El plan de reestructuración impulsado por el gobierno nacional sobre los organismos del Estado avanza con fuerza y ya sacude las estructuras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El programa de retiros voluntarios, promovido por el presidente del instituto, Nicolás Bronzovich, y financiado de manera directa por el ministerio de Economía, concretó una fecha clave este lunes 15 de junio: una nueva tanda de 380 agentes dejó formalmente sus funciones, elevando el total de desvinculaciones a 757 en todo el territorio nacional.
La iniciativa oficial forma parte de una política de fuerte reducción del gasto público y tiene como meta final recortar en aproximadamente un 20% la planta de personal del INTA.
Actualmente, el organismo de investigación técnico-agropecuaria cuenta con unos 5750 trabajadores en sus distintas dependencias, pero el objetivo de las autoridades nacionales es achicar esa estructura hasta consolidar una planta de 4500 empleados.
Para lograrlo, los funcionarios de Economía se fijaron un cupo máximo de 1200 adhesiones voluntarias, un número al que se van acercando a medida que se revisan los expedientes.
Además de las bajas ya efectivizadas, el Consejo Directivo del INTA evalúa contrarreloj unos 150 casos adicionales que aguardan resolución.
Impacto territorial
Aunque el impacto es de carácter federal, el goteo de técnicos y especialistas ya se siente con fuerza en las agencias de extensión rural y estaciones experimentales del interior. Si bien las autoridades nacionales no publicaron todavía una grilla oficial que discrimine el total de desvinculaciones localidad por localidad debido al dinamismo del proceso, el impacto en el mapa bonaerense ya arroja los primeros datos concretos sobre el desarme de los equipos de campo.
En la localidad de Rauch, por ejemplo, se confirmó que son ocho los trabajadores de la agencia local que se acogieron formalmente al programa de retiro y dejaron de prestar servicios para la institución agraria.
A la par de lo ocurrido en Rauch, el impacto del achique estatal se hizo sentir con fuerza en el norte bonaerense, sacudiendo la estructura de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) San Pedro. En dicha sede, nueve trabajadores decidieron adherirse al programa de retiro voluntario, una cifra que encendió alarmas en el sector productivo regional ya que la nómina incluye a la propia directora de la institución, la ingeniera agrónoma Laura Hansen.
Esta sensible baja en la cúpula de conducción de una de las estaciones clave para la fruticultura, la horticultura y el desarrollo agroindustrial del corredor del Paraná expone de manera cruda cómo la reestructuración oficial avanza sin distinguir jerarquías ni trayectorias técnicas.
Este fenómeno de pérdida de personal se replica de manera silenciosa en decenas de municipios de la región pampeana, el NOA y la Patagonia, donde los profesionales del instituto cumplen tareas esenciales de asistencia técnica a pequeños y medianos productores, monitoreo de cultivos y desarrollo genético.
Tranqueras adentro de la institución, el descontento de los trabajadores no tardó en hacerse oír, centrándose la polémica en la letra chica de los acuerdos económicos.
Según lo establecido en la normativa vigente, los agentes aceptados percibirán una compensación extraordinaria equivalente a un sueldo y medio por cada año de servicio, liquidado en una única cuota en un plazo de 30 días.
Sin embargo, el ministerio de Economía resolvió financiar estrictamente los años desempeñados bajo la modalidad de planta permanente, dejando bajo “observaciones particulares” las antigüedades acumuladas mediante contratos transitorios previos.
Como contrapartida legal, quienes firmaron su salida tendrán prohibido por ley volver a ingresar a cualquier órbita de la administración pública nacional por los próximos cinco años.
Con un costo fiscal estimado que ya supera los $101.700 millones aportados por las arcas que conduce Luis Caputo, el plan de retiros abre un enorme signo de pregunta sobre la capacidad operativa futura del INTA.
El gran desafío del campo y las entidades agropecuarias será evaluar el impacto real de este achique en la transferencia tecnológica y el soporte científico de cara a las próximas campañas. (TN)
