En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad de la Nación liderado por Patricia Bullrich presentó una denuncia penal contra el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, por considerar que sus recientes declaraciones constituyen una amenaza al orden constitucional y a la vida democrática, y apuntó que el sindicalista instó públicamente a “provocar una crisis” en el Gobierno nacional en medio del debate por la reforma laboral.
Es preciso mencionar que, la acusación fue impulsada por la ministra Patricia Bullrich y formalizada ante la justicia federal por el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos de la cartera que lidera la senadora electa, Fernando Oscar Soto.
Según detalla la presentación, las expresiones de Aguiar fueron pronunciadas durante una entrevista vinculada al inminente envío al Congreso del proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo. Allí el dirigente afirmó: “Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”, frase que el Ministerio consideró una amenaza directa y pública dirigida a afectar el ejercicio del mandato presidencial. Es que, para la cartera de Seguridad, esa declaración no se limita a la crítica sindical sino que podría encuadrarse en los delitos contemplados por los artículos 226 y 226 bis del Código Penal.
Por eso, la denuncia subraya que la intención de “poner en crisis” al Gobierno implica, a criterio del Ministerio, un intento deliberado de incidir en el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y obstaculizar la presentación y el tratamiento de iniciativas legislativas por parte del Poder Ejecutivo.
Al mismo tiempo, el escrito del Ministerio de Seguridad apunta que “no se trata de un comentario aislado”, ya que los dichos fueron ampliamente difundidos en medios de comunicación y en redes sociales como Instagram, X (ex Twitter) y TikTok, lo que refuerza el carácter público y la “potencial gravedad” de la declaración realizada por el titular de ATE.
Por su parte, Bullrich respaldó la decisión en sus redes sociales y calificó a Aguiar como “desestabilizador y golpista”, mensaje que fue replicado por el presidente Javier Milei. La ministra sostuvo que el dirigente sindical “amenazó públicamente al orden constitucional” y consideró indispensable que la justicia intervenga para determinar si sus expresiones constituyen un delito, ya que el Gobierno entiende que este tipo de manifestaciones, provenientes de quien representa a los trabajadores estatales, generan un impacto institucional mayor y pueden inducir a la conflictividad.
En la presentación judicial, Soto calificó las expresiones de Aguiar como “altamente reprochables”, y argumentó que el sindicalista apuntó a condicionar el ejercicio del mandato popular que ejerce el Presidente de la Nación. Es que, el funcionario de Bullrich sostuvo que el llamado a generar una “crisis política” no puede ser interpretado como parte del derecho a la protesta, sino como un acto contrario al orden democrático, y remarcó que la legislación penal contempla sanciones para quienes realicen amenazas públicas e idóneas de atentar contra el Gobierno nacional.
De esta manera, el Ministerio de Seguridad solicitó formalmente a la justicia federal que abra un sumario penal para investigar si las declaraciones de Aguiar configuran el delito de amenaza contra el orden constitucional, con un pedido que incluye que se evalúe la idoneidad de la frase para generar un riesgo institucional y, en caso de corresponder, se avance en una causa penal bajo los artículos señalados.
Cabe recordar que, la denuncia se inscribe en un escenario de debate intenso en torno a la reforma laboral y las protestas impulsadas por diferentes gremios estatales, ya que la discusión gira en torno a los límites entre la libertad de expresión, la acción sindical y la protección del orden constitucional. En este marco, la presentación del Ministerio reavivó el debate sobre el rol de los dirigentes en la emisión de mensajes críticos y sobre el alcance de las figuras penales utilizadas para resguardar el funcionamiento de las instituciones democráticas.
En última instancia, el escrito solicita que el Poder Judicial actúe conforme a derecho y que evalúe la conducta del secretario general de ATE, y determine si sus declaraciones encuadran o no en los delitos previstos por el Código Penal. El Gobierno reiteró que la denuncia busca “preservar la institucionalidad” frente a expresiones que, según su interpretación, exceden la protesta y se acercan a un llamado a la desestabilización.
La respuesta de ATE al Gobierno: “Son sus propios fantasmas los que persiguen a Bullrich”
Tras conocerse la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad, Aguiar respondió con dureza y aseguró que se trata de un intento del Gobierno por “disciplinar y acallar las voces de protesta”, en vísperas del primer paro nacional convocado contra la reforma laboral. Es que, el dirigente sostuvo que la ministra Bullrich “ve sus propios fantasmas”, y advirtió que la denuncia de la administración libertaria “no tiene fundamento jurídico sino un objetivo político”.
En redes sociales, Aguiar cuestionó que el Gobierno lo acuse de amenazar el orden democrático cuando es la propia administración nacional la que incumple la Constitución y vulnera el Estado de Derecho, al tiempo que señaló que el ejemplo más claro es el protocolo antipiquetes y la represión de las protestas de los días miércoles, y afirmó que Bullrich no se conforma “con la Policía, las armas, los palos y los gases lacrimógenos”, sino que ahora busca utilizar la justicia como un mecanismo adicional de persecución.
El secretario general de ATE también señaló lo que considera una “doble vara” del Gobierno, al recordar que el presidente Javier Milei declaró públicamente que quiere “destruir el Estado”, frase que, a su juicio, constituye un mensaje más grave que cualquier expresión sindical. En ese sentido, Aguiar defendió su derecho a cuestionar públicamente la gestión y aseguró que criticar al Ejecutivo “no equivale a atentar contra las instituciones, sino a ejercer la libertad de expresión en un contexto social y económico complejo”.
Finalmente, Aguiar señaló que la denuncia llega a dos días del paro nacional convocado por ATE contra lo que definió como una reforma “regresiva”, y sostuvo que, si el Gobierno cree que una declaración televisiva puede desestabilizarlo, lo que demuestra es “la fragilidad de una gestión que depende del azar financiero y del precio del dólar”.
(Diputados Bonaerenses)
