La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) valoró el dictamen de mayoría que obtuvo esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto para incorporar al Código Penal figuras específicas vinculadas al vandalismo rural. La principal entidad del campo bonaerense reclamó la sanción de la iniciativa, que busca brindar herramientas para proteger a productores, familias rurales y bienes vinculados con la actividad agropecuaria.
“Se trata de un paso importante frente a una problemática que afecta desde hace años a productores de todo el país: daños sobre cultivos, silobolsas, alambrados, instalaciones, sistemas de riego, animales y otros bienes indispensables para el desarrollo de la actividad agropecuaria, además de las familias rurales que quieren vivir con las mismas garantías de seguridad que aquellas instaladas en las zonas urbanas”, escribieron desde CARBAP en un comunicado.
Cabe mencionar que, el proyecto fue impulsado por los diputados del PRO, Martín Ardohaín y Laura Rodríguez Machado, y consiguió el respaldo de La Libertad Avanza y otros bloques aliados, con un total de 41 firmas adherentes. Tras obtener dictamen favorable en las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería, el texto parlamentario quedó en condiciones de ser tratada en el recinto.
Según explicó la Fundación Barbechando, el proyecto plantea una reforma del Código Penal para que el ingreso no autorizado a un establecimiento rural sea considerado un delito y deje de estar comprendido únicamente como una contravención. En materia de intrusión rural, la propuesta establece penas de entre un mes y un año de prisión para quienes ingresen sin autorización a establecimientos delimitados por alambrados, tranqueras, vallas o carteles.
En tanto, la iniciativa también incorpora modificaciones vinculadas al denominado “daño agravado”, con penas de entre dos y ocho años de prisión y multas de hasta 12 veces el daño causado para quienes destruyan o dañen cultivos, ganado, silobolsas, sistemas de riego, paneles solares, bombas, alambrados, tranqueras, silos y otras infraestructuras productivas.
Por caso, desde la Fundación Barbechando hicieron hincapié en que la afectación de estos bienes no debería medirse únicamente por el costo de reponerlos, sino también por la función que cumplen dentro de un sistema productivo interdependiente como lo es el que se desarrolla en suelos rurales.
Entre los argumentos de los impulsores también aparece una diferencia respecto de la protección del domicilio urbano y los establecimientos rurales. Según marcaron, mientras el marco legal vigente protege el domicilio bajo el principio de inviolabilidad, en el ámbito rural elementos como la tranquera, el alambrado o la señalización no reciben el mismo tratamiento, pese a cumplir una función similar para delimitar espacios privados destinados a la producción y la vivienda.
Por eso, la Fundación Barbechando también señaló que las condiciones del entorno rural pueden profundizar esa situación, debido a las grandes distancias, los caminos en mal estado, la falta de cobertura telefónica e internet y la distancia respecto de las fuerzas de seguridad, además de las diferencias existentes entre las distintas regiones productivas del país.
Frente al tratamiento que tendrá la iniciativa en el recinto, CARBAP pidió el acompañamiento de todos los diputados, con especial énfasis en los representantes de Buenos Aires y La Pampa, para que al momento de votar prioricen la necesidad de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la actividad agropecuaria.
“Entendemos y respetamos las diferencias políticas y partidarias propias del debate democrático. Pero hay cuestiones que deben poder construirse como políticas de Estado”, plantearon desde la entidad. En ese marco, CARBAP sostuvo que la seguridad rural y la protección de la producción no deberían quedar atravesadas por esas diferencias.
“El combate contra el vandalismo rural no tiene partido político. Garantizar la seguridad de quienes viven y trabajan en el campo y brindar herramientas para prevenir y sancionar hechos delictivos debe ser una responsabilidad compartida por todos”, concluyó la entidad en el comunicado en el que pidió el respaldo de todos los bloques para que la iniciativa obtenga la meda sanción en Diputados.
Desde la Legislatura, Bugallo celebró el proyecto para penar el vandalismo rural
En agosto de este año, el diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, celebró el avance de la iniciativa en el Congreso y vinculó la discusión del vandalismo rural con una problemática que ya había planteado en la Legislatura, relacionada con la caza furtiva, la seguridad rural y la protección de la propiedad privada. “Basta de caza furtiva y violación a la propiedad privada. Lo planteamos en la provincia de Buenos Aires y hoy celebramos que esta discusión avance también a nivel nacional”, sostuvo el legislador.
“Hace tiempo venimos advirtiendo que cuando las personas ingresan sin autorización a un establecimiento rural, muchas veces de noche, armadas, en vehículos y organizadas, ya no estamos hablando solamente de caza furtiva: estamos hablando de inseguridad rural y de violación de la propiedad privada”, enfatizó Bugallo.
En ese sentido, el diputado bonaerense de la Coalición Cívica remarcó que ese fue el motivo principal por el que presentó el proyecto contra la caza furtiza en la Legislatura, con la idea de establecer “sanciones más severas, agravantes, decomisos y herramientas concretas” contra los delitos organizados en tierras rurales.
“Nos alegra que una discusión que venimos impulsando en la Provincia hoy gane fuerza en el Congreso, porque el campo no es tierra de nadie: es propiedad privada, trabajo, producción y sobre todo, es el hogar de miles de familias argentinas”, completó Bugallo en el posteo que realizó en sus redes sociales.
(Diputados BsAs)
