La discusión por el destino de los fondos que pagan en el campo llegó a la Justicia en el partido de Adolfo Alsina. Un grupo de 26 productores rurales presentó un amparo de acceso a la información pública contra el municipio para reclamar documentación sobre la recaudación y el uso de los recursos correspondientes a distintas tasas. La acción fue presentada por el abogado Pablo Torres Barthe y el planteo apunta a obtener información que, según sostienen, el gobierno local no entregó en su totalidad después de un pedido realizado previamente. Entre la documentación solicitada figuran las rendiciones de cuentas enviadas al Tribunal de Cuentas de la provincia, balances anuales y trimestrales, anexos y libros de ingresos y egresos correspondientes a los ejercicios 2023, 2024, 2025 y 2026. El reclamo incluye además información específica sobre distintos servicios municipales.
Los productores sostienen que el acceso a esos datos es necesario para conocer cómo se utilizan los recursos que aportan como contribuyentes y, al mismo tiempo, evaluar la prestación de los servicios. En el escrito plantean que existe una relación directa entre el pago de las tasas y servicios como el mantenimiento de los caminos rurales, la seguridad y la expedición de guías.
En ese sentido, el amparo cuestiona la respuesta que recibieron de la municipalidad de Adolfo Alsina. Según consta en la presentación, la comuna conducida por Javier Andres informó que la documentación requerida alcanzaba las 1845 fojas y propuso que los productores la consultaran personalmente en dependencias municipales.
La respuesta también estableció un costo para quienes quisieran obtener copias. La municipalidad indicó que cada fotocopia tenía un valor de $520, por lo que la reproducción completa de las 1845 fojas representaría un desembolso de $959.400. “La documentación indicada contiene la totalidad de los estados contables, anexos, balances, cuadros, informes y documentación respaldatoria”, respondió la Contaduría municipal, según reproduce el escrito judicial.
Sin embargo, los productores objetaron esa modalidad porque, según surge del propio expediente, parte de la información solicitada ya se encuentra en formato digital. La Municipalidad reconoció que los libros de ingresos y egresos de los ejercicios reclamados no están impresos porque son enviados de manera digital al Tribunal de Cuentas.
Por eso, uno de los pedidos centrales del amparo es que la documentación que se encuentre disponible digitalmente sea entregada en ese mismo formato. En el petitorio final, los productores solicitan que el municipio entregue la información que todavía no fue proporcionada, “en lo posible en formato digital”, para evitar costos innecesarios.
Uno de los puntos que más preocupa a los productores está relacionado con los caminos rurales. En el amparo solicitaron documentación que permita identificar los gastos destinados a la conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal durante 2023, 2024, 2025 y 2026. La respuesta municipal, según reproduce la demanda, fue que el sistema contable organiza los gastos mediante partidas presupuestarias y que no existe una identificación específica de las erogaciones asociadas individualmente a cada tasa. Por ese motivo, la comuna señaló que no dispone de documentación que discrimine los gastos exclusivamente por cada concepto tributario.
Los productores cuestionan esa explicación y sostienen que la información resulta necesaria para poder determinar cómo se utilizan los recursos que ingresan por las tasas. En el escrito remarcan que la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de Calles y Caminos Rurales Municipales corresponde a un servicio que consideran esencial para quienes viven y trabajan en el campo. “Este servicio en particular es el que más nos preocupa”, expresaron en la presentación al referirse a los caminos rurales. Y agregaron que, como usuarios de esa red, necesitan conocer la calidad y eficiencia de las prestaciones municipales.
En Adolfo Alsina, la tasa de red vial se calcula a partir de una fórmula que combina el precio del litro de gasoil común con los valores del kilo de novillo y de trigo. El resultado determina un monto anual por hectárea, que se abona en seis cuotas bimestrales. El planteo va incluso más allá y sostiene que, por las características del servicio, la tasa puede ser considerada como una prestación específica para los usuarios rurales. “La tasa es asimilable a la tarifa de un servicio público específico y esencial para el hombre de campo”, afirmaron los productores en el escrito.
Andres, por su parte, dijo estar al tanto de la presentación del amparo: “El municipio respondió oportunamente el pedido de acceso a la información, entregando documentación y poniendo a disposición la información solicitada, por lo que entendemos que no hubo una negativa. No tenemos ningún inconveniente en que se conozca cuánto recauda el municipio, cómo se usan los recursos y qué trabajos se hacen, incluida la tasa vial”.
Los números que aparecen en el amparo
Otro de los puntos analizados está relacionado con la tasa de Marcas y Señales. Según la rendición de cuentas publicada por el propio municipio, al 1° de julio de 2026 la recaudación alcanzaba los $313.984.688,05. Los productores toman ese monto y lo relacionan con los 4875 trámites registrados durante el año. De acuerdo con sus propios cálculos, el promedio sería de $64.407,11 por trámite, una cifra que consideran elevada y sobre la cual reclaman conocer el destino de los recursos.
“Un simple cálculo matemático arroja una cifra excesiva para el servicio de expedición de formularios, razón por la cual también necesitamos saber el destino de ese dinero”, indicaron en el escrito.
La presentación también pone la lupa sobre los gastos vinculados con la red vial durante los dos primeros bimestres de 2026. En la rendición específica de caminos rurales aparece un gasto identificado como “YPF” por $165.354.222,37.
A partir de ese dato, los productores realizan una estimación propia: si la totalidad de ese gasto correspondiera a gasoil, equivaldría a unos 68.897 litros, tomando un valor de $2400 por litro. El escrito calcula que ese volumen alcanzaría para cubrir alrededor de 1900 kilómetros de caminos bajo un determinado supuesto de consumo, si se toma como estándar 35 litros por kilómetro de camino: “Es decir que habrían mantenido prácticamente la totalidad de la red vial, situación que sabemos de los propios informes que no es así”. El partido tiene unas 590.000 hectáreas y unos 2500 km.
La acción se apoya en el derecho de acceso a la información pública y sostiene que conocer el destino de los recursos constituye una herramienta para controlar la gestión municipal. Los productores afirman que necesitan acceder a los datos para poder evaluar tanto la utilización de los fondos como la prestación de los servicios que reciben. En el escrito sostienen que el derecho a recibir información adecuada y veraz está relacionado con la posibilidad de evaluar la calidad de los servicios públicos. “No podemos meritar la calidad y la eficiencia si no sabemos cómo se gasta el dinero que se recauda”, plantearon.
(La Nación)
