Una casa de dos plantas en un barrio cerrado de Benavídez, en Tigre. Un playroom conectado a la cocina por un biombo en el que improvisaron una “sala de internación domiciliaria”: ventanas tapiadas, un televisor apagado, una silla higiénica, un sillón masajeador, una cama. No hay elementos esenciales para una eventual emergencia médica, como un desfribilador o un tubo de oxígeno. Pero sí gasas y sueros y botellas de agua por acá y por ahí, y dos teléfonos celulares. Las indicaciones para administrar la medicación están anotadas en un papel y ese papel cuelga de un imán en la puerta de la heladera. La medicación está dentro de un tupper y al tupper lo van cambiando de lugar. Es que hay que evitar que el paciente, en algún arranque, se automedique. Pero el paciente, igual, lleva dos días a oscuras, encerrado. No quiere levantarse, no quiere visitas, no quiere comer. El mediodía del 25 de noviembre de 2020, en esa habitación, sobre esa cama, yace boca arriba un hombre, 60 años recién cumplidos. El brazo derecho cuelga. La pierna derecha hinchada. La panza inflada como un globo. Parece dormido, pero no. Primero los gritos, después las ambulancias y a los minutos, la noticia: “Murió Diego Armando Maradona”. Ese es el hecho. El juicio para determinar las responsabilidades por su fallecimiento arranca el martes.
¿Qué pasó entre el 11 de noviembre, cuando Maradona salió de la Clínica Olivos luego de ser operado por un hematoma subdural, y el 25 de ese mes, día de su muerte? ¿Quién, quiénes programaron esa “internación domiciliaria” en un lugar que, todo indica, no estaba en condiciones? ¿Quién, quiénes decidían sobre la salud de Maradona? ¿Maradona estaba en condiciones de decidir sobre su salud? ¿Cuán aislado estuvo el ex futbolista de su familia durante esos 14 días? ¿Cómo era la cadena de mando, dónde parten las responsabilidades? ¿Dónde terminan? Los fiscales Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, del TOC N°3 de San Isidro, consideran que ocho personas a cargo de su rehabilitación «infringieron los deberes que cada uno tenía a su cargo», que existen “factores circunstanciales notoriamente burdos” y que «el fatal descenlace podría haberse evitado». Hay prueba de sobra y, según los fiscales, la prueba sería contundente. No sólo reconstruyeron la historia clínica de Maradona entre el año 2000 y el que murió –veinte años– sino que cuentan con la conclusión de la Junta Médica Interdisciplinaria que evaluó el caso: 17 de 22 peritos indicaron que hay responsabilidad penal en la muerte del ex futbolista.
Los acusados son Leopoldo Luque, neurocirujano; Agustina Cosachov, psiquiatra; Carlos Díaz, psiconalista; Nancy Forlini, doctora y coordinadora de la empresa de salud privada Swiss Medical; Mariano Perroni, coordinador de enfermeros de Medidom –empresa tercerizada de Swiss Medical para cuidados domiciliarios–; los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid –esta última pidió un juicio por jurado y su proceso será aparte–; y Pedro Di Spagna, médico clínico. Para todos corre la misma imputación: homicido simple con dolo eventual, un delito que preve una pena de entre ocho y 25 años de cárcel.
Con distintos grados de jerarquía, cada uno fue parte del plan que buscaba “rehabilitar” a Maradona luego de la cirugía por el hematoma subdural y también desintoxicarlo del consumo de alcohol. Todos pertecen al ámbito de la salud y sobre ellos recaía el cuidado, pero debían interactuar con otras personas dentro de esa casa. Con Jonathan Espósito, sobrino del ex futbolista, por ejemplo. Y con Maximiliano Pomargo, su asistente personal. Y con al menos tres personas de seguridad. Según la investigación eran los únicos que podían entrar en la habitación en la que se asistía a Maradona durante sus últimos días. De acuerdo a la declaración de los enfermeros, Maradona se negaba a tomar la medicación si se la administraban ellos y la tarea quedaba a cargo del sobrino Jonathan y el asistente Pomargo, bajo la mirada de alguno de los custodios. Tanto ellos como el abogado y amigo personal del futbolista, Víctor Stinfale y Matías Morla, también abogado y línea directa con Maradona, estaban al tanto del dispositivo armado. Pero en la causa los abogados, el sobrino, el asistente y los custodios sólo declararon como testigos.
Maradona murió por una insuficiencia cardíaca. Pero además de la autopsia, hubo una recopilación de datos sobre su salud de los veinte años anteriores al fallecimiento. El cuadro era grave: cirrosis, enfermedad renal crónica, el corazón agrandado, deterioro neurológico crónico, adicción al alcohol y a los psicofármacos, probables enfermedades psiquiátricas y abstinencia. Para los fiscales, los imputados estaban al tanto de cada diagnóstico y “lo abandonaron a su muerte”.
El neurocirujano, la psiquiatra y el psicólogo: los más complicados
Leopoldo Luque, 43 años, neurocirujano. Fue señalado por los testigos como uno de los médicos de cabecera de Maradona y quien insistió en que la internación domiciliaria era lo mejor para la recuperación postcirugía. Lo comprometen los audios que envío los días previos a la muerte del ex futbolista, sobre todo en cuanto a escatimar información sensible sobre el estado de salud a Dalma, Giannina y Jana, las hijas de Maradona. De acuerdo a los fiscales, Luque evitó asistir y brindar atención propicia al paciente, no siguió los controles ni convocó a especialistas e ignoró y menospreció los síntomas y signos compatibles con insuficiencia cardíaca. Pesa sobre él otro hecho: haber falsificado la firma de Maradona en un pedido de historia clínica luego de la internación en Olivos. Cuando declaró en la etapa de instrucción, Luque dijo: “La muerte ocurrió en forma inesperada, imprevista, en las horas de sueño sin brindar ninguna posibilidad de tratamiento”.
Agustina Cosachov, 40 años, psiquiatra. Conoció al futbolista en junio de 2020 porque Luque le pidió una consulta. Maradona la llamaba Droopy, por el dibujito animado. También señalada por los testigos como parte del equipo de cabecera. De acuerdo a la investigación no administró de manera correcta ni la medicación ni lo psicotrópicos a Maradona, desentendiéndose de los efectos adversos. Además la acusan de otro hecho: haber falseado un certificado médico de una visita que nunca hizo. Cosachov indicaba a distancia a los enfermeros qué dosis y qué medicamentos administrar, a sabiendas de que Maradona no permitía que los enfermeros se acercaran al paciente. De acuerdo a los fiscales, no controló la toma de la medicación de forma personal y manipuló a la familia diciéndoles que lo que sucedía era producto de “la libre y espontánea decisión del paciente”. En su defensa, Cosachov declaró que la medicación había sido consensuada con anterioridad al traslado a la casa de Tigre con profesionales de una clínica de Brandsen y la clínica de Olivos.
Carlos Díaz, 33 años, psicoanalista especializado en adicciones. Entra en el equipo el 26 de octubre, un mes antes de la muerte de Maradona, por recomendación de Matías Morla al cirujano Luque, para encargarse del tratamiento psicológico. Los fiscales lo acusan de haber omitido disponer una internación en un centro de rehabilitación acorde y de haber interferido en las indicaciones de la psiquiatra Cosachov. Lo acusan, además, de haber manipulado a la familia sobre el verdadero cuadro de salud del paciente. El 18 de noviembre, una semana antes de la muerte, Maradona impidió que entrara en la habitación: “No es el momento”, escuchó Díaz. Fue el que planteó a la familia revincular al futbolista por videollamada con “los campeones del ’86”. Concluyó su descargo así: “Más allá de la tristeza enorme por el fallecimiento de Maradona quiero destacar que luego de décadas de sufrimiento y esclavitud con los consumos, él pudo finalizar su vida libre de todo tóxico y comprendiendo que vivir de otra manera era posible”. Algo de eso es cierto: Maradona tomaba un promedio de seis latas de cerveza por día intercaladas con vino cuando Díaz lo visitó por primera vez. Entre los resultados de la autopsia no hay indicios de ingesta de alcohol.
Los enfermeros, último eslabón de la cadena
Ricardo Almirón, 41 años, y Gisella Dahiana Madrid, 40 años, ambos enfermeros contratados por Medidom, la empresa tercerizada por Swiss Medical para cuidados domicialiarios. Almirón rechazó la acusación: “Fui convocado para prestar servicios como enfermero a domicilio. No obtuve respuesta sobre el estado de salud del paciente. No tenía elementos de chequeo. Siempre estuve en la incertidumbre”. Él y Madrid coinciden en que la única indicación que recibieron fue administrar la medicación. El problema es que el futbolista los rechazaba, no quería que entraran en la habitación. Entonces preparaban las dosis y se las daban al sobrino Jony y al asistente Pomargo que, a su vez, ingresaban con un custodio. “No veíamos si Maradona ingería la medicación”, declaró Madrid.
Sobre los controles diarios, los enfermeros aseguran que solo podían hacerlo si Maradona lo permitía. Si podían hacer los chequeos, dejaban asentado prácticas, horarios y resultados en la planilla. Esos registros debían esconderlos porque Maradona los buscabapara romperlos: decía que “lo controlaban”. Para dejar constancia, los enfermeros debían transcribir o tomar una foto y enviar la información inmediatamente al grupo de WhatsApp creado por los médicos de cabecera. Almirón y Madrid hacían turnos de doce horas. Él entraba a las 19 y ella a las siete. El pase de guardia de la mañana de la muerte no se hizo al pie de cama como indica el protocolo sino en el living. Es que la otra indicación que recibieron por parte de los médicos de cabecera era “no molestar al paciente”.
Los coordinadores de las empresas de salud privada
Mariano Perroni, 44 años, empleado de la empresa Medidom. Su tarea consistía en coordonar a los enfermeros Almirón y Madrid. “Mi función no fue la de tomar acciones médicas sino controlar el ingreso y egreso del personal”, dijo en su declaración. Para los fiscales, completó planillas con información que no se condecía con “el real estado y atención médica que Diego Armando Maradona recibía”. Indica la acusación: “Demostró un comportamiento desinteresado e indiferente frente a la situación de emergencia ya que los integrantes de su equipo hubieran logrado ser las primeras personas en dar cuenta de la situación real del paciente”. Perroni asegura que, al momento de la contratación del servicio, le informaron que el diagnóstico “era por un tratamiento post quirúrgico, un paciente alcohólico y que se automedicaba” y que se lo comunicó a los enfermeros.
Perroni aduce que acataba las indicaciones de Nancy Forlini, otra imputada. Forlini, 56 años, era al momento de la muerte de Maradona, la jefa médica a cargo de la gerencia de cuidados domiciliarios en Swiss Medical. Declaró en un escrito que el día de la externación de la Clinica de Olivos –11 de noviembre– recibió una solicitud de cuidados domiciliarios. Aquí, una zona gris que habrá que esclarecer: ¿“cuidados” domiciliarios equivale a “internación” domiciliaria? Forlini, en su descargo, es clara: “Nunca recibí un pedido de internación domiciliaria”. Ella organizó un servicio de enfermería y de acompañantes terapeúticos con cobertura 24 horas que tercerizó en Medidom. “Nos indicaron que serían los médicos personales quienes tomarían todas las decisiones”, dice su descargo. Sin embargo, Perroni –coordinador de enfermeros de Medidom– asegura en su declaración que Forlini era la única interlocutora: “Forlini me indica que no me comunique ni con los médicos tratantes ni con la familia ni con nadie de su entorno. Las indicaciones de Forlini eran bajadas por Cosachov”.
El médico clínico acusado de no controlar
Pedro Di Spagna, 52 años, está acusado de no haber controlado regularmente el estado de salud de Maradona. De acuerdo a la investigación, Di Spagna fue solo dos veces en 14 días a la casa de Tigre. La primera vez, el 12 de noviembre, chequeó personalmente al paciente e indicó una serie de estudios –laboratorio, placa de tórax, electrocardiograma, eco doppler–. Ese día Maradona estaba constipado: había comido brócoli con camarones a la provenzal. Di Spagna sugirió que integren al equipo médico a un nutricionista. Hasta ahí, Di Spagna sólo debía presentarse en la casa de Tigre para confeccionar el informe para la prepaga, algo así como el punto de partida de la internación domiciliaria. Pero, según el médico, Forlini le pidió que fuera a visitarlo cada quince días y hacer “un seguimiento”. La última vez fue el 18 de noviembre. Dijo que no pudo chequear al paciente porque no se dejó. Preguntó al día siguiente si necesitaban que fuera, pero Forlini le dijo que los médicos tratantes decidieron que el paciente descansara el fin de semana. Fue a través de un audio cuya transcripción es parte de la prueba. La fiscalía entiende que Di Spagna nunca se aseguró que los estudios que se indicaron se hayan realizado y, en consecuencia, no controló el caso. El médico nunca cobró los honorarios, 4.000 pesos.
(El DiarioAr)
