Cada vez que un automovilista carga nafta paga un impuesto del 5% cuyo destino específico son las obras para evitar inundaciones en campos y pueblos. En el GNC, la alícuota es del 9%. Sin embargo, al 6 de abril de 2026, el fondo que se alimenta de ese impuesto tenía $34.922 millones en cuentas a la vista y otros $258.000 millones en Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos. Es decir que el 88% del dinero del fondo está prestado al Estado nacional.
El dato fue informado por el Ministerio de Economía al Congreso en el Informe 145 de la Jefatura de Gabinete, aunque sin precisar a qué obras estaban afectados esos recursos.
La ley 26.181 del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica establece que el Estado debe garantizar la “intangibilidad de los bienes” del fideicomiso y la estabilidad del impuesto, que “no constituye recurso presupuestario alguno” y solo puede destinarse a los fines establecidos por la propia norma. Entre ellos figuran las obras hídricas, la recuperación de tierras productivas, la mitigación de inundaciones y el saneamiento. Las Letras del Tesoro no aparecen entre esos destinos.
Los números desde diciembre de 2023
Al 31 de diciembre de 2024 el fideicomiso acumulaba un resultado financiero positivo de $85.219 millones, según el informe de ejecución presupuestaria de la Oficina Nacional de Presupuesto citado en un pedido de informes de la Coalición Cívica. Un informe del gobierno bonaerense calculó que, entre 2024 y el primer trimestre de 2025, el fondo recibió unos $175.000 millones y aplicó $13.011 millones a obras: un 7,45%.
Durante 2025 el patrón se mantuvo. Hasta mayo se habían presupuestado $83.608 millones para obras y ejecutado $12.101 millones: el 14,47%. Para 2026, el Presupuesto proyecta una recaudación de $321.290 millones y prevé un gasto de capital de $260.199 millones, aunque no detalla qué obras serán financiadas.
Veintiocho obras neutralizadas
Ante un pedido de acceso a la información, la Secretaría de Obras Públicas informó a mediados de 2025 que el fondo financia 49 obras y que 28 se encuentran neutralizadas. El dato consta en el proyecto 2642-D-2025 de la Cámara de Diputados.
Entre ellas está una obra que el propio Gobierno catalogó como prioritaria: la Etapa 2 del Tramo IV del Plan Maestro del Río Salado, poco más de 30 kilómetros de dragado en una cuenca de 17 millones de hectáreas que alcanza a 59 municipios.
Los trabajos se detuvieron en febrero de 2025 y la paralización quedó formalizada mediante actas que invocaron como fundamento el decreto 70/2023 de emergencia económica. En octubre, después de una reunión con la Mesa de Enlace, el Gobierno anunció su reactivación.
Seis meses después informó avances de 13,88%, 58,63% y 31,69% en los tres subtramos. El cronograma original establecía que debían estar terminados en mayo de 2025.
La respuesta oficial
Los diputados preguntaron por qué las obras estuvieron frenadas durante 2025 si el financiamiento salía de ese fideicomiso. El Gobierno no respondió ese punto. Explicó, por otra parte, que se trata de un fondo extrapresupuestario y que “por tal motivo no registra subejecuciones presupuestarias”. Agregó que “el monto abonado es en función de la certificación”.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, definió a los fondos fiduciarios como “un mecanismo para generar caja” y celebró cada cierre como un avance hacia “una sociedad con menos corrupción”. Sobre la infraestructura fue terminante: “La obra pública no vuelve más”.
El fondo hídrico, sin embargo, no fue eliminado. Tampoco el impuesto que lo financia, que permanece vigente hasta 2035.
Las críticas
El cuestionamiento más duro no surgió del kirchnerismo, sino del sector agropecuario y de la oposición dialoguista. “Es una vergüenza que Milei use los recursos del Fondo Hídrico para la timba financiera”, afirmó la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza (UCR-Cambio Federal), quien habló de “290.000.000.000 de pesos puestos en el circuito financiero y no en el Salado”.
Alberto Larrañaga, integrante del Consejo Asesor del Plan Maestro del Salado, reclamó un mecanismo público para seguir el recorrido de los fondos. Ya en marzo de 2025 había considerado “inexplicable” que se frenaran obras por falta de financiamiento “cuando millones de pesos están durmiendo la siesta en la cuenta del fondo en el Banco Nación”.
“Necesitamos que Caputo deje de timbear la plata”, planteó también el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.
Desde uno de los territorios afectados por las inundaciones, Patricia Gorza, de la Federación Agraria en Nueve de Julio, dijo: “Si no la vas a hacer, dejá de cobrarla al menos”.
Una historia de destinos cambiados
El fondo nació, precisamente, después de una inundación. En 2001, luego de que las aguas cubrieran vastas regiones productivas bonaerenses, el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo firmó el decreto 1381/01, que creó la Tasa de Infraestructura Hídrica y el fideicomiso.
En 2006, la ley 26.181 reemplazó la tasa por un impuesto y agregó entre sus objetivos las “obras de saneamiento”. Esa modificación permitió derivar hacia obras de cloacas del Conurbano recursos que originalmente habían sido creados para atender los anegamientos rurales.
En 2016, por cada peso asignado al Plan Federal de Control de Inundaciones se giraron 1,8 pesos a las represas santacruceñas.
Durante años, los movimientos del fideicomiso podían seguirse a través de un sitio de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura. En 2012, a partir de esos registros, una investigación periodística reveló que más de $16,2 millones habían sido destinados a un stand en Tecnópolis. El entonces ministro Julio De Vido reconoció el gasto y sostuvo que no se trataba de una cifra “significativa”.
El Niño, otra vez
El antecedente es reciente. Entre marzo de 2025 y comienzos de 2026, el noroeste bonaerense atravesó una inundación prolongada y el temporal de Bahía Blanca llevó al Gobierno a crear por decreto un fondo de asistencia de hasta $200.000 millones.
Ahora, el pronóstico vuelve a encender las alertas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el sistema ENOS ya se encuentra en fase cálida, con una probabilidad cercana al 100% de continuidad entre julio y septiembre. La NOAA, por su parte, le asigna un 81% de posibilidades de alcanzar la categoría “muy fuerte” entre octubre y diciembre.
Ya hubo evacuados en Concordia y las Cataratas del Iguazú debieron cerrar.
El 3 de agosto, en Resistencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva presentaron junto a los gobernadores de Chaco y Corrientes el Plan Federal ENOS 2026/2027, que contempla monitoreo, mapas de riesgo y alertas tempranas.
El plan no asigna presupuesto ni incluye obras de infraestructura. Además, se apoya en tres organismos que fueron debilitados durante la actual gestión: el Servicio Meteorológico Nacional, con una caída presupuestaria del 39,7% real desde 2023; el Instituto Nacional del Agua, que permanece sin director designado; y Vialidad Nacional, disuelta por decreto en 2025.
La primavera comienza el 21 de septiembre. Ninguna obra hidráulica de la escala del Salado puede construirse en siete semanas. Mientras tanto, el dinero destinado a financiarla continúa generando intereses en Letras del Tesoro y cada litro de nafta sigue aportando un 5% al fondo.
(El Diario Ar)
