Los bosques del Gran Chaco son el segundo pulmón verde de Sudamérica, después de la selva amazónica, por lo que es fundamental su preservación, sin embargo, el desmonte avanza sin piedad. En lo que va de este 2021, la parte argentina del ecosistema sufrió la deforestación de 59.557 hectáreas, lo que equivale a tres veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
Estos datos fueron relevados gracias a imágenes satelitales analizadas por la organización ecologista Greenpeace. La deforestación se debe en gran medida por el avance de la industria agropecuaria, que busca expandir su territorio para criar ganado y sembrar soja. Estos desmontes se realizan de manera irregular y no hay suficientes controles ni multas para quienes lo hagan, por lo que la provincia de Chaco y Santiago del Estero son las más perjudicadas. La situación es más adversa en la actualidad con la reciente flexibilización de la normativa que protege a los bosques.
La región del Gran Chaco comprende territorios de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay y reúne 3.400 especies de plantas, 500 de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios.
Este año el avance sobre estas tierras fue un 15% superior al registrado en el primer semestre de 2023, cuando se desmontaron 51.600 hectáreas, según detalló Greenpeace. Para la ONG, entre enero y junio pasados la deforestación alcanzó a 27.148 hectáreas en la provincia del Chaco; 21.047 hectáreas en Santiago del Estero; otras 7.162 hectáreas en Formosa y 4.200 más en Salta.
“Entre 1998 y 2022, en toda la Argentina se perdieron 7 millones de hectáreas de bosques”, explicó a El País de España, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace. De ese total, el 75% de la deforestación argentina se concentra en la región chaqueña, destacó.
“En un contexto de crisis climática, esto tiene un impacto muy grave en la biodiversidad. Hay especies que pueden desaparecer. En este momento quedan 20 ejemplares de yaguareté en el Gran Chaco”, alertó. “La deforestación provoca inundaciones y también sequías. Un proceso paralelo al desmonte es el desalojo de comunidades de campesinos y pueblos originarios, lo que termina generando conflictos violentos.”
Ante esta situación de emergencia, Gardini pidió políticas gubernamentales de cuidado, ya que a los productores agropecuarios les conviene deforestar irregularmente y ampliar la frontera productiva: con las ganancias que obtienen por exportaciones, la multa representa un gasto mínimo.
La regulación y la denuncia de organizaciones ambientalistas
La legislatura de Chaco aprobó en abril pasado una actualización del Ordenamiento territorial de bosques nativos que extiende las áreas donde se podrá autorizar la deforestación, según denunciaron organizaciones ecologistas como Fundación Vida Silvestre, Greenpeace y el Colectivo Somos Monte Chaco. Estas organizaciones advirtieron que se verán afectadas zonas del Parque Nacional Copo y de las reservas La Pirámide y Loro Hablador, entre otras.
“La inconstitucional ley votada es el producto final del accionar reprochable de un grupo de funcionarios, legisladores y empresarios que, con distintos roles, persiguen un mismo objetivo: diseñar un plan para arrasar el bosque nativo del Chaco y enriquecerse ilícitamente”, apunta la denuncia penal de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina.
«Tras una investigación exhaustiva de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, se evidencia la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos. Se denunció penalmente la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses», explicó el abogado ambientalista Enrique Viale.
Según sostiene la denuncia presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas, «se documentó la defraudación contra la administración pública, conforme al artículo 173 inciso 7 del Código Penal argentino. Los funcionarios mencionados han otorgado permisos de desmonte ilegal y han recategorizado parcelas de manera fraudulenta, desviando fondos públicos destinados a la conservación ambiental para favorecer intereses privados».
La denuncia penal también advierte la parcitipación de empresas asociadas a la extracción del tanino, subproducto de los quebrachos desmontados y sus vínculos con funcionarios y exfuncionarios. Aparte de la denuncia penal, solicitaron «el dictado urgente de una medida cautelar que suspenda los efectos de la regresiva Ley 4005-R del 30 de abril de 2024, y cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial». (Perfil)
