El 24 de marzo de 1976, Argentina se sumió en una larga noche de represión que se extendió durante siete años y medio. Un golpe de Estado que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, Isabelita, instaló una Junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Ramón Agosti. Se trató de la dictadura más sangrienta de Latinoamérica, una región que atestiguó el ascenso al poder de los regímenes militares como un mecanismo para contener el avance del socialismo en la segunda mitad del siglo XX.
La Junta militar, en consonancia con sectores civiles como el empresariado y el eclesiástico, disolvió los poderes legislativos, suspendió las garantías constitucionales, prohibió los sindicatos e instauró una maquinaria de censura y terrorismo de Estado contra todo aquél que era considerado subversivo o sospechoso de serlo. Aunque el total de detenidos, asesinados y desaparecidos es una cifra cambiante por la clandestinidad de los crímenes, el consenso entre organismos de derechos humanos sitúa en 30.000 las víctimas del terrorismo de Estado, un número simbólico que a 50 años del inicio de la dictadura, resume el largo y sinuoso camino de la búsqueda de verdad, reparación y justicia, una lucha cuya cara más visible es la de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y que ha atravesado por distintas etapas en tribunales, incluyendo el primer juicio civil a una dictadura por crímenes contra la humanidad.
A 50 años del último golpe de Estado en la Argentina: cómo será la marcha en Plaza de Mayo
50 años no es un número más. Se cumple medio siglo del 24 de marzo de 1976, el día que ocurrió el último golpe de Estado en la Argentina. Fue el más sangriento, juzgado en centenares de juicios, y el que cambió la economía argentina a favor de la valorización financiera y la apertura. Para un aniversario tan especial, los organismos de derechos humanos y organizaciones políticas preparan una marcha masiva que culminará con un acto a las 16:30 en Plaza de Mayo. Allí se leerá un documento único con condenas a la dictadura y criticas al Gobierno.
Lo que se lea en el documento será una muestra de la mala relación entre los organismos de derechos humanos y el Gobierno. Ese vínculo ríspido provocó algp impensado tiempo atrás. Por segundo año consecutivo habrá una marcha unificada entre los dos bloques mayoritarios del mundo DDHH: los que se nuclean en torno a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y son cercanos al kirchnerismo y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia donde agrupaciones y partidos de izquierda marcaban diferencias irreconciliables con el peronismo. Este 24 de marzo compartirán Av. de Mayo y las calles del centro porteño. También el escenario principal.
El Juicio a las Juntas
En diciembre de 1983, apenas cinco días después de asumir, el Gobierno de Raúl Alfonsín que significó el regreso a la democracia creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), una comisión de la verdad presidida por el escritor Ernesto Sábato, y ordenó la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El célebre informe de la Conadep, Nunca más, recopiló más de 8.000 casos de torturas y asesinatos cometidos por los militares y sirvió de base para edificar la acusación del fiscal Julio César Strassera contra la Junta militar en el primer juicio por terrorismo de Estado realizado por una democracia. El 9 de diciembre de 1985, tras ocho meses de juicio y 90 jornadas de audiencias orales, el Juicio a las Juntas concluyó con las condenas de Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Orlando Agosti.
Las “leyes del perdón”: obediencia debida y punto final
Un año después de la sentencia, la presión de la cúpula militar después de tres intentos de levantamientos llevó al Gobierno a promulgar las “leyes del perdón”, un par de iniciativas que sirvieron como un instrumento legal para frenar los juicios contra los militares de rangos medios y bajos por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y por lo tanto, garantizar su impunidad. Mientras la Ley de Punto Final de 1986 estableció la paralización de los procesos judiciales en curso contra los autores penalmente responsables de desaparición forzada, la Ley de Obediencia Debida de 1987 decretó la no culpabilidad de militares de bajo rango al actuar en cumplimiento de las órdenes de sus superiores.
Los indultos de Menem
Entre 1989 y 1990, una decena de decretos presidenciales firmados por Carlos Menem bajo el argumento de alcanzar la pacificación nacional concedieron el indulto a los jerarcas del régimen presos en el Juicio a las Juntas, además de otros líderes de organizaciones guerrilleras, civiles y militares procesados. Los indultos provocaron protestas multitudinarias en contra de la impunidad y reafirmaron la urgencia de una sociedad en búsqueda de verdad y justicia.
Las “leyes del perdón” se mantuvieron vigentes por dos décadas, hasta que en 2003 el presidente Néstor Kirchner anuló ambas normas, reactivando las causas paralizadas desde finales de la década de los ochenta. Dos años después, la Corte Suprema declaró inconstitucionales ambas leyes y reafirmó la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad.
Las causas abiertas a medio siglo del inicio de la dictadura militar
Desde 2006 hasta hoy, un total de 1.231 personas han sido condenadas por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en 361 sentencias. Según el último revelamiento de la Procuraduría, existen 12 juicios en curso y 282 causas en etapa de investigación preliminar.
El Gobierno de Milei, entre el negacionismo y los recortes de presupuesto a derechos humanos
Argentina asiste al medio siglo del inicio de su última dictadura militar en democracia, pero con un discurso oficial que pone énfasis en suavizar los crímenes del terrorismo de Estado a partir de una narrativa que asegura que el país atravesaba una “guerra contra el comunismo” y equipara los atentados de grupos guerrilleros con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El Gobierno de Milei también cuestiona abiertamente la cifra de 30.000 desaparecidos y mantiene un asedio constante —a través de recortes presupuestales y un proceso de desjerarquización— a los organismos públicos enfocados en la memoria y los derechos humanos. Los más notorios, la reducción de la Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría y el recorte al Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria ESMA, instalado en el mismo sitio que hace cinco décadas se estableció como un campo de concentración y tortura de la Escuela de Mecánica de la Armada.
