Bajo el paraguas de la emergencia climática y la inminente llegada del fenómeno de El Niño, el Senado le dio media sanción este martes a un proyecto que le otorga un poder de fuego excepcional a los intendentes: autoriza a los municipios a reasignar los fondos coparticipados del Impuesto Inmobiliario Rural para financiar obras de infraestructura hídrica.
La iniciativa, impulsada por el senador Sergio Vargas (Unión y Libertad), avanzó sin sobresaltos en la Cámara Alta y fue girada a Diputados. Sin embargo, la letra chica del expediente encendió todas las luces de alarma en el sector agropecuario. Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) miran de reojo la medida y advierten que el proyecto abre la puerta para un desvío discrecional de fondos desde el campo hacia los centros urbanos.
CARBAP: CAMINOS RURALES VACIADOS Y EL RECUERDO DE LA TASA VIAL
En los pasillos de la entidad que nuclea a los productores bonaerenses, el malestar es palpable. El principal foco de conflicto no es la realización de obras hídricas en sí, sino la falta de un cerrojo geográfico en la redacción de la ley.
Según dejaron trascender fuentes de CARBAP, la preocupación radica en que el texto no especifica que las obras de drenaje deben realizarse exclusivamente en las zonas productivas. “El tema es que la ley debería decir que los fondos que se desvían para hacer esas obras sean en el ámbito rural, no que vayan al ámbito urbano”, advirtieron desde la entidad.
Para el campo, esta jugada legislativa tiene un sabor amargo a déjà vu. “Lo que nos preocupa es que se le siguen sacando fondos a los caminos rurales para desviarlos a otro lado, como ya se hace con la tasa vial, que se aplica en los ámbitos urbanos y no donde corresponde. Y esto es una manera de continuar con lo mismo”, dispararon desde el sector agropecuario, exponiendo un viejo y recurrente pase de facturas con los jefes comunales.
QUÉ DICE EL PROYECTO DE VARGAS: 180 DÍAS Y EL 100% DE LOS RECURSOS
Actualmente, la ley establece que, del total recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural, el 20% vuelve a los municipios en concepto de retribución por la administración del tributo, con la condición de que se destine al mantenimiento de la red vial rural.
El proyecto de Vargas. que lleva también la firma de su compañera de bancada Silvana Ventura, rompe temporalmente ese esquema. Establece que por un plazo de 180 días (seis meses), los distritos podrán utilizar hasta el 100% de esos recursos para realizar obras críticas de drenaje pluvial, dragado de canales, reparación de alcantarillas y adquisición de equipamiento hídrico, sin diferenciar entre casco urbano y zona rural.
Durante su tratamiento, Vargas defendió la iniciativa apuntando a la prevención ante las inundaciones que suele traer El Niño. “Con este proyecto lo que buscamos es desatarle las manos a los intendentes, que conocen fuertemente cuáles son las necesidades de sus vecinos”, argumentó el senador bahiense.
Para contrarrestar las críticas sobre el abandono de los caminos, Vargas aseguró que la rigidez actual de la norma es contraproducente: “Condenar a los municipios a la rigidez burocrática de solo poder perfilar caminos de tierra cuando la red de canales se desborda es gobernar de espaldas a la cruda realidad de nuestros productores. Si no flexibilizamos con urgencia el uso de estos recursos, nuestra red vial rural desaparecerá bajo el agua”. Además, remarcó que se trata de una “facultad” y no de una obligación, dejando la decisión final en manos de cada intendente.
Ahora, el expediente deberá sortear el filtro de la Cámara de Diputados. Con la advertencia de CARBAP resonando en los despachos, habrá que ver si el consejo agropecuario logra forzar modificaciones para blindar los fondos, o si los intendentes consiguen, finalmente, esa caja excepcional para hacerle frente al agua.
