En respeto a los plazos previstos por la Ley 27.801, que votó en febrero el Congreso de la Nación, se pone en marcha hoy, 180 días después de la publicación en el Boletín Oficial, el nuevo Regimen Penal Juvenil que tiene como «caballito de batalla» la baja de edad de punibilidad de 16 años a 14.
Casi con la misma incertidumbre que reinaba apenas se conoció la noticia, comienza el novedoso sistema en el Departamento Judicial Bahía Blanca, situación que -se cree- se replica en otras jurisdicciones.
Desde hoy, los menores de 14 años pueden ser pasibles de ser sometidos a un proceso penal en caso de cometer un delito.
Hasta el momento, el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil solo podía instruir causas a jóvenes de 16 a 18 años.
Pero más allá de extender la franja etaria -que de por sí puede significar un mayor cúmulo de trabajo, pese a que es muy bajo el porcentaje de ilícitos cometidos por menores-, la reforma seguramente sobrecargará las estructuras judiciales, porque también se amplía el abanico de delitos a juzgar.
Hasta ayer, los hechos con penas de menos de dos años de prisión no eran penalizados, pero con la flamante normativa, sí.
Es decir que un joven de 16 años que cometía un hurto, un acto de lesiones (como peleas a la salida de una escuela o de una fiesta), amenazas o violación de domicilio no era punible, pero desde ahora sí lo son todos los menores de 14 a 18 años.
Vale aclarar que la detención será conducente solo en delitos graves, ya que para el resto existen medidas alternativas previas. Sin embargo, en todos los casos se deberán iniciar actuaciones, realizar diferentes audiencias procesales y disponer el control o la tutela de los jóvenes imputados.
Tampoco fue designada hasta el momento la autoridad de aplicación, prevista en el artículo 50 de la normativa, que debe nombrar el Poder Ejecutivo para la coordinación y el control del nuevo regimen.
El doble de causas
Agustín Saulnier, defensor público ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, ya había adelantado hace algunos meses que «el impacto va a ser fuerte» y que seguramente se van a duplicar las causas.
Y en este punto el nuevo regimen abre los principales interrogantes y preocupaciones.
La necesidad de sumar recursos humanos, técnicos y físicos no fue saldada, según reconocieron a La Nueva. distintos operadores del sistema.
«No hay absolutamente nada nuevo: ni personal, ni mayores partidas presupuestarias ni nuevos espacios. Ni en el Poder Judicial ni en ninguna otra institución provincial que trabaja en la materia», reconoció uno de ellos.
No se habilitaron nuevos sitios de contención y/o detención para los jóvenes en conflicto con la ley penal. De hecho en Bahía no existen.
Solo funciona -desde antes de este cambio- el Centro de Recepción, en el predio del ex Instituto Vergara, que en teoría sirve para mantener privados de la libertad a jóvenes acusados en los primeros 5 días de la investigación.
En este caso tiene tres celdas, con capacidad total para 6 personas, pero una de ellas al día de hoy está clausurada.
«Las otras 4 plazas están ocupadas, aunque por jóvenes que no son de nuestra jurisdicción (algunos del conurbano) y los mandan por sobrepoblación en otros lugares», comentó otra fuente judicial.
A cuentagotas
La capacitación de los efectores del sistema judicial, al menos hasta ahora, tampoco fue organizada desde ningún organismo del Estado sino que fue obra de entidades intermedias, como colegios de abogados o magistrados, o inquietudes grupales o individuales a partir de talleres de dictado virtual.
Si bien desde la Subsecretaría de Política Criminal de la Nación se anunció, a fines de agosto, los primeros módulos de capacitación, a través de Zoom, para jueces, funcionarios de todo el país, lo cierto es que esa medida no alcanzó a quienes desarrollan su tarea en nuestra ciudad.
Y algunos recibirán una instrucción formal recién una vez iniciado el sistema, como los defensores oficiales, que fueron citados por la Defensoría de Casación en La Plata, para la semana próxima, a una reunión presencial.
«Los mismos operadores intentamos o impulsamos diferentes conversatorios, debates y análisis de la ley. No han sido suficientes las capacitaciones. O por lo menos protocolo de funcionamiento y aplicación en la provincia» reconoció la jueza Natalia Giombi.
El martes se realizó una mesa de trabajo en la comisión del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Colegio de Magistrados local y se programó un nuevo encuentro para el 14 de octubre.
Tampoco la Policía recibió ningún tipo de notificación o esquema de procedimiento para saber cómo actuar, teniendo en cuenta que será el primer eslabón de intervención.
«Si bien esta reforma es más judicial que policial, no tuvimos ni llamados desde la fiscalía de Menores ni de ningún otro área del fuero», reconoció una autoridad departamental.
¿Es inconstitucional?
La Justicia Federal de La Plata tiene pendiente de resolución un pedido de inconstitucionalidad de la Ley 27.801, presentado antes de la última feria por parte de defensores del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de esa ciudad.
El planteo fue acompañado por otras 13 defensorías provinciales y distintos organismos de Derechos Humanos.
También pidieron, en subsidio, una medida cautelar para la suspensión del nuevo regimen por la falta de condiciones para su implementación.
El uno por ciento
Los delitos cometidos por menores de 16 años representan en el país menos del 1 por ciento del total.
Ese dato lo difundió hace poco tiempo Rodrigo Morabito, juez de la Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca y usuario de las redes sociales para explicar de manera didáctica los alcances de los procedimientos judiciales.
“Bajar la edad de punibilidad no disminuirá la delincuencia, ya que esta medida genera una falsa expectativa en la sociedad respecto al rol de la ley penal. Existen sobradas muestras de ello”, opinó Morabito en X.
“Se quiere bajar la edad de punibilidad a 14 años sin tener en cuenta que en septiembre se reportó que el 66% de los adolescentes de esa edad vive en situación de pobreza, lo que equivale a aproximadamente 7 millones de niños y adolescentes afectados en el país”, continuó.
“Evidentemente, la franja de los 14 años para abajo es una de las más afectadas por la pobreza y el consumo problemático de drogas”.
“Se quiere legislar siempre por lo que ocurre en dos o tres provincias para el resto del país. Pero no es lo mismo lo que ocurre respecto del delito juvenil en Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, que lo que sucede en otras provincias. Vivimos en un país federal con realidades distintas”, reflexionó el juez Morabito.
También remarcó que la nueva ley «no reemplaza a la familia, ni a la escuela, ni a la comunidad, ni a las políticas sociales. El sistema penal interviene cuando el conflicto ya ocurrió. La prevención empieza mucho antes».
A la pregunta de qué pena recibirá un adolescente debería prececería otra: ¿qué hicimos antes para evitar que llegara hasta acá?, opinó el juez. (La Nueva)
