Finalmente ocurrió lo que se esperaba: la motosierra de Javier Milei, a través del decreto 462 del Gobierno nacional, puso fin a la incertidumbre sobre el futuro del INTA y lo terminó convirtiendo en un organismo ya no autárquico, sino dependiente de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con una autoridad máxima impuesta por el Ejecutivo de turno.
Pero la avanzada parece no terminar allí. Conforme avanzaban los embates y recortes gubernamentales, y llegaban las respuestas y reclamos del campo, la disputa iba tomando otro matiz, en el que raramente se terminaba hablando de cuestiones vinculadas a lo productivo.
Para el Estado argentino, el INTA es una estructura ineficiente que había perdido el rumbo y que tiene fallas estructurales. Los trabajos de extensionismo, de apoyo a pequeñas unidades productivas o programas como Cambio Rural ya no van más. Con estos cambios, según dijo en la semana el mentor de muchos de estos cambios, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, “con esta reforma, se busca reencauzar al organismo en su misión original: la investigación y el desarrollo tecnológico al servicio del campo argentino y del complejo agroindustrial”.
Y aquí agregó otra cuestión a tener en cuenta: “probablemente a través de mecanismos de cofinanciación con el sector privado”. Aunque el funcionario no lo aclaró, estos acuerdos y mecanismos ya existen y se vienen llevando a cabo desde hace años; de hecho, en algunos casos representan gran parte del presupuesto de una estación experimental.
Hoy la preocupación va -al menos- por tres carriles diferentes, íntimamente vinculados entre sí: qué va a pasar con la coartada autarquía del INTA y su toma de decisiones en la práctica; qué va a ocurrir con las fuentes de trabajo, y qué destino se dará a los diferentes inmuebles que tiene el ente, sobre todo en nuestra zona.
En todos los casos, las percepciones o pronósticos no son buenos ni alentadores: se entiende que la institución pasará a ser manejada desde el poder de turno, sin políticas a largo plazo ni voz ni voto para el sector rural, y que las fuentes de trabajo irán mermando, ya sea por los sueldos bajos respecto del sector privado, por la baja de programas -como ha venido ocurriendo con Pro Huerta o Cambio Rural- o por el cierre (y venta) de algunas dependencias.
Esto último también aparece como una posibilidad cierta, sobre todo en algunas localidades, ya sea por una cuestión presupuestaria, organizacional o -lamentablemente- negocio inmobiliario. Algunos de los campos pertenecientes a las estaciones experimentales agropecuarias de nuestra zona ya han aparecido en publicaciones oficiales como posible objeto de venta o, al menos, cuestionando su uso.
En el Sudoeste Bonaerense funcionan cuatro EEA del INTA (Hilario Ascasubi, Bordenave, Cesáreo Naredo y Barrow), que tienen a su cargo varias agencias de extensión y oficinas de información técnica en Carmen de Patagones, Mayor Buratovich, Médanos, Bahía Blanca, Punta Alta, Tornquist, Pigüé, Carhué, Coronel Suárez y Coronel Pringles. Con unas 150 personas se cubre poco más de 81 millones de hectáreas, algo así como el 26 % del territorio de la provincia.
“El INTA, que desde su creación tenía como autoridades máximas un gobierno colegiado representado por las organizaciones del ámbito privado de su mayoría, ahora pasa a depender de los caprichos de cada gobierno de turno -lamenta el director de la EEA Bordenave, Federico Castoldi-. Es decir, en lugar de ser una política de estado a largo plazo, vamos a ser un brazo de cada gobierno que llegue”.
Su par de Hilario Ascasubi, Daniel Iurman, consideró que si bien aún es prematuro suponer qué va a ocurrir a partir de la decisión del Gobierno nacional, sí es preocupante que las decisiones importantes no surjan de consensos sino de definiciones políticas.
“Hasta ahora, cuando se creaba una estación experimental o se hacía un convenio internacional, además de pasar por distintas instancias de análisis y aprobación, los sectores productivo y académico participaban con voz y con voto. A partir de este cambio, no funcionaría así”, advirtió.
Ambos directivos reconocieron que más allá de los cuestionamientos que hace el Gobierno respecto del presupuesto del INTA y lo que significa en término de retenciones, sus investigaciones terminan redundando en mayor producción e ingreso de dinero para el país.
“Si un cultivar de los nuestros incrementa 10% la productividad, por ejemplo, en las 1,8 millones de hectáreas de avena que hay en toda Argentina ¿cuántos millones de pesos eso significa de incremento para el sector privado? Es indiscutible que por cada peso que ingresa el INTA, se multiplica más de 10 veces en productos y servicios para el país”, explicó Castoldi.
En ese sentido, Iurman atribuyó a una cuestión política las versiones que indican que el INTA es un organismo ineficiente.
“Hay que ver si, cuando haya otro gobierno, se revierte la situación: el tener un instituto como el INTA para tomar decisiones sin mediarlo con el sector productivo, puede ser algo tentador para los que vengan después”, remarcó.
Sin embargo, el titular de la EEA Bordenave consideró que existen “declaraciones sustentadas en verdades parciales, por no decir mentiras”.
“Hablan de 3.000 vehículos, y no es así. Tengo siete distritos asignados y la camioneta más nueva que llegó desde el Estado nacional tiene tres años; las demás son de patente H para atrás -NdR: modelo 2008 o anterior-. Probablemente también cuenten a los tractores. Además, cuando mencionan esta cantidad de vehículos, toman en cuenta aquellos que no podemos vender ni dar de baja debido a la burocracia estatal, y son de las décadas de 1970 y 1980”, afirmó
Al respecto, señaló que es muy “distorsionado lo que mencionan en los medios respecto de lo que vivimos”.
“Es preocupante e indignante”, calificó.
Iurman, por su parte, señaló que aún es necesario ver qué decisión toma el Congreso de la Nación -es decir, si avala o no el decreto presidencial- para recién después vivir un proceso de adaptación a la nueva forma de trabajar.
El Decreto Delegado 462/25, firmado por el Presidente @JMilei, @GAFrancosOk, @LuisCaputoAR y @Mariolugones_ar, dispone la transformación del INTA en un organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. A su vez, reemplaza su conducción… pic.twitter.com/b4x88mU2Fb
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) July 8, 2025
“Ahí recién veremos qué dispone el poder Ejecutivo: porque ya no van a ser propuestas, sino disposiciones”, señaló.
Sin embargo, mostró confianza en el criterio del actual titular del INTA a nivel nacional, Nicolás Bronzovich, quien “conoce la zona y quedó muy bien impresionado por lo que vio en nuestra región”.
“Hay cosas para mejorar, pero también hay actividades y aportes que son pertinentes y que agregan valor al territorio. Vamos a intentar, por la vía de la racionalidad, sostener aquello que consideramos que es un capital construido durante casi 70 años y que no tendría sentido perderlo en 15 días”, concluyó.
Desmantelamiento y miradas erróneas
Federico Castoldi consideró que, de un tiempo a esta parte, el INTA está viviendo un proceso de desmantelamiento.
“Por ejemplo, en Bahía Blanca éramos referentes a nivel nacional en lo que es mercado de cercanía, acompañamiento a productores hortícolas y ferias, algo en lo que el INTA no tiene nada que ver, porque los programas Cambio Rural y Pro Huerta se dieron de baja”, explicó.
Algo similar, añadió, ocurre en la agencia de extensión de Pigüé, donde la gente que tenía vinculación con esa temática fue echada porque se dieron baja los programas, o bien se terminó yendo.
“Quedan algunos, pero observados y cuestionados en su actividad desde el Gobierno nacional. Además, de por sí hay una migración de los profesionales del INTA. Por ejemplo, en Bordenave sufrimos una reducción del 70 % de los investigadores, que se ha ido al sector privado”, aclaró.
Castoldi indicó que el Gobierno posee una “mirada errónea” del rol del INTA.
“La EEA Bordenave, por ejemplo, tiene una alta incidencia en el producto bruto de Darregueira y Bordenave. Además, tiene convenios con 150 empresas y gran parte de lo que gastamos viene de convenios con el ámbito privado, no del Estado nacional”, explicó.
En ese marco, se mostró preocupado por lo que pueda pasar en el futuro con las agencias de extensión y su gente.
“Dicen que uno de los pasos es darles de baja y pasar a disponibilidad a los agentes vinculados con ellas. Eso sería terrible, porque se trataría de un INTA absolutamente distinto al que nosotros conocemos y queremos”, concluyó. (La Nueva)
