Desde la Unión de Usuarios Viales cuestionaron el plan de concesiones de las rutas nacionales anunciado y licitado por el gobierno de Javier Milei, y advirtieron que la licitación de estos corredores no significa que obras como el Paso Urbano o la autopista de la ruta nacional 33 vayan a tener continuidad en lo inmediato.
Incluso, mostraron sus dudas y advirtieron sobre el deterioro que puede sufrir lo ya construido y paralizado, después de más de dos años fuera de obra.
Desde la agrupación, que hace un constante relevamiento de las rutas en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, señalaron que determinados tramos de algunas de las carreteras nacionales que atraviesan el Sudoeste Bonaerense, como la 22, 35 y 33, se contemplarían en otras etapas de privatización. La RN 3, se recuerda, ya está incluida en una segunda parte de las compulsas.
“De todas formas, estas licitaciones contemplan trabajos de mantenimiento, como bacheo y señalización, y los pliegos establecen que los concesionarios tienen un plazo de entre seis meses y dos años para algunas de las obras. Mientras tanto, los usuarios estaremos más tiempo parados en las estaciones de peaje, pagando por nada y con el mismo estado de la calzada, que en ritmo de ruta”, señaló Ignacio Zavaleta, referente de la entidad.
Además, advirtió que la autopista en la ruta 33, entre Tornquist y Bahía Blanca, quedó definitivamente relegada entre las prioridades gubernamentales.
“Esa ruta es una de las de mayor importancia logística, pero queda en segundo plano en el plan privatizador, por lo que la ilusión de la autopista quedará para quien sabe cuándo -lamentó-. También hay que tener en cuenta que las obras que quedaron abandonadas hace mucho, sin mantenimiento, se deterioran al punto que, en un hipotético reinicio, habrá que romper algunas cosas para retomar la obra”.
Además, sostuvo que más allá de las concesiones, no está en los planes gubernamentales la ejecución de obras de importancia -NdR: nuevamente, como la conclusión de Paso Urbano o la autopista hacia Tornquist- ya que “los pliegos solo mencionan las obras iniciales (mantenimiento y limpieza), y obras obligatorias (proyectos de infraestructura) y a largo plazo para la rehabilitación de pavimento”.
“Estas obras deben ejecutarlas luego de varios años de cobro de peaje, por lo que nuevamente los ciudadanos estaríamos financiando proyectos que no estamos seguros de que se lograrán”, dijo.
Provinciales
La Unión de Usuarios Viales aseguró que la gran mayoría de las rutas provinciales se encuentra en mal estado.
En ese sentido, calificó como “inexistente” la gestión de las rutas como política de estado bonaerense.
“Entre el 70 y 80 por ciento de las rutas de jurisdicción provincial se encuentra en un estado muy malo”, se explicó.
Al respecto, se aseguró que, mientras tanto, “el Gobierno provincial hace alarde de algunas pocas obras como la Ruta del Cereal -que espera desde hace décadas concluir un poco más de 35 kilómetros-, y la repavimentación de unos escasos 15 kilómetros de la RP 85 en dirección Guaminí-Coronel Suarez”.
“Si bien son obras necesarias, como política de estado es algo inexistente, ya que la red provincial se extiende por más de 11 mil kilómetros”, se explicó.
Política de estado
El referente de Usuarios Viales señaló que es necesario establecer la obra pública vial como política de estado, con una planificación a 20 años como mínimo, con diseño estratégico productivo, integral, turístico y portuario, con el financiamiento asegurado.
“La condición indispensable es que para su implementación debe contar con la previsión del financiamiento. Sin ello sucede lo que padecemos hoy: improvisaciones con estrategias inconsistentes, llegando hasta la actualidad con una red vial obsoleta, peligrosa y desactualizada”, advirtió.
Al respecto, sostuvo que actualmente se pagan “miles de millones de dólares anuales en concepto de tasas e impuestos, en combustibles líquidos, neumáticos, entre otros, que debieran aplicarse sistemáticamente en la red vial y obras hídricas, en el marco de un plan sistémico y permanente”.
“La provincia de Buenos Aires aporta la mayor parte de ingresos de la Nación, es la que cuenta con la red vial más extensa y en ella nos multiplicarán por tres o cuatro las estaciones de peaje -señaló-. Esto es, sin dudas, una estafa a la sociedad sin dudas, ya que el despojo que sufriremos no será suficiente”.
Además, recordó que la entidad ha propuesto -en todos los ámbitos- soluciones de fondo, aunque sin acompañamiento político.
“Sin embargo, ahora que no se puede obviar el deterioro, han aparecido gobernadores e intendentes solicitando hacerse cargo del mantenimiento y/o reconstrucción de tramos de rutas, cuando ni siquiera pueden mantener la red de caminos rurales en sus distritos”, lamentó.
“Nada nuevo que no hayamos visto”
A través de un comunicado, la entidad señaló que lo anunciado por el gobierno de Javier Milei es “nada nuevo que no hayamos visto”.
“Se repite el esquema ilusorio que lleva 30 años y que solo ha sangrado a los ciudadanos en miles de millones de dólares, logrando el colapso de la red vial, basado en cobro de peaje que solo beneficia a empresas, muchas de ellas históricas socias de la corrupción de la obra pública”, se denunció.
En ese sentido, se explicó que “nuevamente se juega perversamente con la ilusión de la gente de tener autovías o rutas seguras, por donde transitar y que la muerte no esté acechando en cada kilómetro”.
“Cuando no se encaran y planifican soluciones de fondo, y solo se maquilla la gestión, el problema se repite y cada vez con mayor dificultad, siempre yendo detrás suyo -se explicó-. Mientras la red vial terrestre se deteriora a punto tal que se torna de alto riesgo, encarece la logística y aísla regiones, hasta el punto de no retorno”.
Al respecto, el representante de la entidad, Ignacio Zavaleta, aseguró que hoy el debate por el valor del peaje es secundario.
“La cuestión de fondo es que se continuará con un sistema que agravará el contexto, ya que ni siquiera detendrá la dinámica de deterioro, continuando con rutas angostas, rotas y emparchadas y vueltas a emparchar, con obras menores e insignificantes dado la magnitud de su extensión”, dijo.
Asimismo, explicó que la protección de la Ley recaerá sobre el usuario y no sobre el concesionario, por más que no cumpla con lo acordado.
“Hay que pagar sí o sí, aunque la razón esté del lado del usuario. El lema es ‘pague y después reclame’, actuando con absoluta impunidad”, dijo. (La Nueva)
