Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados apunta a modificar los artículos 92 y 125 del Decreto Ley 6769/1958 Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM).
El objetivo central es regular las dietas de los concejales y los sueldos de los intendentes, estableciendo criterios unificadores y límites máximos vinculados a las remuneraciones del gobernador y los legisladores provinciales.
Actualmente, la LOM permite que cada municipio determine el salario de sus autoridades locales con amplios márgenes de discrecionalidad. Eso derivó, según los fundamentos del texto, en una situación de “enormes distorsiones y desigualdades” entre distritos.
Textualmente, la reglamentación vigente sostiene que: “El Intendente gozará del sueldo que le asigne el Presupuesto, el que en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) sueldos mínimos. El sueldo mínimo a que hace referencia el presente artículo será el resultante de considerar el sueldo básico de la categoría inferior del ingresante en el escalafón administrativo de cada Municipalidad, en su equivalente a cuarenta horas semanales, sin comprender ninguna bonificación o adicional, inherentes a la categoría inferior, que no estén sujetos a aportes previsionales.
Los Municipios que tengan doce (12) y catorce (14) concejales deberán elevar el número de sueldos mínimos a doce (12). Los Municipios que tengan dieciséis (16) y dieciocho (18) concejales, a catorce (14) y los que tengan veinte (20) y veinticuatro (24) concejales a dieciséis (16). En todos los casos los presupuestos municipales podrán prever una partida mensual para gastos de representación sin cargo de rendición de cuentas. El sueldo del Intendente y la partida que se asigne para gastos de representación no podrán ser unificados”.
UN ESQUEMA CON DISPARIDADES ENTRE MUNICIPIOS
El proyecto, de la legisladora bahiense Natalia Dziakowski (UCR-Cambio Federal), reconoce que las normas vigentes generan una “inequidad e injusticia” entre los propios pares municipales.
“El sueldo de un legislador local es distinto en cada uno de los 135 municipios”, sostiene el texto, al explicar que el cálculo actual depende de múltiples factores: el sueldo básico de la categoría inferior del personal administrativo, los adicionales, la cantidad de concejales por distrito y los ajustes salariales locales.
Esa combinación de variables provoca que, en algunos casos, las dietas sean demasiado bajas para la responsabilidad del cargo, mientras que en otros resulten excesivamente altas y desproporcionadas respecto a la tarea que se desempeña.
QUÉ PROPONE EL PROYECTO PARA LOS CONCEJALES
La modificación del artículo 92 establece una nueva escala de dieta mensual para los concejales, basada en el sueldo mínimo del personal administrativo municipal.
El texto determina que los concejos deliberantes podrán fijar la dieta hasta un máximo que varía entre 2,5 y 5 sueldos mínimos, según la cantidad de concejales de cada distrito.
Además, se fija un límite máximo equivalente al salario de un legislador bonaerense. Es decir, ningún edil podrá ganar más que un diputado o senador provincial.
El proyecto también introduce la posibilidad de que quienes renuncien a la dieta perciban una suma compensatoria no remunerativa, equivalente a dos tercios del monto que les correspondería. Esa cifra, aclara el texto, no estará sujeta a aportes previsionales ni al cobro del aguinaldo.
UN NUEVO MARCO SALARIAL PARA LOS INTENDENTES
En el caso de los intendentes, la iniciativa propone modificar el artículo 125 de la LOM para actualizar los criterios de remuneración.
El sueldo del jefe comunal, según la propuesta, no podrá ser inferior a diez sueldos mínimos ni superior al monto que percibe el gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
La iniciativa también prevé ajustes según la cantidad de concejales de cada municipio:
- Distritos con 12 o 14 concejales deberán fijar 12 sueldos mínimos.
- Aquellos con 16 o 18 concejales, 14 sueldos mínimos.
- Y los que tengan 20 o 24 concejales, 16 sueldos mínimos.
A su vez, se autoriza a los municipios a prever una partida para gastos de representación, aunque con una condición: no podrá unificarse con el sueldo del intendente y deberá contar con rendición de cuentas.
CRITERIOS DE EQUIDAD
Los fundamentos del proyecto insisten en que la propuesta busca “responder a la demanda ciudadana que clama por cambios y gestos verdaderos”, vinculados con la transparencia y la equidad en la administración pública.
“Resulta necesario establecer un tope máximo para evitar incoherencias, como que un intendente gane más que el gobernador”, sostiene el texto, al señalar que el esquema actual distorsiona la relación entre responsabilidades y remuneraciones.
La autora del proyecto remarca que la modificación no viola derechos adquiridos ni afecta la irretroactividad de la ley, pero sí introduce un criterio unificador y racional para toda la estructura política municipal.
El debate sobre los sueldos de intendentes y concejales suele generar posiciones encontradas en la política bonaerense.
Mientras algunos defienden la autonomía municipal para fijar las remuneraciones, otros reclaman una mayor regulación provincial para evitar abusos y desigualdades, como en es el caso de la diputada Dziakowski.
(Infocielo)
