El éxodo de funcionarios dentro del gobierno no se detiene. Tras el descabezamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), se conoció que Alberto Baños renunció a la Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH). Durante su gestión, Baños degradó la política de derechos humanos y redujo el organismo a una tercera parte. El mes pasado, se presentó ante un comité de las Naciones Unidas para negar la magnitud de los crímenes de la última dictadura y acusar a los organismos de derechos humanos de falsear la verdad.
Baños llegó al cargo de secretario de Derechos Humanos de la mano de su amigo Mariano Cúneo Libarona. No tenía los mejores antecedentes: como juez, no había investigado la desaparición del policía Arshak Karhanyan y había firmado un fallo para que José Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura, saliera de la cárcel.
Su gestión estuvo marcada por los despidos y la presencia de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) controlando los ingresos a la sede de la SDH en el espacio de memoria que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Baños no logró siquiera designar funcionarios clave en la SDH.
El inicio de año fue especialmente violento. Su secretaria avisó por WhatsApp que se cerraba el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y se licenciaba a todo el personal. Pese a las promesas que Baños hizo en distintos medios de comunicación, el Conti no volvió a abrirse. En ese lugar, Baños también había censurado unas jornadas sobre políticas de la memoria que ya estaban en marcha.
En febrero de este año, impidió un recital que habían organizado los organismos de derechos humanos en la exESMA y fue a la justicia para prohibir actividades en El Faro, el sitio de memoria que funciona en Mar del Plata. Estos hechos fueron parte de una política de ir reduciendo la actividad en los espacios de memoria al tiempo que despedía a sus trabajadores.
Baños también promovió la firma de una solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para decir que las acciones de los grupos guerrilleros fueron delitos de lesa humanidad. En el ámbito internacional, también se preocupó por avalar los reclamos de los jueces trasladados por Mauricio Macri a la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, para quedarse en sus cargos.
El golpe final de Baños se produjo en mayo pasado, cuando aceptó la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría. En ese mismo momento, también desjerarquizó el Museo Sitio ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que pasaron a depender del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
Pese a que dependía de él, Baños permitió las campañas que Luis Petri y Patricia Bullrich hicieron contra la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), a la que calificaron como un organismo “militante”.
El mes pasado, Baños se presentó ante el Comité Contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas para responder a los cuestionamientos que se le hacían al Estado. Baños aprovechó su presencia como plataforma para repetir los latiguillos negacionistas que dicen que el número de 30.000 desaparecidos fue construido en la búsqueda de un rédito económico. Tras esos dichos, desde la Red Nacional de H.I.J.O.S. pidieron su renuncia.
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