La Cámara Federal porteña confirmó el archivo de la causa que investigaba el préstamo de USD 57.100 millones otorgado por el Fondo Monetario Internacional a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri y rechazó el pedido del fiscal Franco Picardi para reabrir la investigación.
Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi concluyeron que, después de más de cinco años de pesquisa, no se logró demostrar la existencia de los delitos denunciados. El expediente había sido archivado en febrero pasado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti. La decisión fue apelada por el fiscal Franco Picardi.
La investigación se había iniciado en 2019 por una denuncia por presunta defraudación y alcanzó al entonces presidente Macri, al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y a quienes hoy integran el Gobierno de Javier Milei: el ministro de Economía, Luis Caputo, que en aquel momento era secretario de Finanzas y luego presidió el Banco Central, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entonces titular del BCRA.
Los camaristas sostuvieron que la justicia no puede revisar decisiones de política pública por el solo hecho de que puedan ser consideradas inconvenientes o perjudiciales, salvo que exista evidencia concreta de un delito. En ese sentido, señalaron que el acuerdo con el FMI fue negociado en un contexto de “urgencia financiera reconocida” y que no surgieron elementos para afirmar que los funcionarios hubieran actuado con la intención de violar la ley.
La Cámara también aplicó la doctrina de la Corte Suprema sobre aquellas decisiones que corresponden a otros poderes del Estado y que, en principio, quedan fuera del control judicial. Esa protección, aclararon los jueces, deja de operar cuando una política pública funciona como cobertura para obtener beneficios personales. Según el fallo, esa circunstancia tampoco pudo ser acreditada en esta investigación.
Uno de los puntos centrales de la denuncia estaba relacionado con la supuesta falta de cumplimiento de distintos procedimientos administrativos. Entre ellos se mencionaban la ausencia de un decreto presidencial para formalizar el acuerdo, la falta de intervención del jefe de Gabinete, la participación del entonces Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Finanzas, la ausencia de un dictamen del Banco Central sobre el impacto del préstamo en la balanza de pagos y la apertura tardía de algunos expedientes administrativos.
Picardi también había cuestionado que el archivo se hubiera dispuesto antes de completar determinadas medidas de prueba. Según su planteo, todavía podían investigarse la trazabilidad de los desembolsos y eventuales vínculos entre funcionarios y operadores que se habrían beneficiado con la salida de divisas.
Sin embargo, el tribunal de alzada consideró que la investigación había sido suficientemente extensa. Durante más de cinco años se incorporaron informes de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el Banco Central, además de expedientes administrativos, testimonios, información sobre formación de activos externos y documentación vinculada con el acuerdo firmado con el organismo internacional.
Llorens y Bertuzzi también analizaron uno de los argumentos utilizados para sostener la existencia de una administración fraudulenta. La SIGEN había estimado en USD 29.618 millones el perjuicio patrimonial provocado al Estado. Para los camaristas, ese dato, por sí solo, no alcanza para demostrar que los funcionarios hubieran dispuesto de manera consciente recursos públicos sabiendo que la operación era ruinosa, ni que hubiera existido una sustracción de fondos en beneficio propio o de terceros. (MDZ)
