Clínicas y sanatorios privados de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa anunciaron una suspensión total de la atención aunos 300 mil afiliados del PAMI durante 24 horas el próximo lunes 24 de agosto. La medida, respaldada por más de 25 instituciones de la Patagonia, expone el nivel de tensión que atraviesa el sistema sanitario y profundiza una crisis que desde hace meses acumula reclamos de prestadores, profesionales y trabajadores. Un escenario que también golpea al Ministro de Salud de Mario Lugones.
El conflicto tiene como eje los valores que PAMI reconoce por las prestaciones médicas. Según el comunicado conjunto difundido por las instituciones, en los últimos dos años y medio la inflación acumulada llegó al 341%, mientras que las actualizaciones de los aranceles del organismo alcanzaron el 143%. Los prestadores calculan así una pérdida del valor real de los aranceles cercana al 75%.
La situación, sostienen, ya dejó de ser solamente un problema financiero para convertirse en una dificultad concreta para sostener la atención. Las clínicas señalaron que vienen aplicando restricciones en guardias, recepción de derivaciones y programación de determinadas cirugías, mientras que también existen limitaciones en algunas prestaciones ambulatorias.
Crisis en PAMI: Un paro que alcanza a cuatro provincias
La medida anunciada para el 24 de agosto tendrá impacto sobre los afiliados de PAMI atendidos por las instituciones adheridas de las cuatro provincias. Los prestadores aseguran que el sector privado concentra aproximadamente el 65% de la atención sanitaria de la región y que sostiene más de 10.000 puestos de trabajo directos. También estiman que la suspensión alcanzará a unos 300.000 jubilados de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa.
Las entidades sostienen que el aumento comprometido por PAMI para 2026 representa, en términos reales, alrededor de un 6%, con percepción prevista para octubre. Para las clínicas, ese incremento no alcanza para compensar el atraso acumulado y deja buena parte del año con valores que consideran insuficientes para afrontar los costos de funcionamiento.
El conflicto llega después de meses de negociaciones y ante la falta de un acuerdo que permita modificar las condiciones económicas de los contratos. Los prestadores plantearon que resulta imposible sostener los servicios en las condiciones actuales y reclamaron una respuesta de las autoridades nacionales.
PAMI, en el centro de una crisis que se extiende
La situación patagónica no aparece como un conflicto aislado. En los últimos meses, el PAMI quedó atravesado por reclamos de distintos sectores de la salud y por advertencias sobre el deterioro de su capacidad prestacional.
En junio, cámaras que agrupan a clínicas y sanatorios privados ya habían advertido sobre el riesgo de una interrupción de los servicios para jubilados y pensionados. En ese momento, las entidades denunciaban un atraso de costos del 102% acumulado frente a aumentos de apenas 1,9% para junio y otro 1,9% para julio. También cuestionaban los plazos de pago y la aplicación de débitos sobre las facturaciones.
En paralelo, médicos de cabecera y odontólogos protagonizaron un paro nacional de 72 horas en reclamo de una recomposición de sus honorarios. El conflicto fue presentado como otro síntoma de un sistema en tensión, con profesionales que dejaron de atender bajo el esquema de cápitas y con dificultades para acceder a turnos.
De esta manera, el nuevo paro de las clínicas patagónicas se suma a una cadena de medidas y advertencias que atraviesan distintos niveles de la prestación: desde los profesionales que atienden directamente a los afiliados hasta los establecimientos que sostienen internaciones, guardias, cirugías y derivaciones.
La crisis también alcanza a Mario Lugones
El escenario se desarrolla mientras el área sanitaria nacional atraviesa, además, una fuerte tensión política. El ministro de Salud, Mario Lugones, quedó en las últimas semanas en el centro de versiones sobre un eventual alejamiento de su cargo.
Como informó Mundo Gremial, esas versiones también alcanzaban a la conducción del PAMI, con trascendidos sobre posibles cambios en la dirección ejecutiva del organismo.
La conducción del PAMI y el Ministerio de Salud están atravesados por una crisis que excede una disputa puntual por aranceles. Las denuncias de los prestadores se superponen con conflictos laborales, paros de profesionales y cuestionamientos sobre el funcionamiento y el financiamiento del organismo.
Desde el sector sindical también se viene señalando el deterioro de las condiciones laborales dentro del PAMI. SUTEPA denunció una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del organismo y vinculó el escenario con el ajuste presupuestario y las dificultades de financiamiento.
Un nuevo frente de conflicto para el Gobierno
La suspensión de la atención en cuatro provincias patagónicas representa un nuevo punto de máxima tensión para el PAMI. No se trata solamente de un reclamo salarial o de una negociación contractual: las propias instituciones advierten que las restricciones económicas ya están repercutiendo sobre la capacidad concreta de brindar prestaciones.
El conflicto vuelve a colocar en primer plano la situación de los jubilados y pensionados, que quedan en el centro de una disputa entre el organismo y los prestadores por el financiamiento de la atención médica.
Mientras las clínicas reclaman actualizar los aranceles, los profesionales denuncian honorarios insuficientes y los trabajadores del organismo advierten sobre el deterioro de sus condiciones laborales, el sistema acumula señales de alarma.
El paro anunciado para el 24 de agosto en Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa constituye, en ese escenario, una nueva expresión de una crisis sanitaria que sigue ampliándose y que ahora amenaza con afectar de manera directa la atención de cientos de miles de afiliados de PAMI.
(Mundo Gremial)
