El Ministerio de Salud Pública (MSP) ultima detalles de la reglamentación de la eutanasia en Uruguay, luego de su aprobación en el Parlamento en octubre pasado, y apunta a comenzar su implementación en abril.
Con la aprobación del proyecto en el Parlamento en octubre, gracias a el apoyo de legisladores de los tres principales partidos, Uruguay se convirtió en el primer país de la región en sancionar una ley respecto de la regulación del acceso a una «muerte digna». El Poder Ejecutivo no tardó en promulgarla, pero, desde entonces, no hubo mayores novedades respecto de cuándo podría comenzar a implementarse la normativa que permitirá a personas mayores de edad y cursando una enfermedad terminal incurable o irreversible elegir la eutanasia.
Ahora, desde el gobierno afirmaron que una comisión trabaja en los detalles técnicos y administrativos para dicha implementación. Según explicó el diputado del Frente Amplio (FA), Federico Preve, a Telenoche, uno de los objetivos es definir el procedimiento y los formularios que estarán incluidos en el mismo. Otro aspecto que se analiza es el lugar en el que podrá llevarse a cabo la «muerte digna» —por ejemplo, entre el centro hospitalario o el hogar—, que podría ser elegido por el paciente, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas y sea coordinado con el sistema mutualista y con la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).
Asimismo, también se busca detallar los fármacos y las vías de administración que se utilizarán para los procesos de eutanasia. “Lo primero que queremos dejar en claro es la tranquilidad que los fármacos que se utilizan son ampliamente conocidos por el cuerpo médico, son fármacos que si bien las combinaciones de ellos se utilizan para la letalidad que esto implica”, afirmó Preve.
El protocolo, que estaría listo para reglamentar la ley en abril, incluirá los pasos del procedimiento, mecanismos de seguridad y la conformación de los equipos de salud que participarán en la aplicación. En ese sentido, la reglamentación buscará brindar garantías tanto a los pacientes como a los prestadores de salud.
¿Qué establece la ley de eutanasia?
El artículo 3 de la ley de eutanasia define este procedimiento como aquel «realizado por un médico o por su orden, para provocar la muerte” de una persona en determinadas condiciones de salud.
La normativa especifica que podrá acceder toda persona mayor de edad “psíquicamente apta” que esté cursando “la etapa terminal de una patología incurable e irreversible o que, como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles, padezca sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida”.
El paciente deberá entregar una solicitud “personalmente a un médico, por escrito, que firmará en su presencia”; o a través de otra persona mayor de edad, en un acto en el que deben estar todas las partes presentes. El personal de salud proporcionará toda la información sobre tratamientos disponibles alternativos y corroborar que la voluntad de acceder a la eutanasia sea «libre, seria y firme», en un plazo máximo de hasta tres días. Luego, corresponderá la confirmación de un segundo profesional y la eventual ratificación del paciente respecto de su decisión ante dos testigos que no puedan beneficiarse económicamente a causa de su muerte.
La ley también establece que los médicos pueden rechazar el procedimiento por diferentes razones, como “la objeción de conciencia”, aunque la institución debe siempre garantizar la prestación del servicio. En ese caso, la persona solicitante puede avanzar con un nuevo pedido a otro profesional y, si este rechazara (en un lapso no mayor a tres días), se convocará a una junta médica para evaluar el caso en los próximos cinco días. Dicha junta debe conformarse con un psiquiatra, un especialista en la patología en cuestión y un tercer médico a definir.
(Ambito)
