobre la eventualidad de un cambio de régimen laboral para algunos trabajadores, que adapte la exigencia a la capacidad de pago del Estado. (DIB)
