Luego del debate sobre la intención del Gobierno de eliminar la figura de femicidio del Código Penal y derogar la Ley Micaela, la Corte Suprema de la Nación informó que los casos de violencia de género en enero de 2025 aumentaron un 8% respecto al mismo mes de 2024.
A través de un informe, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) atendió a 1761 personas durante la feria judicial de verano. El equipo médico constató lesiones en 211 personas, de las cuales el 80% eran mujeres. Además, en 26 casos hubo derivaciones de urgencia al hospital.
El registro abarca desde las 13:30 del lunes 30 de diciembre de 2024 hasta el 31 de enero de 2025, período en el cual la agenda de la Justicia entra en receso. En ese sentido, informaron que la OVD recibió en sus oficinas de la Ciudad de Buenos Aires un promedio de 55 personas por día. De ese total, hubo 915 denuncias formales, 736 consultas informativas y 110 consultas telefónicas.
Los equipos interdisciplinarios de la Oficina evaluaron la situación de 1129 personas afectadas en las presentaciones que fueron recibidas en enero. El grupo más afectado fue el de las mujeres a partir de los 18 años (60%); seguido por el de niñas, niños y adolescentes (27%); y el de varones de 18 años y más (13%).
Más del 80% de los agresores son familiares o exparejas
De acuerdo con el informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica, que trabaja las 24 horas, todos los días del año, el 47% de las personas afectadas tenían un vínculo de pareja o expareja con la persona denunciada (34% exparejas y 13% parejas actuales).
Un 33% son familiares directos con las personas denunciadas (sus progenitores o hijos), un 9% tienen otros vínculos, en el 7% de los casos las personas denunciadas eran otros familiares hasta 4° grado de parentesco, y en el 4% tenían un vínculo cercano.
En el 96% de los casos se registró violencia de tipo psicológica, física (48%), simbólica (44%), ambiental (34%), económica-patrimonial (26%), sexual (7%), social (6%) y de tipo digital (3%).
El 27% de las personas afectadas estaba en situación de altísimo o alto riesgo; mientras que el 60% estaba en riesgo medio y moderado, y un 13 en riesgo bajo. El equipo médico de la OVD constató lesiones en 211 personas (18,6% del total, un 3,6% más que en la feria de 2024). En total, 8 de cada 10 personas lesionadas son mujeres.
También hicieron 46 derivaciones médicas: 26 de urgencia, 18 para atención médica especializada, y 4 para la aplicación de protocolo por delitos sexuales. La OVD también gestionó la entrega de 81 botones antipánico (un promedio de 2,5 por día).
De todas las presentaciones recibidas durante la feria judicial de enero de este año, el 99,6% tuvo derivación a la Justicia Nacional en lo Civil. Pero, a su vez, de las mismas causas se desprendieron otros expedientes en distintos fueros: el 15% se envió a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional; el 69% al Fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires; y el 26% al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (GCBA).
Durante enero, la Justicia Nacional en lo Civil ordenó al menos 3482 medidas preventivas urgentes. Las principales fueron prohibición de acercamiento a la persona denunciante, prohibición de todo tipo de contacto, incluyendo telefónico, por correo, etc., otorgamiento de botón antipánico y cese en los actos de perturbación e intimidación, entre otras.
Eliminar la figura del femicidio y derogar la Ley Micaela: los proyectos que tiene en mente el Gobierno de Milei
El Gobierno prepara un proyecto para derogar la Ley Micaela, los cupos en el Estado y la figura de femicidio del Código Penal. El Ejecutivo planea enviar el paquete de leyes al Congreso durante las sesiones ordinarias y no descarta que sea uno de los ejes discursivos de la campaña para las elecciones legislativas de 2025.
En la Casa Rosada aseguran que eliminarán todas las leyes y normas que “contemplen discriminación positiva sobre minorías”. La encargada de trabajar el proyecto es la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, que responde al asesor Santiago Caputo.
En Balcarce 50 sostienen que “no resiste ningún análisis que el Estado tenga que hacer excepciones y darle un trato especial a un grupo particular”, y expresan que Javier Milei está en contra de impulsar una política que “defienda la diversidad de género”.
Es por eso que buscarán derogar la Ley 26.791, que incorpora como agravante a un homicidio que el hecho sea “perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”. En Nación expresan que “no hay ninguna diferencia entre el homicidio de un hombre o de una mujer”.
Lo mismo aplica para la Ley Micaela (27.499), que fue sancionada en 2018 y fija capacitaciones obligatorias en perspectivas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en el Ejecutivo, en el Congreso y en la Justicia.
(TN)
