Siete integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), entre los que se encuentran Eduardo Enrique Massera –hijo del excomandante en jefe de la Armada– y el “Tigre Acosta” –uno de los más violentos represores– comenzaron a ser juzgados en una causa que investiga su participación en un plan sistemático de apropiación de bienes de personas secuestradas durante la última dictadura militar. Los hechos que se investigan ocurrieron entre 1977 y 1981 y tuvieron como víctimas a nueve personas.
El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires y busca determinar las responsabilidades de los acusados en una estructura que, de acuerdo con la fiscalía, utilizó el aparato represivo de la dictadura para apropiarse del patrimonio de las personas secuestradas y de sus familiares.
Entre las maniobras investigadas figuran el saqueo de viviendas, la utilización de identidades falsas para transferir propiedades, la creación y administración de inmobiliarias para comercializar los bienes apropiados y la imposición de trabajos obligatorios y no remunerados a personas que permanecían secuestradas. Esas tareas incluían la refacción y el mantenimiento de inmuebles, trabajos de contabilidad y actividades vinculadas con la administración de negocios inmobiliarios. La acusación también señala la participación de inmobiliarias y escribanías que habrían facilitado las operaciones fraudulentas.
Los imputados son Jorge Eduardo Acosta, conocido como “el Tigre”; Alberto Eduardo González, alias “Gato”; Jorge Carlos Radice, “Ruger”; Juan Carlos Rolón, “Niño”; Juan Antonio Azic, “Piraña”; Adolfo Miguel Donda Tigel, “Palito”; Ricardo Miguel Cavallo, “Sérpico”, y Massera, abogado e hijo del ex jerarca de la dictadura, Emilio Eduardo Massera.
El juicio, a cargo de los jueces Adriana Palliotti, Adrián Federico Grünberg y Daniel Obligado, comenzó el 30 de septiembre con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de dos causas unificadas, conocidas como “Chacras de Coria” y “Bienes Basterra”. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal Félix Pablo Crous y el auxiliar fiscal Mariano Donzelli.
La próxima audiencia está prevista para el 14 de octubre, a las 10, y continuará con la lectura de las acusaciones. Una vez finalizada esa etapa, el tribunal escuchará a los imputados que quieran declarar y luego comenzarán las declaraciones testimoniales.
Una estructura para apropiarse de bienes
En la causa “Chacras de Coria”, la acusación ubica a Acosta como organizador de una asociación ilícita integrada también por Radice, Rolón, González y Massera. En el caso de Eduardo Enrique Massera, la fiscalía sostiene que se incorporó a la asociación ilícita a comienzos de 1977 y que intervino en la estructura jurídica y societaria utilizada para canalizar los bienes obtenidos. La organización habría funcionado, al menos, hasta mediados de junio de 1981, aunque su actividad se remontaría a fines de 1976.
Uno de los principales hechos investigados es la apropiación de 25 hectáreas de inmuebles en Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, Mendoza, que pertenecían a la sociedad Cerro Largo S.A.C.I.A. Sus accionistas, Conrado Gómez, Victorio Cerutti, Horacio Palma y Omar Massera Pincolini, habían sido secuestrados en enero de 1977 y recluidos en la ESMA.
La causa también incluye el desapoderamiento de propiedades en la ciudad de Buenos Aires y La Plata, la apropiación de 500.000 pesos en dinero y valores que pertenecían a Marcelo Camilo Hernández, un automóvil Chevrolet de Hugo Abraham Tarnopolsky y la biblioteca de Mercedes Inés Carazo, entre otros bienes.
Extorsiones y documentación falsa
La investigación sostiene que el secuestro de Conrado Higinio Gómez estuvo orientado a obtener beneficios económicos. Durante su cautiverio, integrantes de la asociación ilícita lo habrían obligado, mediante intimidaciones, a entregar diez caballos de carrera pura sangre.
También se investiga la extorsión a personas vinculadas con Cerro Largo S.A.C.I.A. para que pusieran a disposición de la organización la documentación y el patrimonio de la sociedad, integrado por los inmuebles de Chacras de Coria.
Otra de las maniobras denunciadas consistía en obligar a personas secuestradas a confeccionar documentos falsos para acreditar identidades supuestas de integrantes del Grupo de Tareas. Para ello, según la acusación, se utilizaba un laboratorio de fotografía y fotomecánica que funcionaba dentro de la ESMA.
Esos documentos habrían permitido realizar transferencias fraudulentas de propiedades y otras operaciones para despojar a las víctimas de sus bienes. Entre las identidades falsas utilizadas se encontraba la de Juan Héctor Ríos, con la que Radice habría concretado distintas operaciones inmobiliarias.
La causa “Bienes Basterra” investiga el desapoderamiento de un inmueble ubicado en Valentín Alsina, en el partido bonaerense de Lanús, que pertenecía a Aída Lucinda Aguirre de Basterra, madre de Víctor Melchor Basterra, quien estuvo secuestrado en la ESMA.
Según la acusación, Donda Tigel y Azic la habrían obligado mediante intimidaciones a poner la propiedad a disposición de la asociación ilícita. Para concretar la operación, la mujer tuvo que suscribir un poder especial irrevocable que permitió transferir el dominio del inmueble. La transferencia se realizó el 9 de septiembre de 1980.
