El juez Ariel Lijo, que tiene la causa por presunto enriquecimiento ilícito, levantó el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, con el objetivo de profundizar el análisis sobre su situación patrimonial y financiera en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La medida había sido solicitada más temprano por el fiscal Gerardo Pollicita.
La decisión apunta a habilitar a los investigadores a acceder a información detallada sobre cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y posibles vinculaciones con billeteras virtuales. Se trata de un paso relevante dentro del expediente, que busca reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y contrastarla con los datos declarados ante los organismos de control.
En paralelo, la fiscalía solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información sobre la situación fiscal y patrimonial de Adorni y Angeletti. El requerimiento apunta a obtener registros oficiales que permitan verificar ingresos, bienes y movimientos financieros en el período bajo análisis.
La causa, que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py bajo la órbita del fiscal Gerardo Pollicita, tiene como eje la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, concretada el 18 de noviembre de 2025 por un valor declarado de 230 mil dólares. La operación quedó bajo análisis por la estructura financiera utilizada para llevarla adelante.
De acuerdo con los registros del expediente, la compraventa incluyó una hipoteca por 200 mil dólares otorgada por las propias vendedoras del inmueble, sin interés y con un plazo de devolución de un año. Este esquema, definido como una compraventa con saldo de precio financiado, fue ratificado por la escribana interviniente, Adriana Mónica Nechevenko, quien declaró que “no hubo préstamos de dinero, así, en efectivo, no hubo” y sostuvo que se trató de “una operación normal”, sin irregularidades.
Sin embargo, la fiscalía mantiene bajo estudio la lógica económica del acuerdo, en particular la ausencia de intereses en la financiación. En ese contexto, el levantamiento del secreto fiscal y bancario apunta a determinar si existen elementos que permitan explicar la operatoria y su encuadre dentro del patrimonio del funcionario.
La medida se suma a una serie de diligencias que se vienen desarrollando en las últimas horas. Entre ellas, los operativos realizados en sucursales de la inmobiliaria que intervino en la operación y la citación de diversos testigos vinculados a la compraventa. También fue convocado a declarar Pablo Martín Feijoo, quien figura como la persona que realizó la reserva del inmueble y deberá presentarse con su teléfono celular.
Además, la Justicia prevé citar a un nuevo testigo para indagar específicamente sobre obras realizadas en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, otro de los puntos bajo análisis dentro del expediente. Ese inmueble está vinculado a Angeletti y forma parte del conjunto de operaciones inmobiliarias que los investigadores buscan examinar en forma integral.
El origen de la causa se remonta a una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni. Según su planteo, el patrimonio del funcionario habría registrado un incremento significativo en un período fiscal, junto con posibles omisiones en la información presentada. (tn)
