La crisis política que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, escaló un nuevo peldaño esta semana. Diputados y senadores de la oposición avanzaron con proyectos para activar una moción de censura en su contra, una herramienta constitucional inédita que nunca fue utilizada desde su incorporación a la Carta Magna hace más de tres décadas.
El detonante fueron las rectificaciones que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción para modificar sus declaraciones juradas de los últimos años, incorporando bienes y fondos que inicialmente no habían sido informados. La situación derivó además en cuestionamientos políticos y judiciales que colocaron al principal funcionario del gabinete libertario bajo una presión creciente.
Qué es la moción de censura
La moción de censura está contemplada en el artículo 101 de la Constitución Nacional y fue incorporada durante la reforma de 1994, cuando también se creó la figura del jefe de Gabinete de Ministros.
Se trata de un mecanismo de control político mediante el cual el Congreso puede retirar su confianza al funcionario encargado de coordinar la administración nacional. A diferencia de un juicio político, no requiere la comprobación de un delito ni una condena judicial. Basta con que ambas cámaras consideren que el funcionario ya no reúne las condiciones políticas necesarias para continuar en el cargo.
La Constitución establece un procedimiento en dos etapas. Primero debe aprobarse una interpelación para que el jefe de Gabinete comparezca ante el Congreso y responda preguntas de los legisladores. Luego puede impulsarse formalmente la moción de censura.
Para prosperar, la medida requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Si ambas cámaras la aprueban, el jefe de Gabinete queda removido de manera inmediata.
Hasta el momento, ningún jefe de Gabinete atravesó este proceso. Por eso, de avanzar la iniciativa opositora, Adorni podría convertirse en el primer funcionario en enfrentar una instancia de este tipo desde el retorno de la democracia y la reforma constitucional.
El frente político se complica
En Diputados, los bloques opositores ya impulsaron proyectos para citar a Adorni a una interpelación. Entre ellos se encuentran iniciativas de Unión por la Patria y de sectores provinciales. En paralelo, el bloque justicialista del Senado trabaja en una estrategia similar para acelerar el tratamiento de una eventual censura política.
La oposición sostiene que el funcionario incurrió en contradicciones públicas respecto de su patrimonio. Los cuestionamientos se centran en la omisión de más de medio millón de dólares en declaraciones juradas anteriores, su adhesión junto a su esposa al régimen de Inocencia Fiscal y las diferencias entre las explicaciones actuales y las brindadas previamente ante el Congreso y los medios de comunicación.
En declaraciones recientes, el diputado Esteban Paulón aseguró que Adorni «le mintió al Congreso» y consideró que la relación de confianza necesaria entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo quedó dañada. En la misma línea, desde Unión por la Patria sostienen que el funcionario perdió credibilidad ante el Parlamento y reclamó que comparezca nuevamente para brindar explicaciones.
Las rectificaciones patrimoniales
La polémica se desató luego de que Adorni reconociera que parte del crecimiento de su patrimonio provenía de inversiones en criptomonedas que no habían sido declaradas oportunamente. Según explicó, decidió no informarlas porque desconfiaba de la «vieja política».
Posteriormente presentó declaraciones juradas rectificativas correspondientes a 2023 y 2024. Allí incorporó tenencias en criptomonedas y más de 500 mil dólares en efectivo que, según afirmó, provenían de la venta de activos digitales.
También declaró como propios porcentajes de inmuebles que anteriormente no figuraban en sus presentaciones: una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y parte de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito.
De acuerdo con la última declaración presentada, el patrimonio neto del jefe de Gabinete asciende a más de 627 millones de pesos. Comparado con la declaración original que había presentado al ingresar al Gobierno, el incremento nominal supera el 2.200%, mientras que en términos reales, descontando inflación, ronda el 416%.
El hielo resquebradizo
Aunque el oficialismo conserva herramientas para bloquear una eventual censura, el escenario expone una situación inédita para la administración de Javier Milei. El mecanismo constitucional exige mayorías difíciles de reunir, pero la sola activación del procedimiento implica un desgaste político significativo.
Más aún cuando Adorni enfrenta simultáneamente cuestionamientos patrimoniales, investigaciones judiciales y acusaciones de haber brindado información inconsistente ante el Congreso. La discusión ya no gira únicamente sobre el origen de sus bienes, sino sobre la confianza política que debe sostener quien actúa como principal articulador entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento.
Por ahora, la remoción aparece como una posibilidad remota. Sin embargo, el avance de la oposición coloca a Adorni sobre un terreno institucional desconocido y políticamente frágil: el de una moción de censura que, aunque nunca fue aplicada, fue diseñada precisamente para situaciones en las que el Congreso considera que un jefe de Gabinete ha perdido la confianza necesaria para seguir ejerciendo el cargo.
(La Tecla)
