La Justicia federal de San Isidro procesó al exdiputado José Luis Espert por lavado de activos en el marco de la investigación sobre una transferencia de dinero vinculada a una empresa relacionada con Federico «Fred» Machado. La resolución incluyó un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes y una prohibición de salida del país.
La causa busca determinar el origen y el destino de los fondos transferidos y establecer si Espert tuvo participación en operaciones destinadas a introducir dinero de procedencia ilícita en el circuito legal. La investigación se centra en los movimientos financieros relacionados con Machado, quien quedó bajo la lupa judicial por sus presuntos vínculos con actividades criminales.
El procesamiento constituye un avance en el expediente, aunque no implica una condena ni determina por sí mismo la responsabilidad penal definitiva del exlegislador. La investigación deberá continuar para esclarecer las circunstancias de la transferencia y el grado de participación que pudo haber tenido cada uno de los involucrados.
El procesamiento se conoce después de que la Cámara Federal de San Martín rechazara los planteos de nulidad presentados por la defensa de Espert y dejara firme la investigación por lavado de activos. El tribunal consideró que no se acreditaron irregularidades que justificaran invalidar las medidas de prueba ni una afectación concreta de las garantías constitucionales del exdiputado.
La causa busca determinar el origen y el destino de los u$s200.000 que Espert habría recibido de una empresa de Guatemala vinculada al empresario Machado, investigado en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos.
Entre los cuestionamientos de la defensa figuraban la realización de testimonios sin notificación previa a sus abogados, la solicitud de informes patrimoniales y la incorporación de información de inteligencia y análisis de dispositivos electrónicos. Los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones concluyeron que no se había demostrado un perjuicio concreto que justificara anular esas actuaciones.
(AMBITO)
