La Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el Poder Ejecutivo, será tratada este viernes en el Senado y podría quedar convertida en ley. La norma propone una profunda reforma del sistema tributario y penal, con el objetivo declarado de simplificar el cumplimiento impositivo y reducir la litigiosidad.
El proyecto introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), a la Ley de Procedimientos Fiscales (11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación, además de crear un Régimen de Declaración Jurada Simplificada y un nuevo “Régimen Simplificado de Ganancias”.
Según el Gobierno, quienes adhieran a este régimen quedarán “blindados para siempre”. El esquema estará disponible para contribuyentes con un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos y establece que no deberán informar variaciones patrimoniales ni se controlarán sus consumos.
En este marco, ARCA solo liquidará el impuesto a las Ganancias sobre los ingresos facturados, independientemente de cualquier crecimiento patrimonial, que no será objeto de control. A partir de esa base imponible, se deducirán los consumos declarados.
El artículo 39 del proyecto establece el “efecto liberatorio del pago”, siempre que el contribuyente acepte el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y abone en término, salvo que se hayan omitido ingresos.
En materia penal, la iniciativa eleva de forma considerable los umbrales para tipificar delitos tributarios. El monto para considerar evasión simple pasa de $1.500.000 a $100.000.000, mientras que la evasión agravada solo se configurará cuando el monto evadido supere los $1.000 millones, dejando atrás el piso anterior de $15 millones.
Otro punto clave es la reducción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, que baja de cinco a tres años. Además, ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela las deudas y los intereses correspondientes, aunque este beneficio solo podrá utilizarse una vez por contribuyente.
En los casos en los que la denuncia aún no esté radicada, la acción penal quedará extinguida si el contribuyente regulariza la deuda y paga un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.
Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, también contempla un endurecimiento de las sanciones económicas por la presentación fuera de término de las declaraciones juradas, incrementando los montos de las multas previstas.
El debate en la Cámara alta será clave para definir el futuro de una iniciativa que genera expectativa en el sector privado y fuertes cuestionamientos desde la oposición, por el impacto que podría tener en el control de la evasión y la equidad del sistema tributario.
