El Gobierno pone en marcha desde este sábado 1 de noviembre la “normalización” del mercado eléctrico, comprometida con el FMI, mientras avanza en su plan de volver a recortar subsidios en 2026 para achicar el gasto público.
La estrategia combina aumentos en las facturas de luz y gas, cambios en el funcionamiento del mercado mayorista y la eliminación de fondos fiduciarios, salvo el destinado a zonas frías. La meta oficial es reducir el costo fiscal del esquema energético y avanzar en un modelo de precios reales y competencia privada.
El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, defendió la hoja de ruta para el año próximo cuando estuvo la comisión de Presupuesto del Congreso
“Queremos bajar el peso de los subsidios del 0,6% del PBI al 0,5% el año que viene”, planteó. Para eso, los hogares de ingresos altos pagarán la tarifa plena; los de ingresos medios, el 67%; y los de ingresos bajos, el 43%.
Según su presentación, en promedio el usuario residencial pasará a cubrir el 67% del costo mayorista, desde el 53% de este año y el 44% que pagaba en 2024.
El Poder Ejecutivo formaliza desde este fin de semana la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en línea con la Ley Bases. A través de la resolución 400/2025 se habilitó un esquema de precios marginales destinado a eliminar distorsiones generadas por la intervención estatal y los subsidios amplios. El objetivo oficial es que el Estado vuelva a concentrarse en reglas y regulación, sin manejar el negocio de manera directa.
Durante las últimas dos décadas, la política de precios administrados y ayudas generalizadas para usuarios y empresas alteró las señales económicas e impactó en la inversión privada, explican en Energía. La normalización del MEM busca revertir ese proceso y reponer el principio de marginalismo para determinar los valores en el sistema.
El diseño incorpora la creación de un mercado a término para energía y potencia, con contratos entre generadores, distribuidoras y grandes usuarios. Desde el Gobierno aseguran que esto favorecerá la competencia, respaldará proyectos de generación y ofrecerá mayor previsibilidad a los actores del sector. Además, la compra de combustibles dejará de estar centralizada: cada generador térmico deberá abastecerse por su cuenta, mientras Cammesa conservará su rol de despacho, administración y proveedor de última instancia.
El proceso de reforma también incluye al gas. El Gobierno reafirmó que se respetarán los contratos vigentes del plan hasta 2028. Pero también buscará avanzar hacia un mercado competitivo y autosuficiente que permita atraer capital, garantizar calidad de servicio y sostener el acceso a la energía.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, afirmó en un foro del sector que el calendario de reformas “apunta a descentralizar la gestión de combustibles y la contratación de energía”.
Explicó que las distribuidoras deberán pagar la energía en el MEM o contratarla de forma directa, mientras que los grandes usuarios también tendrán libertad de elección.
Tettamanti condicionó la estabilidad de la transformación a la macroeconomía: “Sin estabilidad fiscal y cambiaria, no hay política pública que funcione. El sector está dolarizado, por eso las decisiones deben ser consistentes con los lineamientos del Ministerio de Economía”. Ante consultas por la volatilidad reciente, señaló que se trata de “turbulencias por dudas políticas”.
En el sector privado coinciden en que la competencia puede traducirse en mejores precios a mediano plazo, aunque admiten que habrá un período de transición con costos más altos. Se calcula un aumento de entre 8 y 10 dólares por MWh para usuarios industriales.
El Gobierno también prepara una licitación para ampliar la red de transmisión eléctrica, con una primera etapa enfocada en el AMBA. El proyecto demandará cerca de 1100 millones de dólares y se ejecutará como concesión de obra pública, con financiamiento privado y recuperación vía tarifas futuras de los usuarios beneficiados. El plazo estimado de construcción ronda los cuatro años.
El verano se perfila difícil en términos de oferta y demanda. Funcionarios y empresas advierten que una ola de calor prolongada puede generar cortes, y que la estrategia oficial será pagar a grandes usuarios para que reduzcan consumo en picos e incluso aporten energía con generadores diésel. La administración insiste en que el sendero elegido permitirá un sistema más eficiente y sostenible, aunque reconoce un período de ajuste antes de que se estabilicen tarifas, inversiones y calidad del servicio.
(TN)
