Un tribunal de Río Negro autorizó el embargo preventivo de fondos depositados en cuentas bancarias y billeteras digitales de un hombre demandado por una deuda con Banco Patagonia, al considerar que estaban acreditados los requisitos necesarios para disponer la medida cautelar.
La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de la IV Circunscripción Judicial de Río Negro, con asiento en Cipolletti, en el expediente «Banco Patagonia S.A. c/ C., M. A. s/ ordinario – cobro de pesos».
La sentencia interlocutoria fue dictada el 4 de agosto de 2026 y modificó parcialmente una resolución de primera instancia que había rechazado las medidas cautelares solicitadas por la entidad bancaria.
Los jueces Marcelo A. Gutiérrez y Alejandro Cabral y Vedia y la jueza Soledad Peruzzi consideraron que la documentación presentada por Banco Patagonia permitía acreditar, en esta etapa inicial y con el alcance propio de una medida cautelar, la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora.
La Cámara autorizó el embargo sobre cuentas y depósitos bancarios o financieros y también sobre billeteras digitales o electrónicas de las que el demandado fuera titular exclusivo. Sin embargo, rechazó por el momento la inhibición general de bienes y estableció que los fondos embargados no podían ser transferidos a una cuenta judicial mientras no existiera una sentencia que reconociera el derecho del acreedor.
Cómo se originó el reclamo de Banco Patagonia
El 18 de marzo de 2026, Banco Patagonia presentó un reclamo judicial por cobro de pesos y solicitó un embargo preventivo sobre las sumas de dinero que el demandado tuviera o pudiera tener depositadas o acreditadas en cajas de ahorro, cuentas corrientes, cuentas digitales, depósitos a plazo fijo, títulos y billeteras electrónicas.
El pedido también incluía fondos que pudieran encontrarse en cualquier banco o entidad financiera del país y solicitaba que la medida fuera comunicada al Banco Central de la República Argentina para que las entidades alcanzadas pudieran hacerla efectiva.
El banco sostuvo que la deuda surgía de obligaciones vinculadas con dos tarjetas de crédito y cuatro préstamos personales. Para respaldar su reclamo acompañó resúmenes de cuenta, extractos, certificaciones de saldos y documentación relacionada con las operaciones.
Según surge de la sentencia, los consumos correspondientes a las dos tarjetas de crédito registraban mora desde el 21 de abril de 2025, mientras que los cuatro préstamos personales presentaban incumplimientos desde el 5 de febrero de ese año.
Banco Patagonia también solicitó una inhibición general de bienes porque manifestó desconocer qué bienes pertenecían al demandado.
Qué había resuelto el juzgado de primera instancia
El 30 de marzo de 2026, la Unidad Jurisdiccional Civil N° 1 había rechazado, por el momento, las medidas cautelares solicitadas.
El juzgado había considerado que no estaban acreditados los presupuestos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora necesarios para disponer el embargo y las restantes medidas.
Frente a esa decisión, Banco Patagonia presentó el 10 de abril un recurso de reposición con apelación en subsidio. La reposición fue rechazada el 21 de mayo y la apelación quedó habilitada para que interviniera la Cámara.
El tribunal de segunda instancia revisó entonces si la documentación presentada por el banco permitía justificar la adopción de una medida cautelar antes de que se dictara una sentencia definitiva.
Qué es un embargo preventivo
El embargo preventivo es una medida cautelar destinada a asegurar que una eventual sentencia favorable pueda ser cumplida. En términos procesales, no supone que el acreedor ya haya obtenido el reconocimiento definitivo de su derecho ni permite, por sí mismo, cobrar anticipadamente la deuda.
El Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro regula las medidas cautelares y contempla específicamente el embargo preventivo. La normativa establece los presupuestos y condiciones bajo los cuales puede disponerse esta medida.
La jurisprudencia del Poder Judicial de Río Negro también ha señalado que el embargo preventivo busca afectar o inmovilizar determinados bienes del presunto deudor para asegurar la eficacia práctica de una eventual sentencia, sin que la decisión cautelar implique anticipar el resultado del proceso principal.
En el caso analizado, la Cámara recordó que para disponer una medida cautelar no es necesario alcanzar una certeza definitiva sobre la existencia del derecho reclamado. El análisis es provisional y se concentra en determinar si existe una apariencia suficiente de ese derecho y un riesgo que justifique adoptar una medida para preservarlo.
Por qué la Cámara autorizó el embargo
Al analizar la documentación presentada por Banco Patagonia, los jueces entendieron que existían elementos suficientes para considerar acreditada la verosimilitud del derecho en esta etapa del proceso.
La Cámara destacó especialmente los instrumentos que permitían identificar el origen, la composición y los saldos de la deuda reclamada.
La documentación estaba relacionada con el uso de dos tarjetas de crédito cuyos resúmenes no habrían sido abonados en término y con cuatro préstamos personales que también se encontraban impagos.
El tribunal aclaró que esta valoración se realiza únicamente para resolver la medida cautelar y que no impide que los mismos aspectos sean analizados nuevamente durante el proceso hasta llegar a la sentencia definitiva.
En otras palabras, la autorización del embargo no significa que la Cámara haya resuelto de manera definitiva que el demandado debe pagar la deuda reclamada.
Qué entendió el tribunal sobre el peligro en la demora
El segundo requisito analizado fue el peligro en la demora.
La Cámara explicó que las medidas cautelares se adoptan precisamente para evitar que, durante el tiempo que demande el proceso judicial, se produzca una modificación de la situación patrimonial que pueda dificultar el cumplimiento de una eventual sentencia.
En este caso, los magistrados tuvieron en cuenta distintos elementos: el monto de la deuda reclamada, el tiempo transcurrido desde el inicio de la mora, la información que surgía de los estados de cuenta y los datos del Banco Central sobre la existencia de otros acreedores.
Para la Cámara, ese conjunto de circunstancias permitía considerar razonablemente la posibilidad de que la solvencia del demandado pudiera disminuir y que, si finalmente la demanda era admitida, el cobro del crédito pudiera resultar dificultoso.
El criterio coincide con la jurisprudencia provincial que considera que el peligro en la demora puede surgir de circunstancias objetivas que hagan incierta la satisfacción futura de un crédito, sin que sea necesaria una certeza sobre el daño.
El embargo también alcanza a las billeteras digitales
Uno de los puntos centrales del fallo fue la inclusión de las billeteras digitales o electrónicas dentro del embargo preventivo.
La Cámara consideró que la evolución de los medios de pago y de las tecnologías financieras debe ser contemplada al momento de determinar qué bienes o fondos pueden quedar alcanzados por una medida cautelar.
Por ese motivo, autorizó que el embargo se aplicara también sobre las sumas depositadas o acreditadas en billeteras digitales de titularidad exclusiva del demandado.
La decisión se apoyó en precedentes que consideran que los fondos administrados mediante nuevas plataformas financieras forman parte del patrimonio de sus titulares y pueden quedar sujetos a medidas cautelares cuando se cumplen los requisitos legales.
La medida no implica, sin embargo, que cualquier dinero existente en una billetera digital pueda ser retenido sin límites. La resolución establece que el embargo debe respetar los mismos alcances y restricciones aplicables a las cuentas bancarias.
Qué pasa con una cuenta sueldo
La Cámara estableció expresamente un límite para los fondos provenientes de salarios y prestaciones de la seguridad social.
En caso de que el embargo recaiga sobre una cuenta sueldo o sobre una cuenta en la que se acrediten remuneraciones de un trabajador en relación de dependencia o prestaciones de la seguridad social, deberán respetarse las proporciones y el régimen establecido por las normas vigentes.
Por lo tanto, la autorización judicial no habilita a retener indiscriminadamente la totalidad de esos ingresos.
El límite también alcanza a las sumas que ingresen a billeteras digitales cuando puedan identificarse como remuneraciones o prestaciones sujetas a un régimen especial de protección.
El dinero embargado no será transferido a una cuenta judicial
Otro de los pedidos de Banco Patagonia fue rechazado por la Cámara.
La entidad había solicitado que las sumas retenidas fueran transferidas a una cuenta judicial a disposición del tribunal. Sin embargo, los magistrados consideraron que esa medida no correspondía porque se trata de un embargo preventivo dentro de un proceso de conocimiento.
La función del embargo preventivo es asegurar los fondos o bienes para una eventual ejecución posterior, pero no implica desapoderar al deudor antes de que exista una sentencia que reconozca el derecho del acreedor.
Por eso, las entidades financieras y las plataformas correspondientes deberán mantener indisponibles las sumas alcanzadas por el embargo, pero no transferirlas a una cuenta judicial.
La Cámara señaló que la transferencia convertiría la medida cautelar en una medida de carácter ejecutorio, cuando todavía no existe una sentencia definitiva sobre la deuda.
Por qué rechazaron la inhibición general de bienes
La Cámara también rechazó el pedido de inhibición general de bienes, aunque dejó abierta la posibilidad de analizarlo posteriormente.
Los jueces recordaron que esta medida tiene carácter subsidiario y excepcional. En principio, puede utilizarse cuando no fue posible hacer efectivo un embargo sobre bienes determinados, cuando no se conocen bienes del deudor después de una investigación suficiente o cuando los bienes identificados no resultan suficientes para garantizar el crédito.
En el caso concreto, el tribunal consideró insuficiente la sola manifestación de Banco Patagonia acerca de que desconocía los bienes del demandado.
La Cámara señaló que la entidad había realizado previamente operaciones con el demandado, ya que le había otorgado dos tarjetas de crédito y cuatro préstamos personales. Por esa razón, entendió que el banco contaba con medios para realizar investigaciones patrimoniales antes de solicitar una inhibición general.
El tribunal dejó abierta la posibilidad de que la entidad vuelva a pedirla si los embargos autorizados resultan insuficientes y aporta elementos objetivos que permitan demostrar que el demandado no posee bienes registrables suficientes.
La decisión sobre la contracautela
La Cámara también analizó la necesidad de establecer una contracautela, es decir, una garantía destinada a responder eventualmente por los daños que pudiera ocasionar una medida cautelar si posteriormente se determina que fue improcedente.
En este caso, el tribunal consideró que no correspondía fijarla porque Banco Patagonia se encontraba comprendido en el supuesto previsto por el Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro y su solvencia debía considerarse suficientemente acreditada para este propósito.
La medida fue, de todos modos, concedida bajo responsabilidad del banco solicitante.
Qué resolvió finalmente la Cámara
La Cámara de Apelaciones de Cipolletti hizo lugar parcialmente al recurso presentado por Banco Patagonia y modificó la decisión de primera instancia.
En concreto, autorizó el embargo preventivo de las sumas existentes en:
- cuentas y depósitos en entidades bancarias o financieras;
- cuentas digitales;
- billeteras electrónicas.
La medida alcanza únicamente las cuentas o instrumentos de los que el demandado sea titular exclusivo y hasta cubrir el monto reclamado, más la suma que determine provisoriamente el juez de primera instancia para responder por intereses y costas.
El embargo deberá respetar los límites legales aplicables a salarios y prestaciones de la seguridad social.
En cambio, la Cámara mantuvo el rechazo de la inhibición general de bienes y descartó la transferencia de los fondos embargados a una cuenta judicial.
Las costas correspondientes a la apelación fueron impuestas en el orden causado debido a que el recurso fue admitido sólo parcialmente.
Qué alcance tiene el fallo sobre el embargo de billeteras digitales
La resolución se inscribe en una cuestión procesal vinculada con la adaptación de las medidas cautelares a las nuevas formas de administrar y transferir dinero.
La utilización de billeteras digitales y plataformas financieras modificó los canales a través de los cuales las personas mantienen fondos, realizan pagos y reciben transferencias. En ese contexto, los tribunales vienen analizando cómo aplicar las herramientas procesales tradicionales a esos nuevos instrumentos.
En el caso resuelto por la Cámara de Cipolletti, la conclusión fue que los fondos existentes en billeteras digitales pueden ser alcanzados por un embargo preventivo cuando se acreditan los requisitos de la medida y siempre dentro de los límites establecidos por la legislación.
La decisión, además, diferencia entre asegurar fondos para una eventual sentencia y ejecutar una deuda. El embargo preventivo dispuesto en esta causa tiene carácter cautelar: inmoviliza las sumas alcanzadas, pero no implica que Banco Patagonia pueda disponer de ellas ni que el crédito reclamado haya sido reconocido de manera definitiva.
El proceso principal deberá continuar y será la sentencia definitiva la que determine, en última instancia, la existencia y alcance de la obligación reclamada. (Iprofesional)
