Este lunes, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional de Javier Milei eliminó un programa fundamental que brindaba asistencia legal y acceso a la Justicia a las comunidades indígenas y pueblos originarios que integran la República Argentina.
De esta manera, con la puesta en práctica de la Resolución 08/2025, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) derogó el Programa de Fortalecimiento Comunitario, vigente desde 2004, que estaba orientado a brindar asesoramiento legal, financiamiento de defensas judiciales y apoyo en la regularización de tierras a las comunidades originarias.
La decisión, tomada en el marco de la política de ajuste que inició Milei el 10 de diciembre de 2023, se suma a una serie de medidas que debilitan la protección de los derechos indígenas, como la eliminación que aplicó el Gobierno nacional en diciembre de la emergencia territorial que protegía a los pueblos originarios de los desalojos.
Es preciso mencionar que, la eliminación de este programa clave dejará a cientos de comunidades originarias en un estado de desprotección legal, en un contexto donde los conflictos por las tierras aumentaron, y muchos de estos pueblos enfrentan amenazas de desalojo por parte de empresas privadas y el propio Estado.
En la Resolución del INAI, el Gobierno sostiene que el Programa de Fortalecimiento Comunitario “no ha dado cumplimiento a los objetivos planteados”, y que presenta “deficiencias y desvíos”, según auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
En la misma línea, el escrito que deroga la asistencia legal y técnica a comunidades indígenas argumenta que la eliminación del programa responde a la “necesidad de optimizar el gasto público”, en línea con la emergencia económica decretada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo que encabeza Milei no anunció ninguna alternativa para garantizar que los pueblos originarios reciban asistencia jurídica en los próximos meses, lo que genera incertidumbre y preocupación entre las organizaciones indígenas y de derechos humanos.
Por caso, las organizaciones de derechos humanos advirtieron que la eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario no es un hecho aislado, ya que desde que asumió la presidencia, Milei impulsó una serie de medidas que afectan directamente a las comunidades indígenas.
Entre otras cosas, los defensores de los derechos humanos recordaron que en diciembre del 2024, Milei derogó la emergencia en tierras indígenas a través del Decreto 1083/2024, y habilitó los desalojos de comunidades que no hayan regularizado su situación legal, mientras que en enero del 2025, el INAI revocó el permiso de ocupación de tierras a la comunidad Qom en Makallé, Chaco, a través de la Resolución 5/2025.
Milei apuntó otra vez contra los pueblos originarios: el rol del INAI
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), es un organismo encargado de velar por los derechos de los pueblos originarios, aunque pasó por sucesivos cambios en su estructura.
Cuando se creó en 1985, el INAI estuvo bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y años más tarde fue trasladado al Ministerio del Interior. En la actualidad, el organismo depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, es decir, de Guillermo Francos.
Estos cambios, sumados a la derogación de programas clave, evidencian un desmantelamiento progresivo de las políticas de protección hacia los pueblos indígenas, y ahora, con la eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario, las comunidades indígenas perdieron una herramienta fundamental para defenderse legalmente ante desalojos y conflictos territoriales.
Por caso, la falta de una política alternativa por parte del Gobierno nacional agrava la situación y deja en evidencia una clara falta de prioridad en la agenda gubernamental para los derechos de los pueblos indígenas.
Mientras tanto, cientos de comunidades indígenas y pueblos originarios de todo el país quedaron a la deriva, y se enfrentan a la amenaza de perder sus territorios sin respaldo legal ni asistencia estatal, ya que incluso temen que los ataques hacia sus terrenos provengan del propio Estado nacional.
(Diputados Provinciales)
