El proyecto de Presupuesto bonaerense 2026 que tomará estado parlamentario el miércoles próximo fue concebido por el gobernador Axel Kicillof como su principal arma política para confrontar el modelo de austeridad del gobierno de Javier Milei.
El mensaje que incluye la “ley de leyes” es claro y se constituye como una justificación política del gasto, pero no elude la confrontación y establece un diagnóstico lapidario de la situación.
«La economía argentina se encuentra transitando una situación de emergencia a partir de la crisis provocada por las políticas económicas que lleva adelante el Gobierno nacional desde diciembre de 2023”, arranca la herramienta presupuestaria con la que Kicillof se propone resistir al contexto de ajuste.
La necesidad de «blindar» el gasto social y la estructura estatal se basa en la premisa de que el territorio bonaerense es particularmente vulnerable a la recesión que atraviesa el país.
Según el documento oficial, «la provincia de Buenos Aires no es ajena a esta situación general, sino todo lo contrario: por sus propias características, las crisis se amplifican». Esta emergencia obliga a la Provincia a destinar una porción abrumadora de sus recursos al funcionamiento diario.
Las planillas anexas confirman la estrategia: los gastos corrientes (destinados a salarios, servicios, transferencias sociales y funcionamiento de la estructura estatal) consumirán $39.86 billones, lo que representa el 92,6% del total presupuestado, una cifra récord que consolida el enfoque en el sostenimiento de servicios esenciales y la asistencia directa.
Este foco en el gasto corriente se da a costa de la inversión estructural: el gasto de capital (obra pública e inversión directa) apenas alcanza el 7,3% del total. Para poder suplir este déficit, la Provincia envió a la Legislatura el proyecto de endeudamiento, que ronda 3035 millones de dólares.
El gobierno de Kicillof justifica esta baja inversión con una crítica directa a la Casa Rosada. Al déficit económico, «se agrega el abandono del Estado nacional de sus funciones básicas, la interrupción de mil obras inconclusas en el territorio provincial y el recorte de transferencias obligatorias no automáticas», plantea el presupuesto del Ejecutivo provincial.
El mensaje político de la Provincia insiste en que el foco del presupuesto está en paliar el daño social y productivo que genera la recesión.
El Ejecutivo bonaerense afirma que «el entramado productivo se deteriora a gran velocidad, el cierre de empresas se extiende en todo el territorio, el desempleo crece al mismo ritmo que se destruye la producción, los ingresos de las familias se derrumban y la vulnerabilidad social se multiplica».
De esta manera, el Presupuesto 2026 queda definido como un «presupuesto de defensa», un término que sintetiza la posición oficial, donde la mayor partida de gasto se explica por la obligación de sostener la red de contención frente a los efectos que la administración provincial atribuye directamente a las decisiones de la Nación. (NA)
