La comunidad menonita asentada en el corazón de La Pampa quedó en el centro de la escena internacional tras la publicación de una investigación del diario español El País, que revela situaciones de violencia, aislamiento y restricción de derechos dentro de la colonia “La Nueva Esperanza”.
El trabajo periodístico, realizado por la periodista Delfina Torres Cabreros, pone el foco en las historias de María, Elizabet y Katherina, tres mujeres que decidieron romper con las normas de una comunidad cerrada y patriarcal, donde —según denuncian— rigen prácticas que limitan la libertad individual y el acceso a derechos básicos.
De acuerdo al informe, Elizabet y Katherina escaparon a principios de este año, primero a caballo y luego en un vehículo, tras años de maltratos físicos y sometimiento. Dentro de la colonia, denuncian, las mujeres tienen prohibido acceder a educación formal, utilizar tecnología o aprender español, en un esquema que mantiene costumbres de siglos pasados.
La situación derivó en la intervención de la Justicia pampeana, a través de la Defensoría General. El defensor Martín Saravia fue contundente al señalar que “la identidad cultural no puede justificar prácticas que vulneren derechos fundamentales”, marcando un límite frente a la autonomía de estas comunidades.
Sin embargo, el escenario para las mujeres es complejo. Al haber crecido bajo un sistema cerrado, sin acceso a formación ni independencia económica, enfrentan serias dificultades para insertarse laboralmente, lo que incluso pone en riesgo la tenencia de sus hijos, frente a una comunidad con fuerte respaldo económico y estructura organizada.
El informe también expone una fuerte contradicción interna: mientras la colonia cuenta con unas 140 metalúrgicas que producen insumos para todo el país y dinamizan la economía regional, puertas adentro se registran situaciones de analfabetismo forzado y castigos físicos por conductas consideradas inapropiadas, como no usar vestimenta obligatoria o intentar acceder a un celular.
En ese contexto, María, quien logró abandonar definitivamente la colonia en 2019, denunció amenazas de muerte e intentos de quitarle a sus hijos, señalando un patrón de hostigamiento hacia quienes deciden abandonar la comunidad.
Actualmente, las tres mujeres viven en condiciones precarias y bajo estado de alerta. Katherina se encuentra alojada en un hotel en Santa Rosa con asistencia estatal, mientras que Elizabet reside en Macachín, subsistiendo con trabajos informales y a la espera de resoluciones judiciales vinculadas a cuotas alimentarias o división de bienes.
El caso expone no solo la situación interna de la colonia, sino también un debate más amplio sobre los límites entre la libertad religiosa y la protección de los derechos humanos, interpelando a las instituciones provinciales frente a una problemática de alta complejidad social y cultural.
(Con información de El País y Diario de La Pampa con fotos de Anita Pouchard Serra)
