l oficialismo, luego de conseguir media sanción para el Proyecto de Modernización Laboral en el Senado, este jueves 19 de febrero busca dar el paso definitivo en la Cámara de Diputados. Uno de los principales argumentos del Gobierno durante el tratamiento legislativo fue la necesidad de reducir la litigiosidad laboral y poner fin a lo que denomina “la industria del juicio”, aunque distintos abogados laboralistas advierten que el efecto podría ser el inverso.
Abaratar costos judiciales, reducir indemnizaciones, modificar el período de prueba y facilitar las condiciones de despido aparecen como algunas de las llaves que La Libertad Avanza busca consolidar con el proyecto que se debate hoy en la Cámara baja, en un contexto de alta conflictividad laboral y caída del empleo registrado.
Será más barato despedir
Uno de los cambios centrales del proyecto tiene que ver con el costo de los despidos sin causa. Según explicó Lucas Battiston, abogado laboral del estudio PASBBA, “la fórmula de despido sin causa sigue siendo la misma, un sueldo por cada año trabajado”, pero la reforma introduce precisiones clave sobre cómo se calcula esa indemnización.
En ese sentido, Battiston detalló que el artículo 245 reformado establece que “no se consideran las vacaciones, el aguinaldo, ni bonos, premios, etcétera, que sean de pago no mensual”. Si bien aclaró que este criterio ya se aplicaba en la Justicia Nacional del Trabajo, señaló que, en otras jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires, el aguinaldo sí formaba parte de la base de cálculo.
Otro punto relevante es el tratamiento de las remuneraciones variables. “Antes, por un plenario de la Cámara del Trabajo, se tomaba la más alta; con esta reforma se toma el promedio, y ahí sí hay un abaratamiento del costo de despido”, explicó Battiston, al tiempo que recordó que se mantiene el tope de convenio y la doctrina del fallo “Vizzoti”, que impide una reducción superior al 33% de la base indemnizatoria.
Desde una mirada más crítica, el abogado laboralista Nahuel Altieri consideró que el despido se abarata por dos vías adicionales. “Los adicionales que antes integraban la indemnización pasan a ser beneficios sociales y dejan de computarse”, sostuvo, y advirtió que parte de la compensación se financiaría a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), “utilizando recursos que hoy van a las jubilaciones”, lo que podría generar futuras controversias judiciales.
Período de prueba: qué cambia y qué no
En relación con el período de prueba, Battiston fue categórico: “no hay una ampliación con esta ley”. Según explicó, el plazo continúa siendo de seis meses, tal como lo estableció la Ley Bases, con la posibilidad de extenderlo a ocho o doce meses solo por convenio colectivo en empresas pequeñas, algo que -según afirmó- casi no se aplica en la práctica.
El cambio concreto, aclaró, está en el preaviso. “Hasta ahora, si despedías a alguien en período de prueba tenías que pagar 15 días de preaviso; si se aprueba esta ley, esos 15 días ya no se pagarían”, detalló, lo que reduce el costo de las desvinculaciones tempranas.
Altieri coincidió en que el período de prueba ya había sido extendido previamente, pero advirtió que la combinación de plazos más largos y menores costos puede impactar en la dinámica del empleo. “Hoy ya existe mucha rotación laboral y puede aumentar porque se abarata despedir, tanto para trabajadores nuevos como para los de mayor antigüedad”, señaló, aunque aclaró que el fenómeno también responde a cambios generacionales y dificultades para retener talento.
Battiston, en cambio, relativizó ese impacto y expresó una opinión personal crítica sobre la extensión del plazo. “Seis meses me parece excesivo; tres meses eran suficientes para evaluar si un trabajador sirve o no”, sostuvo, y remarcó que el objetivo del período de prueba es exclusivamente evaluativo.
Juicios laborales, intereses y pago en cuotas
En el capítulo judicial, el proyecto introduce dos cambios de peso. Por un lado, unifica el criterio de intereses, que pasarían a calcularse con “IPC más 3%”. Para Battiston, esta medida es razonable porque “evita que el trabajador pierda poder adquisitivo en un crédito que es alimentario” y elimina la disparidad de criterios entre provincias.
El otro punto es la posibilidad de pagar sentencias laborales en cuotas: hasta seis para grandes empresas y hasta doce para PyMEs. Battiston consideró que esta novedad puede aliviar a empresas con dificultades financieras, pero la cuestionó desde el punto de vista jurídico. “Es difícil de defender que el deudor le imponga al acreedor cómo va a cobrar una sentencia”, advirtió.
En una lectura más cauta del proyecto, el abogado laboralista, Gastón Ferretti, sostuvo que la reforma no implica, en los hechos, un abaratamiento del despido. “No se abarata ni se encarece el costo de despedir; lo que hace la reforma es establecer reglas más claras y previsibles”, afirmó, y subrayó que el régimen indemnizatorio “continúa exactamente igual al vigente hasta ahora”, con un mes de salario por año trabajado más el preaviso correspondiente.
Ferretti también coincidió con Battiston en que no hay cambios adicionales en el período de prueba y rechazó que la reforma impulse una mayor rotación laboral.
“El costo del despido sigue siendo el mismo que veníamos teniendo hasta hoy”, sostuvo, y definió al Fondo de Asistencia Laboral como “un mecanismo de previsión financiera que no reemplaza ni reduce derechos, sino que facilita el cumplimiento de las obligaciones indemnizatorias”, una mirada que contrasta con las advertencias de Altieri sobre su impacto previsional y su posible judicialización.
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